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A prisión presuntos extorsionistas de empresario de la construcción en Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, dos hombres fueron privados de la libertad por presuntamente estar implicados en delitos contra la seguridad ciudadana.
Se trata de Édgar Ramiro Mateus Toquica; de 46 años; y Pedro Romero, de 55, quienes serían responsables de realizar exigencias económicas ilegales al dueño de un lote en el que se buscaba desarrollar un proyecto urbanístico.
Según la Fiscalía, los capturados habrían exigido a la víctima el pago de 300 millones de pesos; además de la entrega de la titularidad de 20 lotes avaluados en 600 millones de pesos; so pena de atentar contra la víctima, su familia y empleados.
La investigación reveló que los capturados serían los responsables de lanzar el pasado 8 de noviembre un artefacto incendiario a uno de los terrenos; y de atentar contra la vida de un vigilante del lugar, víctima de varios disparos.
Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados se identificaban como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, como una manera de sembrar terror en la víctima.
Las dos personas fueron capturadas por investigadores del CTI de la Fiscalía y Militares del Grupo Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional cuando, al parecer, iban a recibir dinero producto de una extorsión; al igual que títulos de los mencionados terrenos.
Durante estos procedimientos fueron incautados dos millones de pesos, una motocicleta, dos celulares, una pistola traumática, un contrato de compraventa de los terrenos y un recibo de paz y salvo con membrete de las AUC.
La Fiscalía imputó a Mateus Toquica y Romero los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y tentativa de homicidio. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados y por decisión del juez del caso el primer judicializado fue cobijado con detención intramural; el segundo, con domiciliaria.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
