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Adjudican a campesinos sin tierra en el Meta finca que pertenció a las Autodefensas Campesinas
Hasta 60 familias campesinas que no tenían tierra se beneficiarán de la finca Lucitania, en la vereda San Miguel del municipio de Puerto Gaitán.
El predio está ubicado sobre la vía nacional que conduce al departamento del Vichada, tiene 448 hectáreas sembradas con un cultivo de palma de aceite en producción desde 2015, fue comprado por la Agencia Nacional de Tierras-ANT a finales de diciembre del año anterior y ahora es adjudicado en parcelas de 6.5 hectáreas a cada campesino favorecido.
Lucitania hizo parte de los bienes que las extintas Autodefensas Campesinas y fue entregada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, como reparación a las víctimas del conflicto en el Meta y el Vichada. Inicialmente se agilizó entrega material en comodato provisional por un par de meses mientras se termina de parcelar el predio para titularlo de manera individual, lo cual les permite a los nuevos propietarios mantener y recibir la rentabilidad del cultivo desde el primer momento.
Los campesinos beneficiados estaban inscritos en el Registro de Sujetos de OrdenamientoRESO de la ANT, y hoy se convierten en el primer caso en Colombia de la asignación de derechos sobre un predio del Fondo de Tierras administrado por la ANT, con un valor agregado mayor por tratarse de un terreno cultivado que ya produce ganancias, logrando al mismo tiempo la adjudicación y la productividad de la tierra, todo un ejemplo de implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo de Paz que le permite al Estado colombiano la adjudicación de sus bienes fiscales patrimoniales.
El alcalde de Puerto Gaitán, Jorge Plazas, motivó a los campesinos a aprovechar esta oportunidad productiva que les ofrece la Agencia Nacional de Tierras por la importancia del cultivo de palma de aceite en la región, las grandes posibilidades para desarrollarlo, y la asesoría y acompañamiento que recibirán para su manejo y producción. Además, agradeció la gestión de la Agencia en ese municipio, que también recibió recientemente los títulos de formalización de 2.415 hectáreas para pobladores rurales que esperaron más de 10 años para ser legalmente propietarios.
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
