META
A prisión implicados en la muerte de tres personas en Puerto Gaitán y Villavicencio
Por solicitud de dos fiscales la Seccional Meta, jueces de control de garantías en Villavicencio aseguraron con detención intramuros a Eito Domingo Araza Villadiego, Luis Jesús Benítez Murillo, Leonardo Ibarra Chávez, Oscar James Castro Reboyero e Iván Antonio Larrahondo Pallares, presuntamente, implicados en la muerte de tres personas; en hechos ocurridos de manera aislada.
Los hechos investigados ocurrieron en enero, febrero y abril del presente año en los municipios de Puerto Gaitán y Villavicencio (Meta).
- El primer caso sucedió el 18 de enero en el barrio El Bambú de Villavicencio (Meta) donde, al parecer, Ibarra, Castro y Larrahondo le habrían hurtado a Sebastián Pradilla, de 26 años, una cadena; además de dispararle en el cuello lo que le causó la muerte. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas.
- El segundo hecho se presentó el pasado 17 de febrero cuando, al parecer, Luis Jesús Benítez Murillo agredió con arma cortopunzante a un hombre, al parecer, bajo el influjo de sustancias alucinógenas en el barrio El Porvenir de la capital del Meta. En este caso la Fiscalía imputó al procesado el delito de homicidio agravado contra el detenido.
Finalmente, el pasado 25 de abril en el sector conocido como La Invasión en Puerto Gaitán, al parecer, Eito Domingo Araza Villadiego le disparó a Carlos Arturo García Buitrago, de 19 años, cuando lo encontró. A pesar de que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, la gravedad de las heridas le produjeron la muerte. El supuesto responsable fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal.
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial por investigadores del CTI de la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos imputados en las audiencias concentradas.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
