REGIÓN
A prisión implicados en el hurto de hidrocarburos en Casanare y Boyacá
Autoridades pusieron en evidencia a una red ilegal señalada de apoderarse ilegalmente de gasolina, ACPM, Gas Licuado del Petróleo (GPL), y comercializarlos a gran escala en distintos puntos del país.
En diligencias realizadas de manera simultánea en Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare); y en Duitama y Sogamoso (Boyacá), fueron capturados nueve posibles integrantes de esta organización. En los procedimientos se incautaron 3.638 galones de ACPM, dos automotores y marihuana.
Estas personas cumplirían roles específicos e intervendrían en diferentes eslabones de la cadena criminal. Algunos, al parecer, usaban como fachada parqueaderos, montallantas y lugares de hospedaje en Casanare, donde ejecutaban maniobras de extracción del hidrocarburo que era transportado por vehículos cisterna autorizados por las compañías petroleras para mover crudo y derivados.
Otros, presuntamente, se dedicaban a sustraer el GPL de los carrotanques acreditados para movilizar este combustible y lo trasladaban a carros de menor capacidad para distribuirlo.
En cualquiera de estas dos modalidades, la organización habría comercializado los hidrocarburos obtenidos ilícitamente y los enviaba a departamentos de la Costa Atlántica, del oriente y centro del país. Para este propósito tendría a su disposición a un grupo de conductores de carga encargado de hacer las entregas.
Durante los últimos nueve meses se realizaron 11 incautaciones distintas a esta estructura. En una de las diligencias uno de los transportadores ofreció 12 millones de pesos a las unidades de tránsito para intentar evitar su detención.
Los nueve capturados son:
- Jennifer Andrea Cabal Navas, alias de Amparo, quien sería la encargada de la logística y la contratación de los conductores de los vehículos cisterna.
- Rubiela Jiménez Triana, señalada de acordar el cruce ilícito de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en horas de la noche, en un montallantas que administraba en Monterrey (Casanare).
- Rafael Antonio Vargas Martínez, conocido como ‘El Papas’ o ‘Papapicha’, encargado de un parqueadero y montallantas en Aguazul (Casanare), donde se habrían realizado maniobras de apoderamiento de combustibles.
- Orfa Cecilia Naranjo Cano y su esposo Edgar Jesús García Rodríguez, presuntos responsables de contratar personal para el descargue y almacenamiento de los hidrocarburos, y concretar la comercialización.
- Fernando Bernabé León Moreno, alias Yampier; John Albert Trujillo, Argemiro Díaz Prieto y Luis Eduardo Manrique Mendivielso, conductores.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputo a estas personas los delitos de concierto para delinquir; y apoderamiento de hidrocarburos, biocombustibles o mezclas que los contengan. Adicionalmente, a Jennyfer Andrea Cabal Navas se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y a alias Yampier el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
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Ministerio de Transporte suspende cobro de peaje en San Luis de Gaceno por dos meses
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