CASANARE
Agente de tránsito de Yopal denuncia que lo quieren matar por destapar caso de corrupción
Un ataque con arma de fuego se registró la noche del martes sobre las 9:30 en el barrio La Corocora de Yopal, donde dos motorizados llegaron a la residencia del agente de tránsito Lenin Javier Lugo Zabala y arremetieron a tiros hacia la vivienda en la que se encontraba en compañía de su esposa e hijos.
Lugo Zabala manifestó que horas antes observó la presencia de dos hombres extraños en una moto RX de color vinotinto rondando el parque del barrio y preguntando por el colegio Luis Hernández Vargas, al verlos sospechosos, decidió informar a las autoridades.
Una pareja
Minutos más tarde, narra el agente de tránsito, estaba esperando la llegada de su hijo mayor quien se encontraba haciendo deporte, cuando oyó el disco del freno de una motocicleta y asumió que su descendiente había llegado; al asomarse para verificar, vio a dos personas en una moto Auteco Aglity color blanco, un hombre y una mujer de apariencia joven. Según el agente de tránsito, el hombre era el mismo que había estado horas antes merodeando el lugar junto a otro en la moto RX.
“El muchacho sin mediar palabra automáticamente desenfunda de su cintura un revólver y me hace unos 3 o 4 impactos, inmediatamente tomé mi arma de fuego con la que llevo más de 20 años por protección y nos enfrascamos en un cruce de disparos, yo le respondo entre 7 y 9 impactos, la verdad en ese momento solo traté de proteger mi integridad y la de mi familia”, expresó Lenin Javier, quien agregó que el hombre vestía una camisa blanca, jean y tenía el cabello ondulado.
¿Será por la denuncia?
Recordemos que Lenin Javier Lugo Zabala, fue quien instauró una denuncia ante la Fiscalía el 28 de enero de este año, por las motos que fueron rematadas por la Alcaldía de Yopal durante el gobierno de Leonardo Puentes para ser chatarrizadas, pero que luego fueron vendidas en un parqueadero a precios entre $120 mil y $200 mil pesos cada una, y comenzaron a rodar nuevamente en la ciudad.
En ese momento, al agente se le hizo extraño que la Personería no interviniera en este asunto, por lo que decidió investigar la situación, cuando se llevó la sorpresa que quien se quedó con el contrato de las motos fue Fredy Urrutia Herrera, quien resultó ser hermano del Personero delegado para asuntos administrativos Edwin Urrutia Herrera.
“Yo le dije a mi abogada que solicitáramos a la Personería qué actuaciones han adelantado con respecto a los rodantes que a diario se están inmovilizando en los operativos que ese están desarrollando, la gente manifiesta que las compraron en un parqueadero por valor de 120 mil o 200 mil pesos dependiendo el estado de la moto, y que les entregaron un papel donde dicen que si los paran no tienen derecho a reclamar nada. Hasta ahora la Personería no se ha pronunciado al respecto”, reitera Lugo Zabala.
Lo amedrantaron
Por este mismo tema, Lugo Zabala manifestó que en una oportunidad llegó a su casa una persona desconocida que le dijo que se quedara quieto con el tema de las motos porque iba a salir perdiendo.
“Lo que sucedió esta noche estoy seguro que el daño era atentar contra mi integridad física, en ningún momento me fueron a asustar”, afirmó Lugo Zabala, quien agregó que luego del ataque instauró la denuncia por tentativa de homicidio ante la Fiscalía, a quien puso en conocimiento que cualquier situación que le llegara a suceder a él o su familia será responsabilidad del exsecretario de Tránsito Robert Asis Hernández Cachay, del Personero delegado y su hermano.
Se espera que por medio de las cámaras de seguridad cercanas al sector se pueda reconocer a los responsables del ataque. Estas fueron las declaraciones del agente de tránsito a los medios de comunicación, al siguiente día del atentado:
EN VIVOEl agente de tránsito Lenin Javier Lugo Zabala, habla del ataque en su contra que se registró la noche anterior cuando se encontraba en su vivienda con su familia.
Posted by El Diario Del Llano on Wednesday, February 12, 2020
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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