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A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare

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Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.

Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.

La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.

Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).

Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.

Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.

La información de la sociedad civil, el principal insumo

“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.

Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.

Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).

Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.

“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.

Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.

La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.

Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.

Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.

Fuente: https://colombia2020.elespectador.com

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Riñas e intolerancia los más atendidos por Policía Casanare en “Amor y Amistad”

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Durante el fin de semana de “Amor y amistad”, Policía Casanare desplegó un dispositivo con más de 200 uniformados de todas las especialidades que apoyaron con actividades de prevención, disuasión y control en los 19 municipios.

Se realizaron 95 Planes que, mediante las actividades de registro a personas y vehículos, solicitudes de antecedentes a personas, vehículos e IMEI, permitieron la captura de 10 personas, incautación de 2 armas de fuego y 75 armas cortopunzantes.

En esta acción se realizó la verificación de más de 50 establecimientos que tuvieron atención al público donde resultaron 9 suspensiones temporales de la actividad y se intervinieron más de 164 celebraciones por el llamado de la comunidad ante comportamiento de alteración a la tranquilidad.

Más llamados por intolerancia 

631 motivos de Policía fueron atendidos por los uniformados durante el fin de semana de “Amor y Amistad”, el 41% de los casos estuvieron ligados a hechos de intolerancia social, riñas asociadas al consumo de bebidas embriagantes.

131 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia enmarcadas en la incautación de 45 armas cortopunzantes y 26 por porte y consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos.

El Departamento de Policía Casanare hace un llamado a la tolerancia y al respeto por la vida; teniendo en cuenta que durante este fin de semana se atendieron más de 51 casos de riña y 45 casos de violencia intrafamiliar, casos que ingresaron a través de la Línea Única de Emergencias 123, lo que genero la aplicación de más de 14 órdenes de comparendo y capturas por delitos que atentan a la vida.

Fuente: Policía Casanare

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Siguen homicidios en Maní, van 3 personas asesinadas en los últimos 15 días

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ARMA DE FUEGO

Las autoridades asumieron la investigación para determinar los móviles y autores de un nuevo caso de sicariato registrado en el municipio de Maní, donde fue asesinado Jesús Armando Caicedo Groso, de 51 años.

El coronel José Rafael Miranda, comandante del Departamento de Policía Casanare, indicó que los hechos se presentaron el sábado en horas de la tarde frente a un establecimiento público en zona rural de Maní, más exactamente en la vereda Gaviotas, donde el occiso se encontraba consumiendo bebidas embriagantes.

Hasta el sitio llegó un individuo vestido de negro y encapuchado, que sin mediar palabra, le disparó en reiteradas oportunidades, causándole la muerte de forma instantánea. El homicida huyó en una motocicleta cuyo conductor lo esperaba más adelante.

De acuerdo con la versión del Comandante del Departamento de Policía, aparentemente esta muerte no tendría relación con las anteriores que se han presentado en el municipio de Maní, que han involucrado a dos hombres relacionados con el gremio de expendedores de carne.

Sobre los antecedentes de Caicedo Grosso, se conoció que en el pasado, al parecer, perteneció a un grupo armado al margen de la ley y que estuvo relacionado con presuntos casos de extorsión; aunque en la actualidad no se conocía ninguna actividad ilícita.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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“Viuda de Autorrollings” negó retribución económica a magistrados de Villavicencio

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La principal testigo de la Fiscalía en el Juicio  a tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Marbelly Sofía Jiménez Pérez, negó que haya ofrecido  retribución económica a los togados para favorecimiento durante el curso procesal y  que  resultó condenada a 52 años de cárcel.

Lo dijo, al responder un contrainterrogatorio en la Corte Suprema de Justicia, a uno de los abogados que integra la bancada de la defensa de los procesados, Alcibíades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos Londoño, ambos magistrados activos, y al ya pensionado magistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

El juicio arrancó desde el 29 de junio del presente año 2021 y desde entonces han transcurrido varias sesiones de juzgamiento en diligencias que han resultado bastante extenuantes.

Marbelly Sofía, ha sido contrainterrogada sobre los mismos que repetidamente ha dicho y que está consignado en el expediente de la Fiscalía.  Ella ha manifestado que no recuerda de algunas versiones y hasta ha dudado en dar respuesta tratando de no dejarse confundir.

En los momentos que señala no recordar tales afirmaciones, inmediatamente le exhiben los audios de lo que ella ha expresado en anteriores etapas procesales o le presentan documentos.

Es así como ademán ha manifestado que no le consta que otros procesados de organizaciones criminales como alias, “Bacalado” alias “Cesarín”, alias “Farid”, alias “pija Araña” hayan entregado dinero a los magistrados.

Solo de oídas y eso porque ellos comentaban en reuniones que hacían en un edificio de apartamentos en Villavicencio donde se referían a apoyos económicos supuestamente para los magistrados.

También dijo no haber tenido trato directo que el Magistrado, Alcibíades Vargas, y que lo único que sabía era que, él era el ponente del proyecto de sentencia y que en una reunión social en el Hotel Paloverde en Apiay únicamente se saludaron.

El Juicio contra los magistrados avanza y en próximos días continuarán con la presentación de testigos a contrainterrogar con el fin de esclarecer si hubo corrupción en la Sala penal al proferirse decisiones supuestamente contrarias a la ley y para favorecimiento de peligrosos cabecillas del narco paramilitarismo.

Fuente: Noticiero del Llano

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