CASANARE
Abren proceso verbal por pérdida de recursos de “Torres del Silencio”
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y del Municipio de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.
Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.
- IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal.
- RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar.
- COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.
- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012.
- JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017.
- JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012.
- RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 – 31 de marzo de 2013
- NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015.
- SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.
- 11.RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.
- LUCÍA GAONA MARTÍNEZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.
- ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015.
- RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015.
- DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017.
Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.
Una urbanización que se convirtió en elefante blanco
La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.
Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:
Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”).
Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos.
De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad .
El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto.
Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.
La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas:
*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.
*Falta de habilitación de terrazas.
*Falta total del cierre financiero del proyecto
*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.
*Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.
*Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.
Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto
El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.
Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.
El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231).
Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.
Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.
Fuente: Contraloría General de la República
El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riego de Desastres, la Gobernación de Casanare, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía del municipio de Pajarito, avanza en su plan de acción para habilitar un carril y recuperar el corredor de la vía Sogamoso – Aguazul, que hace parte de la transversal del Cusiana.
Este viernes el director general, Juan Esteban Gil Chavarría, inspeccionó el sitio de la emergencia y los trabajos que se vienen realizando, incluso en turnos de 24 horas. Ya se han logrado remover más de 70.000 m³ de material y también se realizan terrazas en lo más alto de la montaña como parte de los trabajos para que el corredor vial pueda volver a ser usado.
Gil Chavarría, manifestó: “Ya empezamos turnos de hasta 24 horas en el sitio de la emergencia, con más de 100 personas y más de 50 máquinas trabajando con el fin de habilitar en el menor tiempo posible un carril, de manera transitoria, y poner en operación nuevamente la transversal del Cusiana, con restricciones”.
Se espera encontrar una solución definitiva a la emergencia presentada en este corredor vial y recuperar la las condiciones de movilidad de los habitantes de Boyacá y Casanare que lo utilizaban.
Fuente: INVIAS
Según Linda Barrera, elegida delegada por trámite especial para las víctimas de su municipio, la participación de toda la población juvenil del país es fundamental este domingo, “porque en los consejos que se eligen, tendrán quién los guíe y les permitirá consolidar todas sus propuestas para que no se pierdan”.
“Uno de los principales temas para trabajar es la educación porque es un derecho esencial de las víctimas y más de los jóvenes. Muchos de ellos estudian hasta secundaria y se quedan ahí por falta de recursos. Quiero apoyar los talleres tecnológicos y ser la vocera de ellos y apoyarlos en la solución de las problemáticas que tienen”, recalcó.
Cabe recordar que de acuerdo con la Ley estatutaria 1622 de 2013 (modificada por la Ley1885 de 2018), los (as) jóvenes víctimas del conflicto armado tienen una curul especial en la conformación de los Consejos municipales y locales de juventud. Esto aplica para municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, ROM, raizales de San Andrés y Providencia o en general de comunidades étnicas, y población joven víctima.
Este domingo es la elección de la mayoría de consejos de juventud en todo el territorio nacional con más de 41.000 aspirantes. Los elegidos serán interlocutores de la política pública de juventud, líderes del control político, veedores de todos los temas de juventud y sus representantes ante el Ejecutivo, el Congreso, las gobernaciones, las asambleas, los concejos y las alcaldías.
El número de elegidos en cada municipio o localidad dependerá del número de habitantes. En municipios donde la población supera 100.001 habitantes se elegirán 17 consejeros. Si los habitantes del municipio están entre 20.001 y 100.000 se elegirán 13 y en los de menos de 20.000, solo tendràn7 curules.
La Registraduría Nacional dispuso para esta jornada de 19.991 mesas de votación en los 6.058 puestos en el país y 123.096 jurados para garantizar la transparencia de la jornada. El mandato será hasta 2025 y no tendrán remuneración por su trabajo.
Fuente: Unidad para las Víctimas
Un nuevo capítulo podría generarse, dentro del proceso de moción de censura que se adelantó contra la Secretaria de Gobierno del municipio de Aguazul, el cual terminó con el voto positivo de nueve de los cabildantes.
El Procurador Regional de Casanare, Gustavo Alfredo Gómez, requirió al presidente del Concejo Municipal de Aguazul, John Villarrreal Cardona, para que de forma inmediata le informe cuál fue el trámite que se dio a la recusación presentada por la mencionada funcionaria, contra los nueve Concejales que a la postre resultaron votando positiva la moción de censura.
Ante la recusación presentada por la funcionaria contra los nueve concejales, internamente éstos decidieron no aceptarla, y remitir copia del escrito de no aceptación a la Procuraduría Regional, para que el Ministerio Público conociera del asunto.
Señala la Procuraduría, que la norma al respecto señala que “cuando se trate de recusaciones, el funcionario recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación, y vencido dicho término, la autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo”.
Cuestiona la Procuraduría, que no habiendo pasado aún los diez (10) días que tenía para pronunciarse sobre las recusaciones, los Concejales recusados siguieron adelante con el proceso de moción de censura, y terminaron votándolo cuando aún no había un pronunciamiento de fondo sobre el tema.
En virtud de esta situación, se ha requerido al Presidente del Concejo Municipal de Aguazul para que de manera inmediata informe a la Procuraduría Regioonal de Casanare, cuál fue el trámite interno que se dio en la Corporación a la recusación presentada por la Secretaria de Gobierno Cateryne Porras Martínez, contra los nueve Concejales, certificando si la recusación fue resuelta, remitiendo los soportes correspondientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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