CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
Yopal aseguró una inversión de cerca de $7.000 millones gracias a la gestión del alcalde Marco Tulio Ruíz ante el Ministerio de Salud. Estos recursos están destinados a transformar la ESE Salud Yopal, elevando el estándar de atención para miles de familias que dependen de la red pública municipal con más equipos y mejor infraestructura.
La inversión principal, aprobada mediante tres resoluciones, incluye $2.347 millones para la adquisición de equipos biomédicos. Esta dotación busca fortalecer los servicios de la red pública, optimizando la capacidad diagnóstica y asegurando una atención más oportuna y precisa para los usuarios.
Además, se destinaron $3.809 millones para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en el Hospital Central de Yopal y siete Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). este proyecto reducirá costos energéticos, minimizará el impacto ambiental y mejorará la sostenibilidad en la prestación de servicios sanitarios.
Un monto de $519 millones se asignó para la adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de Punto Nuevo, beneficiando a las familias del sector rural. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor de la administración municipal para recuperar infraestructura sanitaria en zonas rurales y ampliar el acceso a servicios esenciales.
En paralelo, la administración ha habilitado el PAPS de Tacarimena, sumándose a los puestos de La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. El municipio también proyecta la construcción de nuevos puestos en El Taladro y Mata de Limón, superando la meta del plan de desarrollo en cuanto a intervenciones rurales y fortaleciendo la red pública.
La Alcaldía de Yopal ratificó ante el Concejo Municipal, que enfrenta un desafío significativo en la expedición de facturas del Impuesto Predial debido a inconsistencias en la base de datos catastral entregada por el operador Catasig. Según el asesor jurídico de la alcaldía, Édgar Paerez, se han detectado más de 16.000 errores en los registros, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes.
Errores detectados y respuesta de Catasig
Entre los errores detectados se encuentran avalúos en cero, cédulas de ciudadanos sin número de identificación y unidades habitacionales sin área de terreno de construcción. Catasig ha respondido que no corregirá los errores de oficio y que los ciudadanos deben presentar solicitudes individuales para corregirlos a través del mecanismo de conservación catastral. Es decir, a los contribuyentes cuyas facturas tengan errores por exagerados avalúos les corresponderá solicitar la revisión aportando todos los soportes que exige Catasig, incluida la topografía del predio.
Impacto en los contribuyentes y medidas de la alcaldía
Esto significa que cada ciudadano que detecte un error deberá presentar una solicitud con pruebas y documentos para que Catasig lo corrija. La alcaldía ha expresado su preocupación por el impacto que esto tendrá en los contribuyentes y ha anunciado que ante la premura aplicará la base de datos con los errores detectados, ya que no tiene la competencia para corregirlos. Los contribuyentes a quienes la factura sea muy elevada, deberán solicitar la revisión ante Catasig, si el error es por sobrevaloración o error del avalúo; y ante la Alcaldía, si el error es por mal aplicación de la tarifa.
Plazos y descuentos
Teniendo en cuenta que el tiempo ha corrido en 2026 y no se han expedido las facturas para que los contribuyentes cancelen, la Alcaldía de Yopal ha radicado un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para ampliar el calendario tributario y ofrecer alivios a los contribuyentes. La primera fecha de pago con descuento se ha pospuesto para el 31 de mayo.
Recomendaciones a los contribuyentes
La alcaldía recomienda a los contribuyentes revisar sus facturas cuidadosamente y presentar reclamaciones ante Catasig si detectan errores por avalúos. Es importante tener en cuenta que la alcaldía no puede modificar los errores catastrales y que los ciudadanos deben acudir a Catasig para resolverlos.
CASANARE
Estos son los acuerdos logrados con el gobierno nacional y Perenco para garantizar suministro de gas en Casanare
El gobierno nacional celebró el acuerdo logrado con autoridades locales, comunidades y empresas del sector energético de Casanare, que permitirá asegurar el abastecimiento temporal de gas natural mientras se avanza en la ampliación de redes de distribución en varios municipios del departamento. La medida beneficiará a usuarios rurales actualmente no formalizados en municipios como Aguazul, Maní, Yopal, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué y Paz de Ariporo.
El acuerdo se logró en una reunión de negociación directa para definir soluciones transitorias que permitan garantizar el abastecimiento de gas natural combustible y avanzar en la formalización de usuarios rurales. En el encuentro se acordó que la empresa Perenco Colombia Limited aportará temporalmente parte del gas natural que tiene contratado en el mercado mayorista para garantizar el abastecimiento durante el proceso de transición.
Asimismo, se coordinará el transporte del gas y se cubrirán los costos asociados a la conducción y suministro durante el periodo inicial mientras se consolidan soluciones estructurales para el servicio.
