CASANARE
Abren proceso verbal por pérdida de recursos de “Torres del Silencio”
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y del Municipio de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.
Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.
- IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal.
- RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar.
- COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.
- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012.
- JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017.
- JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012.
- RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 – 31 de marzo de 2013
- NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015.
- SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.
- 11.RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.
- LUCÍA GAONA MARTÍNEZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.
- ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015.
- RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015.
- DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017.
Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.
Una urbanización que se convirtió en elefante blanco
La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.
Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:
Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”).
Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos.
De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad .
El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto.
Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.
La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas:
*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.
*Falta de habilitación de terrazas.
*Falta total del cierre financiero del proyecto
*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.
*Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.
*Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.
Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto
El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.
Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.
El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231).
Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.
Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.
Fuente: Contraloría General de la República
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Villanueva la tarde del domingo 22 de marzo, cuando un hombre fue asesinado con arma de fuego al interior de un establecimiento público ubicado en el centro de la localidad, en la carrera 9 entre calles 10 y 11.
La víctima fue identificada como Joselito Acosta Bonilla, quien, según información preliminar, permanecía desde horas del día consumiendo bebidas embriagantes en un bar del sector. Testigos indicaron que el hombre se encontraba dormido debido a su estado de embriaguez cuando un sujeto que portaba casco ingresó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.
De acuerdo con el reporte oficial, el occiso recibió al menos dos impactos de arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del sitio a bordo de una motocicleta sin ser identificado.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Se conoció además que la víctima registraba un antecedente en el SPOA como indiciado por el delito de lesiones en el año 2015 y, al parecer, se desempeñaba en oficios varios en el sector arrocero de la región.
En preparación para la Semana Santa, que inicia este domingo 29 de marzo, la Gobernación de Casanare, en articulación con Corporinoquia, impulsa la jornada ambiental “En Semana Santa, la tierra renace”, una iniciativa orientada a promover la siembra de especies nativas en los 19 municipios y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.
Como parte de esta estrategia, Corporinoquia donó 19.000 plántulas de especies nativas a la Gobernación, material vegetal que será distribuido en los municipios. La programación contempla su entrega durante el Domingo de Ramos en las iglesias, así como su uso en jornadas de plantación durante la semana mayor, con el fin de ofrecer alternativas que reduzcan el uso de la palma de cera y la palma de areca, especies tradicionalmente utilizadas en esta celebración.
La iniciativa busca aportar a la restauración de áreas degradadas, la conservación de los ecosistemas y la disminución de los efectos de la deforestación. También apunta a fortalecer la conciencia ecológica en niños, jóvenes y familias, mediante acciones que promuevan la protección de la flora nativa y la recuperación ambiental.
El secretario de Agricultura de Casanare, Alexi Duarte, señaló que esta estrategia invita a la comunidad a sembrar árboles y a cuidar los ecosistemas estratégicos, en un contexto en el que el departamento ha enfrentado incendios forestales. Indicó que las plántulas serán entregadas en los 19 municipios, principalmente en iglesias, con el propósito de incentivar la participación ciudadana y promover una mayor responsabilidad frente al cuidado ambiental.
Agregó que el equipo de profesionales de la Secretaría de Agricultura acompañará las jornadas en diferentes municipios, brindando orientación técnica y promoviendo la siembra como una práctica colectiva.
Por su parte, Alfonso Cárdenas, director de Planeación Departamental, destacó la articulación con Corporinoquia y el alcance de estas acciones para generar mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Resaltó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo que integre la protección ambiental, reconociendo que es el único entorno que garantiza la vida de las actuales y futuras generaciones.
En preparación para las elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el próximo 26 de abril, la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, lideró la segunda mesa de Coordinación Electoral y Consejo de Seguridad, con el objetivo de garantizar el orden público y la transparencia del proceso.
La jornada se desarrolló en cumplimiento de los mandatos legales y bajo el principio de coordinación administrativa establecido en la Ley 2200 de 2022, en concordancia con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fortaleciendo la articulación entre las entidades involucradas.
El encuentro contó con la participación de representantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles y el acompañamiento del Ministerio del Interior, lo que permitió consolidar una hoja de ruta en el marco del Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2615 de 1991, orientada a mitigar riesgos y brindar garantías al proceso.
Durante la sesión se resaltó la importancia de este ejercicio democrático, en el que participarán cerca de 1.100 veredas del departamento, donde las comunidades elegirán a sus representantes comunales, impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento organizativo.
El secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, afirmó que se avanza en la garantía de condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, legalidad y confianza, promoviendo la participación democrática.
Finalmente, la articulación institucional permitirá definir estrategias de prevención, control y vigilancia orientadas a garantizar el desarrollo de la jornada electoral en condiciones de seguridad y legalidad, mediante un trabajo coordinado entre la Gobernación, las autoridades y el Gobierno nacional para asegurar elecciones en paz y con plenas garantías para los casanareños.
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