REGIÓN
A prisión implicados en el hurto de hidrocarburos en Casanare y Boyacá
Autoridades pusieron en evidencia a una red ilegal señalada de apoderarse ilegalmente de gasolina, ACPM, Gas Licuado del Petróleo (GPL), y comercializarlos a gran escala en distintos puntos del país.
En diligencias realizadas de manera simultánea en Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare); y en Duitama y Sogamoso (Boyacá), fueron capturados nueve posibles integrantes de esta organización. En los procedimientos se incautaron 3.638 galones de ACPM, dos automotores y marihuana.
Estas personas cumplirían roles específicos e intervendrían en diferentes eslabones de la cadena criminal. Algunos, al parecer, usaban como fachada parqueaderos, montallantas y lugares de hospedaje en Casanare, donde ejecutaban maniobras de extracción del hidrocarburo que era transportado por vehículos cisterna autorizados por las compañías petroleras para mover crudo y derivados.
Otros, presuntamente, se dedicaban a sustraer el GPL de los carrotanques acreditados para movilizar este combustible y lo trasladaban a carros de menor capacidad para distribuirlo.
En cualquiera de estas dos modalidades, la organización habría comercializado los hidrocarburos obtenidos ilícitamente y los enviaba a departamentos de la Costa Atlántica, del oriente y centro del país. Para este propósito tendría a su disposición a un grupo de conductores de carga encargado de hacer las entregas.
Durante los últimos nueve meses se realizaron 11 incautaciones distintas a esta estructura. En una de las diligencias uno de los transportadores ofreció 12 millones de pesos a las unidades de tránsito para intentar evitar su detención.
Los nueve capturados son:
- Jennifer Andrea Cabal Navas, alias de Amparo, quien sería la encargada de la logística y la contratación de los conductores de los vehículos cisterna.
- Rubiela Jiménez Triana, señalada de acordar el cruce ilícito de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en horas de la noche, en un montallantas que administraba en Monterrey (Casanare).
- Rafael Antonio Vargas Martínez, conocido como ‘El Papas’ o ‘Papapicha’, encargado de un parqueadero y montallantas en Aguazul (Casanare), donde se habrían realizado maniobras de apoderamiento de combustibles.
- Orfa Cecilia Naranjo Cano y su esposo Edgar Jesús García Rodríguez, presuntos responsables de contratar personal para el descargue y almacenamiento de los hidrocarburos, y concretar la comercialización.
- Fernando Bernabé León Moreno, alias Yampier; John Albert Trujillo, Argemiro Díaz Prieto y Luis Eduardo Manrique Mendivielso, conductores.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputo a estas personas los delitos de concierto para delinquir; y apoderamiento de hidrocarburos, biocombustibles o mezclas que los contengan. Adicionalmente, a Jennyfer Andrea Cabal Navas se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y a alias Yampier el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
