CASANARE
A punto de irse, Alcalde de Yopal quiere cheque en blanco para contratar obras del río Cravo
El Concejo de Yopal devolvió el Decreto 139 del 17 de agosto de 2017, por medio del cual la Alcaldía Municipal convocó a la Corporación a sesiones extraordinarias, para tramitar la autorización de utilizar vigencias futuras de los próximos años para atender la calamidad pública y realizar obras en el río Cravo Sur.
La devolución se dio en razón a que la citación se realizó con un día de anterioridad al periodo en que deben instalarse las sesiones extraordinarias, y éste debe ser notificado con tres días de antelación a la fecha de instalación, según el reglamento del Concejo.
Además, el Decreto convoca a sesiones extraordinarias por el término de quince (15) días en el periodo establecido entre el 23 de agosto y el 12 de septiembre, lo que resulta contradictorio, pues al verificar dicho periodo en el calendario, se evidencia que corresponde a veintiún días.
De conformidad con lo regulado en el Reglamento Interno del Concejo, el ritual legal establecido para que una iniciativa pueda convertirse en Acuerdo Municipal, se requiere de un periodo de veintiún días (calendario).
Dice el Concejo Municipal en el oficio de devolución del Decreto, que en el mismo deberá precisarse y aclararse, además, el tiempo de duración de las sesiones y los asuntos que debe ocuparse.
Así las cosas, la Administración Municipal deberá adecuar legalmente el mencionado Decreto, que pretende citar a sesiones extraordinarias con el fin de que del Concejo de Yopal estudie y tramite el proyecto de Acuerdo por medio del cual “se autorizan modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión de la vigencia 2017 y se autoriza al alcalde adquirir compromisos con cargo a vigencias futuras”.
Una vez se conoció el Decreto de Convocatoria a sesiones extraordinarias para que se autorice al Alcalde JJ Torres a asumir compromisos con cargo a vigencias de los años 2018 y 2019 por millonarios recursos con la excusa de atender la emergencia del río Cravo Sur, para lo cual se decretó la calamidad pública el pasado 21 de julio, no se hicieron esperar las voces de rechazo a tal iniciativa por parte de la comunidad, considerando que ante la situación jurídica del Alcalde no debe darse ese trámite por parte del Concejo de Yopal, menos cuando la contratación para tal fin se daría de manera directa, estando a punto de irse.
DECRETO-CITACIÓN-EXTRAORDINARIAS.pdf
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
