CASANARE
Abren proceso verbal por pérdida de recursos de “Torres del Silencio”
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos del Departamento de Casanare y del Municipio de Yopal, con ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, en el municipio de Yopal.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.
Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra:
- OSCAR RAUL IVÁN FLÓREZ CHÁVEZ, quien se desempeñó como Gobernador titular del Departamento de Casanare desde el 1 de enero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011.
- IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, en su calidad de COGESTOR del convenio No. 0001 de 2011 y constructor del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio en el municipio de Yopal.
- RODRIGO FLECHAS RAMÍREZ, director de Contratación del Departamento de Casanare. Delegado para contratar.
- COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, hoy COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”, que ejerció la Interventoría para el período que va del 7 de enero de 2011 al 4 de agosto de 2012.
- DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO LTDA, hoy DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DIARCO S.A.S., Supervisor para el período 24 de agosto de 2011 al 7 de junio de 2012.
- JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ, interventor para el período 28 de mayo de 2013 al 28 de agosto de 2017.
- JENNY CONSUELO BARRERA ROLDÁN, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisora para el período 10 de junio de 2011 al 1 de enero de 2012.
- RENSO DANIEL HUESA SANA, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 2 de enero de 2012 – 31 de marzo de 2013
- NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, Gerente del IDURY para el período 30/ene/2009 – 31/dic/2011 y Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare, Supervisora para el período 21 de junio de 2013 – 31 de diciembre de 2015.
- SANDRA LORENA CRUZ QUINTERO, Asesor Código 105 grado 02 del Grupo Gestor Desarrollo Planes y Programas de Vivienda del Departamento de Casanare. Supervisor para el período 4 de enero de 2016 – 29 de enero de 2019.
- 11.RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quien aprobó la licencia de construcción y urbanismo.
- LUCÍA GAONA MARTÍNEZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, quien aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.
- ALEXANDER CORTÉS MEDINA, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 2 de enero de 2012 -5 de abril de 2015.
- RAFAEL NAYIB FONSECA SAAD Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el período: 8 de abril de 2015 – 31 de diciembre de 2015.
- DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS, Gerente del INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY- ahora INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL -INDEV, durante el Período 1 de enero de 2016 – 15 de junio de 2017.
Se fijó como fecha para instalar la audiencia de descargos el 17 de noviembre de 2021.
Una urbanización que se convirtió en elefante blanco
La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006. De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.
Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DE YOPAL – IDURY-, y el constructor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:
Los estudios y diseños aportados por el constructor IADER BARRIOS HERNANDEZ, fueron la base para la aprobación de la licencia de urbanismo y construcción por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Yopal, su prórroga y revalidación; así como para su aprobación por parte de la primera interventoría (COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA “CREER EN LO NUESTRO”).
Estos estudios y diseños sirvieron de base para la construcción de las torres de apartamentos.
De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad .
El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. Existen varios aspectos del diseño que no están conforme a la NSR10, por lo tanto, debido a que el constructor siguió estos diseños y que los mismos fueron aprobados por la interventoría con esas deficiencias, no se garantiza el cumplimiento de las especificaciones mínimas de construcción y la calidad de la estructura de concreto.
Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.
La falta de planeación se ve reflejada en las justificaciones para suspender el convenio de cogestión, entre ellas:
*Falta de disponibilidad total de los servicios públicos.
*Falta de habilitación de terrazas.
*Falta total del cierre financiero del proyecto
*Vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría.
*Falta de ejecución de las obras de urbanismo, redes eléctricas y terminación del sistema de acueducto.
*Y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.
Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto
El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.
Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.
El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($15.798.033.231).
Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento por parte del Cogestor IADER WILHELM BARRIOS HERNÁNDEZ, fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.
Se tiene entonces que luego de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo muchas deficiencias por temas de calidad, sin contar con los aspectos administrativos, jurídicos, financieros que contribuyeron en la no culminación de la obra.
Fuente: Contraloría General de la República
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces intendente de la Policía y jefe del cuadrante vial No. 3 Araguaney de la Seccional de Tránsito y Transporte de Casanare, Geiler Camacho Molano y el patrullero Emmanuel Iván Silva Rodríguez (2021), por la muerte del joven Johan Sebastián Ortega, de 20 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto con su compañera, por la vía Yopal – Paz de Ariporo.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2021, en el kilómetro 25 de la citada vía. Allí, tras una persecución policial el intendente Camacho Molano habría disparado su arma de fuego de dotación oficial contra el ciudadano causándole una grave herida en el cuello que le produjo instantes después la muerte.
