CASANARE
A prisión sujetos señalados por hurtos cometidos en Casanare
La Fiscalía Seccional, en coordinación con la Policía Nacional, desarrolló una cruzada contra el delito de hurto en Casanare mediante la cual se logró la judicialización de cinco hombres quienes serían los presuntos responsables de esta conducta punible en varios municipios del departamento.
Los capturados
En un primer caso, el pasado 23 de agosto fue capturado en flagrancia en el barrio El Gaván de Yopal (Casanare) Neider José Correa Contreras, en momentos en que al parecer hurtaba un juego de herramientas, un taladro, una pulidora y un multímetro entre otros elementos que superan los tres millones de pesos.
Un fiscal lo imputó por el delito de hurto calificado en grado de tentativa, cargos que no aceptó. El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y lo envió a la cárcel.
Otro caso se presentó en el barrio El Centro del municipio de Maní (Casanare), el pasado 24 de agosto, cuando fue capturado en flagrancia Ulises Otaya Narváez cuando al parecer intentó apropiarse en un almacén de algunas de vestir prendas avaluada en 600.000 pesos. Al parecer, sería el responsable de otro hurto en el mismo establecimiento el día 19 de julio del presente año.
El pasado 25 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías y lo imputó por los delitos de hurto agravado con circunstancias de mayor punibilidad por antecedentes. El imputado, que no aceptó los cargos y fue enviado a prisión.
De otro lado, Yhon Steven Chaparro Pérez fue capturado en flagrancia el pasado 24 de agosto en un céntrico sector de Yopal, momentos después de que, al parecer, hurtara unas llantas para motocicleta que estaban exhibidas en la parte externa de un almacén. El 25 de agosto un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y legalizó su captura y determinó su internamiento carcelario. Chaparro Pérez fue imputado por el delito de hurto calificado, cargo que no aceptó.
Así mismo, Wilfran Díaz Sierra, quien el pasado 9 de agosto fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional luego de que, presuntamente, ingresara y hurtara un celular en un establecimiento comercial. Fue presentado ante un juez de Aguazul, quien atendió la solicitud de la Fiscalía que lo imputó por el delito de hurto, al que no se allanó, y legalizó su captura y lo envió a una cárcel.
Un caso más se registró el pasado 15 de agosto, cuando Sergio Iván Hidalgo Berdugo fue retenido por los habitantes del sector luego de que, presuntamente, le hurtara un celular a un ciudadano. El 17 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de hurto calificado en grado de tentativa, que no aceptó. Un juez legalizó su captura y decidió dictar medida de aseguramiento consistente en detención carcelaria.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
