Un llamado a la Línea de Fauna de Cormacarena (3214820327) alertó sobre la presencia de un ocelote (Leopardus pardalis) herido, a tan solo 500 metros de la entrada de la vereda La Llanerita, sobre la vía que comunica la ciudad de Villavicencio con el municipio de Puerto Lopéz.

De inmediato, la unidad de rescate de la corporación se desplazó hasta el lugar, donde se encontró al felino inconsciente y con signos evidentes de trauma. En la valoración inicial se detectaron múltiples laceraciones, concluyendo que había sido víctima de un atropellamiento.

El ocelote fue trasladado de emergencia a la clínica veterinaria Solo Patas para ser estabilizado y posteriormente,  realizarle exámenes paraclínicos y una radiografía, en la cual se descartaron hemorragias y lesiones en órganos internos como los pulmones y el abdomen. Se confirmó un trauma craneoencefálico y una fractura en la parte lateral del rostro producto del impacto. Actualmente, el ocelote se encuentra hospitalizado bajo observación médica, con pronóstico reservado y signos de mejoría. Una vez el ejemplar se recupere podrá ser liberado en su hábitat natural.

Esta especie es clave en los ecosistemas del departamento del Meta. Como depredador de mediano tamaño, regula poblaciones de pequeños mamíferos, aves y reptiles, contribuyendo al equilibrio ecológico. Su presencia también es un indicador de la salud ambiental de las áreas boscosas y sabanas de la región. Por ello, su pérdida o disminución representa una amenaza directa para la biodiversidad local. Cada ejemplar herido o muerto por causas antrópicas, como el atropellamiento, afecta negativamente a la cadena alimentaria y a la conservación del territorio.

Se recuerda a la comunidad la importancia de reducir la velocidad en las vías principales, ya que la fauna silvestre transita constantemente por estos sectores en busca de agua y alimento. Su seguridad depende del comportamiento responsable de los conductores.

Fuente: Prensa Cormacarena

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Miriam Moreno Casallas y Yimy Anyerson Cruz Acosta, por su responsabilidad en el delito de fabricación de billetes nacionales falsos, en Villavicencio.

Durante diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional en cuatro inmuebles ubicados en los barrios La Nohora, El Brillante, Cámbulos y Charrascal, se hicieron efectivas las capturas contra estas personas.

Un fiscal especializado de la Seccional Meta les imputó los delitos de tráfico de moneda falsificada; tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda; enriquecimiento ilícito; y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados.

En los operativos se encontraron 42.925.000 pesos verdaderos, los cuales serían producto de la actividad ilícita, además de 389.225.000 pesos falsos, en billetes de diferentes denominaciones, cada una de ellas con la misma serie.

Se evidenció que para no levantar sospechas, los procesados, al parecer, tenían distribuidos los elementos para la fabricación del dinero falso en diferentes predios.

Después de la elaboración del dinero falsificado, presuntamente lo enviaban, a través de empresas de mensajería, a Bucaramanga, San Gil, Girón y Piedecuesta (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander).

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsable a Leonardo Javier Baquero García, en su condición de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, por utilizar recursos públicos para contratar con empresas con las cuales existía un conflicto de intereses.

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó las denuncias que en su momento hicieron integrantes de la junta directiva de la corporación, quienes indicaron que en enero de 2019 el disciplinado omitió la destinación que legalmente podía darle al dinero.

El Ministerio Público señaló que por su rol como ordenador del gasto el entonces presidente no tuvo en cuenta lo pactado entre la entidad que lideraba y la secretaría de Víctimas de la Gobernación del Meta en lo relacionado con los recursos que debía administrar.

Por estos hechos, la Procuraduría le impuso una sanción de multa que fijó de manera definitiva en 30 salarios legales mínimos vigentes para la época de comisión de los hechos, y calificó la falta disciplinaria en que incurrió como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Procuraduría General de la Nación