CASANARE
Abren proceso verbal por pérdida de recursos de “Torres del Silencio”
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y del Municipio de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.
Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.
- IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal.
- RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar.
- COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.
- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012.
- JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017.
- JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012.
- RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 – 31 de marzo de 2013
- NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015.
- SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.
- 11.RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.
- LUCÍA GAONA MARTÍNEZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.
- ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015.
- RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015.
- DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017.
Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.
Una urbanización que se convirtió en elefante blanco
La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.
Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:
Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”).
Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos.
De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad .
El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto.
Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.
La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas:
*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.
*Falta de habilitación de terrazas.
*Falta total del cierre financiero del proyecto
*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.
*Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.
*Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.
Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto
El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.
Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.
El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231).
Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.
Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.
Fuente: Contraloría General de la República
El gerente del Hospital Regional de la Orinoquía, Andrés Ávila, aseguró que la crisis que hoy afecta el pago de honorarios a especialistas se debe a la cartera acumulada de $287.000 millones de pesos que adeudan las EPS, de los cuales el 52 % corresponde a Capresoca.
Según explicó, aunque el hospital factura cerca de 8.000 millones de pesos mensuales a esta entidad, recibe menos del 50 % de esos recursos, situación que ha generado retrasos en los pagos a más de 100 profesionales vinculados mediante Contratos de Prestación de Servicios (CPS). Incluso, el mes anterior el pago no alcanzó al 50% de ese valor y solo llegaron $3.600 millones.
Como consecuencia de esta situación, los nueve pediatras contratistas del centro asistencial iniciaron un cese de actividades tras completar cuatro meses sin recibir sus honorarios. Los especialistas señalaron que la falta de remuneración afecta su estabilidad económica, familiar y social, y advirtieron que la continuidad del problema podría comprometer la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en Casanare.
Los médicos indicaron que buscan una salida concertada con la administración del hospital y anunciaron una reunión para explorar alternativas que permitan normalizar los pagos y restablecer plenamente la prestación del servicio. Mientras tanto, la gerencia informó que actualmente se adeudan cerca de 5.100 millones de pesos a profesionales de distintas especialidades.
Pese a la protesta, el Hospital Regional aseguró que mantiene garantizada la atención de urgencias y los servicios prioritarios mediante un plan de contingencia apoyado por especialistas de planta. Además, confirmó que adelanta mesas de trabajo con Capresoca, Nueva EPS, Sanitas y otras entidades responsables de cartera, así como gestiones con la Gobernación de Casanare, y espera concretar durante esta semana un importante giro de recursos producto de procesos de conciliación.
El Gerente Andrés Ávila señaló que se espera esta semana además, una importante suma de parte de la Secretaría de Salud Departamental, como pago de los servicios que se prestan a la población migrante.
Una mujer identificada como Mariela Riaño Bermúdez, de 66 años, falleció luego de resultar gravemente herida con arma blanca durante un hecho de violencia ocurrido este lunes 1 de junio hacia la 1:30 de la tarde en la calle 18 con carrera 4 de Maní.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión se presentó en medio de una confrontación con su arrendador. La víctima fue trasladada inicialmente para recibir atención médica y posteriormente remitida al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO) en Yopal, donde falleció sobre las 5:30 de la tarde debido a la gravedad de las lesiones.
La rápida reacción de la Policía permitió la captura de Germán Antonio Gaitán, de 70 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión.
Las autoridades informaron además que el capturado registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de violencia intrafamiliar. Los actos urgentes y la investigación del caso fueron asumidos por unidades de la SIJIN.
CASANARE
Próximamente Yopal estará bajo vigilancia inteligente, con cámaras que reconocen rostros y placas
Las ciudades que están apostando por sistemas modernos de videovigilancia ya no solo “graban lo que pasa”. Hoy, las nuevas cámaras equipadas con inteligencia artificial pueden identificar rostros, reconocer placas de vehículos en segundos y generar alertas automáticas para apoyar la reacción de las autoridades. Expertos en seguridad coinciden en que esta tecnología se está convirtiendo en una de las herramientas más fuertes para combatir delitos urbanos, mejorar la capacidad de respuesta policial y fortalecer la investigación judicial.
Esa es la apuesta que está estructurando la Gobernación de Casanare para la ciudad de Yopal, un moderno sistema de videovigilancia que incluye cámaras de última tecnología, acompañado de un Centro de Monitoreo que consta de sala especial para realizar reuniones de Puesto de Mando Unificado PMU, Sala de Crisis, Sala de Pausas Activas y recuperación para el personal que estará frente a las cámaras, y otros espacios, que lo convierten en el más moderno de Colombia en este tipo.
¿Para qué sirve el reconocimiento facial?
El reconocimiento facial permite detectar y comparar rostros captados en espacios públicos con bases de datos autorizadas por las autoridades. Esto facilita la ubicación de personas buscadas por la justicia, desaparecidos o sospechosos vinculados a investigaciones. Sistemas de este tipo ya funcionan en ciudades de América Latina y Europa, donde han sido usados para identificar prófugos y apoyar operativos de captura en estaciones, avenidas y terminales de transporte.
¿Para qué sirve el reconocimiento de placas?
Por otro lado, la lectura automática de placas vehiculares, conocida como tecnología LPR o ANPR, permite identificar vehículos en movimiento incluso a altas velocidades, registrar horarios de ingreso y salida, generar trazabilidad de rutas y emitir alertas cuando aparece un automóvil reportado como robado o relacionado con actividades criminales.
En términos prácticos, ¿Qué le garantiza esto al ciudadano? Principalmente tres cosas: mayor capacidad de prevención, reacción más rápida y mejores investigaciones. La presencia de cámaras inteligentes suele generar un efecto disuasivo sobre delitos como hurto, vandalismo, extorsión o atraco. Además, cuando ocurre un hecho delictivo, las autoridades pueden reconstruir recorridos de vehículos o movimientos de personas en cuestión de minutos, algo que antes podía tardar días.
Estas herramientas también permiten adelantar procedimientos como:
- Seguimiento en tiempo real de vehículos sospechosos
- Identificación de motocicletas o carros usados en hurtos
- Reconstrucción de rutas de fuga
- Control de acceso a zonas restringidas
- Búsqueda forense de imágenes tras un crimen
- Detección de personas con requerimientos judiciales
- Monitoreo de puntos críticos de microtráfico o vandalismo
- Verificación de incidentes de tránsito y apoyo a investigaciones judiciales
Otro punto clave es la integración. Los sistemas más modernos no funcionan de manera aislada: conectan cámaras, centros de monitoreo, bases de datos, drones y patrullas policiales en una sola plataforma. Esto convierte la videovigilancia en un “multiplicador de fuerza” para la Policía, permitiendo cubrir más territorio sin aumentar proporcionalmente el número de uniformados.
Sin embargo, la implementación de esta tecnología también abre debates sobre privacidad y protección de datos personales. Organizaciones civiles y expertos han advertido que el reconocimiento facial debe operar bajo estrictos controles legales, protocolos de uso y supervisión judicial para evitar abusos o seguimientos indebidos a ciudadanos.
Aun así, en ciudades donde la delincuencia se mueve cada vez más rápido y utiliza vehículos para cometer delitos, las cámaras inteligentes están dejando de ser un lujo tecnológico para convertirse en una herramienta estratégica de seguridad urbana. La diferencia ya no está solamente en tener cámaras, sino en contar con sistemas capaces de analizar, identificar y reaccionar en tiempo real.
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