CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
La Alcaldía de Yopal ha puesto en marcha una campaña de vacunación gratuita contra el dengue, dirigida específicamente a la población infantil del municipio. Esta iniciativa se enmarca dentro del esquema nacional de inmunización y busca proteger a los más jóvenes, de esta enfermedad vectorial.
Desde este domingo 15 de febrero, el biológico está disponible en todas las IPS vacunadoras de Yopal. La vacuna ofrece protección integral contra los cuatro serotipos del virus del dengue y está destinada a niños y niñas de 9 años o aquellos que cursen cuarto grado de primaria, asegurando una cobertura focalizada.
El esquema completo de vacunación consta de dos dosis, las cuales son esenciales para alcanzar una protección adecuada y duradera frente al dengue. Esta enfermedad es transmitida principalmente por el mosquito Aedes Aegypti, y la inmunización es una estrategia clave para su control y prevención.
La jornada de lanzamiento se llevó a cabo en diversas instituciones prestadoras de servicios de salud, incluyendo el Hospital Central de Yopal y varios CAPS, así como otras IPS privadas. En estos puntos, la aplicación del biológico continuará de manera permanente hasta lograr la mayor cobertura posible en la población priorizada.
Las autoridades de salud hicieron un llamado a los padres de familia y cuidadores para que acudan oportunamente a los puntos de vacunación habilitados. La participación activa de la comunidad es fundamental para proteger a la población infantil y mitigar el impacto del dengue en el municipio.
Casanare ha lanzado la campaña “Casanare Unido por Córdoba”, en un llamado urgente a la solidaridad para apoyar a las más de 50 mil familias damnificadas por las intensas lluvias que han provocado inundaciones en el 82% del territorio cordobés.
La situación en Córdoba es crítica, con viviendas destruidas, hogares anegados, pérdida de enseres y cultivos, y una profunda incertidumbre que golpea el corazón de quienes hoy enfrentan la difícil tarea de intentar comenzar de nuevo. Casanare, habiendo vivido sus propias inclemencias de la naturaleza, comprende la magnitud de la tragedia.
La campaña hace un llamado a todos los sectores de la ciudadanía: empresarios, comerciantes, organizaciones sociales, instituciones educativas, iglesias, gremios y la comunidad en general, para unir esfuerzos y brindar apoyo a este pueblo hermano que necesita sentir que no está solo.
Se convocan donaciones de alimentos no perecederos, kits de aseo, ropa y calzado nuevos o en buen estado, kits de cocina, colchonetas, toldillos, repelente, guantes quirúrgicos y alcohol antiséptico. Todo tipo de elementos que puedan aliviar las difíciles condiciones de las familias afectadas son bienvenidos.
Para facilitar la recolección, se han habilitado varios puntos de acopio:
- Gobernación de Casanare
- Cruz Roja (Carrera. 18 # 15 -10)
- Defensa Civil (Cra 29 # 18-36)
- Gran Plaza Alcaraván
- Unicentro
- Parqueadero del Distrito Militar del Ejército Nacional.
Los puntos de acopio operarán en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. En momentos tan duros, la solidaridad de Casanare busca ser un faro de esperanza para Córdoba, demostrando la grandeza de un pueblo unido.
Con colmenas activas y bajo estrictos protocolos de bioseguridad, 28 beneficiarios del proyecto de pagos por servicios ambientales (PSA) participaron en una jornada intensiva de capacitación en manejo técnico de apiarios. La actividad se llevó a cabo en la Granja El Diamante, ubicada en el Corregimiento de Morichal, y forma parte de las iniciativas de la Alcaldía de Yopal para el fortalecimiento productivo.
Durante la sesión práctica, los asistentes realizaron una revisión especializada de colmenas, practicaron la identificación de la abeja reina, abordaron el control preventivo de enfermedades y aplicaron buenas prácticas apícolas. Estas acciones buscan fortalecer sus competencias clave para asegurar la salud de las colmenas y optimizar su productividad de manera sostenible.
Luisa Fernanda Barrera López, quien apoya la supervisión del proyecto apícola que adelanta la alcaldía municipal, explicó el avance significativo en la implementación de los PSA. “Se viene avanzando con 28 beneficiarios vinculados al proceso, quienes desarrollan capacitaciones y prácticas en campo para fortalecer sus conocimientos técnicos en apicultura”, afirmó.
Por su parte, Ana Lucía Jiménez Rodríguez, presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Sirivana, resaltó la importancia de la iniciativa. “Estos proyectos son positivos, especialmente para el cuidado del medio ambiente. agradecemos al alcalde y a la secretaría de medio ambiente por traer este tipo de oportunidades a la comunidad”, expresó.
La jornada fue liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, dependencia que continúa impulsando procesos de formación técnica. Estas actividades son parte integral de la implementación del esquema de pagos por servicios ambientales en zonas degradadas del municipio, buscando un impacto positivo en la biodiversidad y los ecosistemas locales.
Con estas acciones, la administración municipal fortalece la apicultura como una alternativa productiva sostenible. Esta estrategia no solo contribuye a la recuperación ambiental del territorio, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades rurales de Yopal, promoviendo prácticas respetuosas con el entorno.