Advierte el Ministerio Público que la acción se habría producido por el hecho de no atender de manera inmediata el llamado que se le hizo para detener la motocicleta, razón que no se constituía, a juicio de la Procuraduría, razón válida para dispararle.
El Ministerio Público también cuestionó la conducta del patrullero Silva Rodríguez, quien, al parecer, sin justa causa, no habría auxiliado al joven que resultó gravemente herido por el disparo que le propinó el intendente Molano.
De acuerdo con las pruebas recaudadas el investigado no lo habría trasladado de manera inmediata, pese a contar con el vehículo policial para hacerlo y, una vez decidió transportarlo, se detuvo en dos oportunidades perdiendo tiempo valioso para la atención médica que requería el ciudadano, quien ingresó al Hospital Regional de la Orinoquia sin signos vitales.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta de los uniformados como falta gravísima a título de dolo.
¿Cómo fueron los hechos?
Como se recuerda en este caso que causó conmoción en Casanare, los dos jóvenes se desplazaban en motocicleta hacia una finca y pararon antes del retén, como lo narró en su momento Jenny Carolina Prieto, la mujer que acompañaba a la víctima mortal, al momento de los hechos, quien narró pormenorizadamente cómo fueron los mismos, lanzando graves acusaciones contra la Policía Nacional, señalando además que nada de lo que se les acusa es cierto, y que al joven le dispararon a quemarropa luego de una persecución policial. Este fue el relato de la joven, para la época de los hechos.
CASANARE
Yopal refuerza detección temprana del VIH y búsqueda activa, este año se han registrado 7 casos
El municipio de Yopal ha fortalecido significativamente sus estrategias de detección temprana y atención integral del VIH en los últimos años. Esto se ha logrado mediante la ampliación de la búsqueda activa institucional y el incremento de tamizajes en los servicios de salud.
Según el seguimiento epidemiológico de la Secretaría de Salud Municipal, en 2024 se notificaron 90 casos, en 2025 la cifra fue de 100 y, en lo corrido de 2026, se han registrado 7 casos. Las autoridades sanitarias atribuyen este incremento, en parte, al fortalecimiento de las acciones de detección, que permiten identificar y vincular oportunamente a las personas a tratamiento.
Las medidas implementadas incluyen la expansión de pruebas diagnósticas en diversos puntos de atención, el desarrollo de jornadas de sensibilización y una estrecha articulación con los prestadores de servicios de salud. Esto asegura un seguimiento clínico adecuado y el acceso a una atención integral para quienes lo necesitan.
Se enfatiza que un diagnóstico temprano es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, reducir significativamente el riesgo de transmisión del virus y asegurar el inicio oportuno de los tratamientos, lo que contribuye a controlar la propagación.
Finalmente, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad mantener prácticas de autocuidado, como el uso constante de preservativos en todas las relaciones sexuales, realizarse la prueba de VIH periódicamente y acudir a los servicios de salud ante cualquier inquietud o síntoma, promoviendo la prevención activa.
La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud Municipal de Yopal realizaron una jornada de caracterización y revisión de historias clínicas en el corregimiento de San Rafael de Morichal, dirigida a personas con discapacidad. Esta iniciativa busca expedir el Certificado de Discapacidad sin necesidad de que los ciudadanos se trasladen al casco urbano.
Un equipo interdisciplinario de la Administración Municipal llevó directamente al territorio este proceso, evitando que los habitantes de la zona rural deban incurrir en gastos y dificultades de desplazamiento para realizar el trámite esencial para el reconocimiento de su condición.
El Certificado de Discapacidad es un documento fundamental que identifica y caracteriza la condición de la persona mediante una valoración clínica multidisciplinaria. Esto permite reconocer sus necesidades y orientar de forma diferenciada las intervenciones institucionales en salud y atención social, fortaleciendo la planeación de estrategias.
La secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández, enfatizó que estas jornadas facilitan el acceso a los servicios en áreas donde los traslados son complejos. Señaló que la administración está “acercando la oferta institucional a las comunidades”, y el programa de Discapacidad adelanta una búsqueda activa para consolidar información que permita una atención diferencial y oportuna.
El proceso contó con el acompañamiento activo de la Secretaría de Salud Municipal, que se encargó de la revisión de las historias clínicas. Esto fue crucial para la valoración multidisciplinaria necesaria para acceder al Certificado de Discapacidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos vigentes.
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