CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
Con aplausos y abrazos cargados de gratitud, la comunidad educativa de la institución Luis Hernández Vargas de Yopal realizó un emotivo acto de despedida y bienvenida. Tras 40 años de servicio a la educación, la licenciada Luz Myriam Martínez Cala se despide de las aulas y de la institución que fue su segundo hogar durante 16 años.
Durante su trayectoria, la licenciada Martínez dejó una huella imborrable no solo como rectora, sino como maestra de vida, guía y referente humano para varias generaciones de estudiantes, docentes y familias, forjando un legado de compromiso.
Su legado se construyó desde la vocación, la disciplina y el amor profundo por la escuela pública. La licenciada Luz Myriam no solo dirigió una institución, sino que cuidó una comunidad, creyó en sus estudiantes y defendió la educación como el camino más justo para transformar realidades. Su despedida es un gracias eterno por una vida dedicada a enseñar y formar con el ejemplo.
Al mismo tiempo, la institución educativa abre sus puertas para recibir a su nuevo rector, el ingeniero agroindustrial Leonardo Heyler Mora Castañeda, Magíster en Educación y TICs, con más de 24 años de experiencia en el sector educativo.
Su trayectoria incluye labores como coordinador en la IE Antonio Nariño del corregimiento El Morro, coordinador en la IE Luis Hernández Vargas, y desde 2015, rector de la IE Luis Carlos Galán Sarmiento en La Chaparrera. Hoy, su llegada tiene un significado especial: el buen hijo vuelve a casa, como líder con experiencia, conocimiento y compromiso.
Es un relevo que honra el pasado y mira con esperanza al futuro. Una despedida llena de gratitud y una bienvenida cargada de confianza, en una institución que sigue creyendo que la educación se construye con memoria, vocación y corazón, reafirmando su compromiso con la excelencia educativa.
El alcalde Marco Tulio Ruíz presentó el Centro de Encuentro Comunitario CEC, un nuevo espacio de la administración municipal para fortalecer la participación ciudadana, el diálogo social y la organización en el municipio. El mandatario explicó la funcionalidad del lugar y su papel como punto de encuentro para los diferentes procesos sociales y comunitarios de Yopal.
El CEC está concebido como un escenario al servicio de poblaciones afrodescendientes, comunidades negras, población LGTBIQ+, Juntas de Acción Comunal, Ediles, Consejeros Municipales de Juventud, comunidades indígenas y demás organizaciones sociales que requieran un espacio adecuado para reunirse y concertar iniciativas.
El lugar cuenta con dos salas de reuniones: una con capacidad para 10 personas y otra diseñada para encuentros de hasta 80 participantes. Este último espacio dispone de sillas y mesas nuevas, aire acondicionado, sistema de sonido integrado y una pantalla de 98 pulgadas, lo que permite el desarrollo de diversas actividades en condiciones óptimas.
El alcalde Ruíz Riaño explicó que la adecuación del centro respondió a solicitudes de ediles, concejales, presidentes de juntas y representantes de grupos étnicos, quienes no contaban con un lugar apropiado. La intervención se realizó con la coordinación de la Secretaría General y apoyo de la cuadrilla de mantenimiento, optimizando recursos.
El espacio, con un área aproximada de 125 metros cuadrados, estará a cargo de la Dirección de Servicios Administrativos de la Alcaldía. Las organizaciones interesadas deberán realizar la solicitud previa a través del correo electrónico direccionadministrativa@yopal-casanare.gov.co para su uso.
Por su parte, la Secretaria General, Alba Carina Rojas, recordó que este escenario había sido utilizado por sindicatos y destacó que ahora se consolida como un espacio abierto para agremiaciones y organizaciones, en línea con el propósito de fortalecer la participación y la organización ciudadana en Yopal.
En un acto de reconocimiento a la historia de Yopal, la Empresa de Alumbrado Público Sayop implementó la modernización del sistema de iluminación en el corregimiento de El Morro. Este sector, reconocido como el lugar donde surgió la ciudad, hoy se proyecta hacia el futuro con tecnología de mayor impacto y menor consumo energético.
A través del modelo de autoconstrucción, utilizando talento humano y técnico propio de la empresa, se instalaron 116 nuevas luminarias led. Esta intervención no solo representa un avance tecnológico, sino un compromiso con la seguridad y el embellecimiento de este importante territorio.
La transición de la antigua luz amarilla de sodio a la potente luz blanca led ha generado un cambio inmediato en la percepción de los habitantes. la mejora en la visibilidad no solo resalta el centro poblado de El Morro, sino que se traduce en entornos más seguros para el tránsito peatonal y vehicular.
“Claro, la calidad de la iluminación sí ha cambiado, ha mejorado bastante las vías. Por ejemplo, si vamos de esta cuadra hacia allá que es mi casa, ya se ve alumbrada toda la noche; entonces pues eso da mejor visibilidad de los transeúntes, uno está más pendiente de las cosas y hay menos accidentalidad”, expresó Paola Riaño, habitante del corregimiento, confirmando el impacto positivo.
La modernización del alumbrado público es, en esencia, una herramienta de prevención del delito. al mejorar la iluminación con tecnología led, la Alcaldía de Yopal y Sayop fomentan que la comunidad vuelva a apropiarse de sus calles y parques durante las horas nocturnas, lo que incrementa la seguridad.
Así lo confirma Marinelda Hernández, residente del corregimiento: “la seguridad, pues sí, uno sale más confiado a caminar las calles porque el alumbrado está mejor”. Con este proyecto, Sayop continúa transformando el territorio, consolidando a Yopal como una ciudad moderna, segura y eficiente.
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