CASANARE
Abren proceso verbal por pérdida de recursos de “Torres del Silencio”
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y del Municipio de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.
Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.
- IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal.
- RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar.
- COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.
- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012.
- JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017.
- JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012.
- RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 – 31 de marzo de 2013
- NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015.
- SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.
- 11.RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.
- LUCÍA GAONA MARTÍNEZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.
- ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015.
- RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015.
- DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017.
Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.
Una urbanización que se convirtió en elefante blanco
La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.
Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:
Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”).
Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos.
De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad .
El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto.
Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.
La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas:
*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.
*Falta de habilitación de terrazas.
*Falta total del cierre financiero del proyecto
*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.
*Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.
*Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.
Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto
El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.
Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.
El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231).
Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.
Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
Brutal caso de violencia intrafamiliar en Yopal dejó cuatro personas heridas y un capturado con pronóstico reservado
Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrido la noche del pasado jueves 11 de junio en el barrio El Portal de Yopal estuvo a punto de desencadenar una tragedia de mayores proporciones. Según información preliminar, un hombre que habría llegado a su vivienda en aparente estado de embriaguez inició una fuerte discusión con su compañera sentimental, a quien presuntamente agredió física y verbalmente frente a sus hijos, hijastros del hombre.
De acuerdo con el reporte conocido, los hijos de la mujer intervinieron para defenderla, momento en el que el presunto agresor tomó armas blancas e hirió a un hijastro de 26 años y a una hijastra de 22 años. En medio de la confrontación, los familiares habrían reaccionado para repeler el ataque, ocasionándole varias lesiones en la cabeza al hombre con una varilla, quien posteriormente debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece con pronóstico reservado.
La situación escaló aún más cuando el sujeto, al verse golpeado, tomó un machete y persiguió a las víctimas hasta una vía principal cercana, donde habría lesionado a una joven que se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento comercial y que, según las versiones recopiladas, no tenía relación directa con la disputa familiar.
La oportuna intervención de la Policía permitió controlar la situación y capturar al presunto agresor por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente este violento hecho que dejó cuatro personas lesionadas y que, de no haber sido atendido a tiempo, pudo terminar en una tragedia con consecuencias mucho más graves.
Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas y autores del ataque sicarial ocurrido el pasado domingo en horas de la noche en el municipio de Maní, donde resultó muerta una mujer identificada como Jeinys Soraida Sánchez Vargas, además de resultar heridos José Yesmer Cano Gutiérrez y una menor de 07 meses.
Según el reporte policial, los se presentaron pasadas las 8:00 pm, cuando las víctimas se transportaban en una motocicleta por una calle del barrio El Progreso, siendo abordados por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta NKD, vestidos con overoles amarillos, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.
Aunque en medio de la confusión, inicialmente se habló de la posterior muerte de Cano Gutiérrez, el reporte policial señala que el hombre sobrevivió al ataque, y junto con la bebé de 7 meses fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquía para recibir atención médica. Del hombre se conoce que se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos. La menor fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable en observación.
Dentro de los actos urgentes, se encontró que José Yesmer Cano Gutiérrez estuvo relacionado en épocas anteriores, con un caso de carneo ilegal de ganado, sin embargo, las autoridades no han dado a conocer ninguna hipótesis de este nuevo hecho de sangre.
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, lideró la segunda sesión ordinaria del Comité Operativo de Habitante de Calle, un espacio de articulación interinstitucional en el que se realizó seguimiento a las acciones contempladas en el plan de acción y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades que integran esta instancia.
Durante la jornada se evaluó la ejecución de las actividades con corte al 31 de mayo, identificando avances y estableciendo nuevos compromisos para fortalecer la atención integral a la población habitante de calle y en riesgo de habitarla.
La secretaria de Desarrollo Social, Ziomara Abril, destacó la importancia de este ejercicio de seguimiento para garantizar una respuesta institucional articulada. “El trabajo conjunto entre las entidades nos permite identificar avances, fortalecer las acciones que venimos desarrollando y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población habitante de calle. Cada compromiso asumido representa una oportunidad para garantizar sus derechos y avanzar hacia una atención más integral y efectiva”, afirmó.
Entre los compromisos definidos se encuentra el trabajo conjunto con las dependencias responsables para resolver aspectos relacionados con la ejecución presupuestal, el fortalecimiento de la planeación de las acciones previstas y la articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para avanzar en el proceso de identificación y conformación de la Red de Apoyo para Habitantes de Calle, iniciativa que será liderada por el Ministerio Público.
De igual manera, durante la sesión se revisó la Ruta de Atención para Personas Habitantes de Calle que presenten conductas disruptivas o cuya situación sea reportada por la comunidad. En estos casos, las entidades competentes coordinarán el acompañamiento necesario para su traslado y atención, así como la activación de los procedimientos correspondientes cuando se trate de personas que no pertenezcan al municipio.
A través del Programa Habitante de Calle, la Secretaría de Desarrollo Social continúa liderando acciones de prevención, atención, acompañamiento y articulación institucional, promoviendo estrategias que permitan garantizar los derechos de esta población y fortalecer los mecanismos de respuesta frente a las diferentes situaciones que se presentan en el territorio.
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