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A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare

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Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.

Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.

La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.

Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).

Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.

Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.

La información de la sociedad civil, el principal insumo

“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.

Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.

Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).

Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.

“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.

Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.

La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.

Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.

Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.

Fuente: https://colombia2020.elespectador.com

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Tras las rejas nueve personas señaladas por hurtos en Casanare

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Fiscales de la Seccional Casanare judicializaron a Luis Alexis Pérez Morales, Yardani Antonio Pérez Sierra, Danny de Jesús Gratetol González, de nacionalidad venezolana; Michael Gómez, Miguel Ángel Palacios Padilla, Pamela Gordillo, Yan Nicolás Escobar Chaparro, Pablo Alberto Morales Vargas y Derson Barrera Narváez por ser presuntos responsables de hurtos en Casanare.

Los capturados, algunos de ellos en situación de flagrancia, y que venían azotando a los habitantes de los municipios de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo, entre otros, son reincidentes en la comisión de este ilícito.

Es el caso de Pérez Sierra quien presenta a la fecha más de 10 anotaciones por receptación, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Adicionalmente, presenta sentencias condenatorias cumplidas. Actualmente se halla vigente una orden de captura por hurto calificado y agravado.

Otro de los casos relevantes registrados en el  municipio de Maní (Casanare), al parecer fue perpetrado por Derson Barrera Narváez, quien en compañía de un menor de edad, presuntamente hurtaron varias joyas y relojes avaluados en más de 9 millones de pesos.

La Fiscalía, en una cruzada contra los delitos que alteran la sana convivencia en el Casanare, logró que los jueces que conocieron los casos los enviaran a la cárcel.

Los capturados fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado, cargo que solo fue aceptado por Gómez.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Monseñor Édgar Aristizábal designado nuevo Obispo de la Diócesis Duitama – Sogamoso

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El Papa Francisco ha nombrado Obispo de la Diócesis de Duitama Sogamoso a Monseñor Edgar Aristizábal Quintero, quien durante años estuvo al frente de la Diócesis de Yopal.

Y fue el mismo Papa Francisco quien hace 7 años nombró a Monseñor Édgar Aristizábal Quintero, quien entonces era Obispo Auxiliar en Medellín, como Obispo de la Diócesis de Yopal, cuya posesión canónica se cumplió el 17 de junio de 2017.

Lea también: Arquidiócesis de Medellín compartió alegría por designación de nuevo Obispo de Yopal

Como cabeza de la Iglesia Católica en Casanare, se destacó por su liderazgo en diversos temas como la educación, el apoyo a las víctimas del conflicto armado, el proceso de Paz, acompañamiento a comunidades durante pandemia y soporte a la población migrante, entre muchos otros.

Promovió con fuerza el banco de alimentos de la Diócesis de Yopal, a través del que se ha garantizado alimento en las mesas de cientos de familias vulnerables y en pobreza extrema, recordando que el amor por los demás hace parte de la vocación de los buenos creyentes.

Monseñor Aristizabal Quintero asume ahora su nueva misión de evangelización en Boyacá, donde el número de feligreses católicos es mayor que en otras regiones, por lo que desde ya le deseamos mucho éxito.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Director Nacional de Gestión del Riesgo inspecciona obras que se adelantan en Casanare

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En un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Casanare y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el director general, Carlos Carrillo Arenas, llevó a cabo una visita de seguimiento a las obras de mitigación en Yopal y los municipios de Pore, Paz de Ariporo, Trinidad, Villanueva y Sabanalarga, como parte de una estrategia para fortalecer la preparación ante la temporada de lluvias.

En reunión con el gobernador, César Augusto Ortiz Zorro, entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y alcaldes municipales, evaluaron y coordinaron acciones preventivas ante situaciones de riesgo que puedan presentarse en el departamento y en sus 19 municipios.

Lea también: Director Nacional de Gestión del Riesgo visitó Torres del Silencio en Yopal

Durante la primera jornada el equipo de la UNGRD visitó puntos críticos como el proyecto de vivienda Torres del Silencio e inspeccionó las obras de mitigación en el río Cravo Sur y las obras de protección en el río Pauto.

Uno de ellos, el proyecto de vivienda Torres del Silencio, ubicado en Yopal, debe ser demolido por completo, ya que su construcción no cumple con las normas de resistencia y presenta deficiencias en la cimentación, con lo cual se está generando un riesgo para más de 240 familias.

En el río Cravo Sur, jurisdicción del municipio de Pore, el director recorrió los dos kilómetros de la obra por más de $38 mil millones de pesos, que busca evitar el desbordamiento del afluente.

Carrillo Arenas reconoció la voluntad de las autoridades para resolver las problemáticas de los casanareños y aseguró que su presencia en el departamento es para colaborar y coordinar esfuerzos conjuntos que permitan ofrecer soluciones efectivas a las comunidades.

132 mil beneficiados en Casanare por proyectos de la UNGRD

Estos proyectos, que abarcan ocho municipios en total, han sido fundamentales para salvaguardar a las comunidades locales frente a los riesgos asociados a fenómenos naturales.

Con un enfoque en la estabilización de ríos y la protección de zonas vulnerables, estas obras representan un compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes de Casanare.

Yopal, Paz de Ariporo, Pore, Villanueva, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Orocue y Recetor son los municipios donde la Unidad ha dejado una huella tangible con un total de 132 mil personas beneficiadas y una inversión total que supera los $173 mil millones

Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

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