CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
CASANARE
Impresionantes resultados de gestión dio a conocer la Directora del Sena en Casanare
El SENA Casanare presentó los resultados de Gestión correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. El balance destaca avances significativos en formación, empleabilidad, emprendimiento, inclusión social e infraestructura, generando un impacto directo en la calidad de vida de los casanareños.
En el ámbito de la formación, la entidad atendió a más de 58.000 aprendices en programas titulados y complementarios. El 57% fueron mujeres (32.954), consolidando el compromiso institucional con el cierre de brechas y la equidad de género. Durante esta vigencia, el SENA amplió su presencia territorial con la puesta en funcionamiento de la subsede Túa, en Monterrey, llevando más oportunidades educativas a comunidades que históricamente habían contado con menor acceso a formación técnica y tecnológica.
En empleabilidad, la Agencia Pública de Empleo logró colocar laboralmente a 6.858 personas, superando la meta en un 139%. Este resultado fue posible gracias a la gestión de 37.006 vacantes, así como a procesos de orientación ocupacional que beneficiaron a 16.257 casanareños, incluyendo jóvenes, comunidades étnicas y población vulnerable.
En materia de emprendimiento, la Regional registró la creación de 27 nuevas empresas, el fortalecimiento de 50 unidades productivas y la financiación de 42 iniciativas mediante Fondo Emprender, impulsando el crecimiento económico local y la generación de empleo.
Más de 4 mil personas certificadas en competencias
Durante la vigencia el SENA Casanare también fortaleció los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, alcanzando 4.799 certificaciones expedidas a trabajadores y productores de diversos sectores. Este proceso benefició a personas con discapacidad, campesinos, mujeres, población de la economía popular y comunidades étnicas, contribuyendo a la cualificación del talento humano en el territorio.
En inclusión social, el SENA brindó atención integral a víctimas del conflicto armado: 1.029 personas lograron vincularse laboralmente, y 3.191 recibieron orientación ocupacional. En el sector rural, la estrategia CampeSENA atendió a 4.377 campesinos, impactando a 178 asociaciones y promoviendo la creación de 26 unidades productivas. Por su parte, Full Popular —estrategia nacional que impulsa la formación y el fortalecimiento de iniciativas de economía popular— formó a 2.832 personas, contribuyendo al crecimiento de emprendimientos familiares y comunitarios.
Más Obras por Impuestos
En infraestructura, la Regional destacó importantes avances. En Paz de Ariporo, se ejecutó un proyecto de modernización de 26 ambientes de formación y la dotación de 6 aulas móviles, gracias al mecanismo de obras por impuestos, financiado por la empresa Parex Resources, con una inversión superior a $12.300 millones.
También en esta subsede se implementó un moderno sistema solar fotovoltaico, financiado con recursos propios por más de $1.900 millones, que contribuye a la generación de energía limpia, la reducción de costos operativos, la descarbonización del sector energético, y permite la formación especializada mediante dos entrenadores modulares para el aprendizaje en tecnologías solares.
La entidad también reportó un 90% de avance en el proyecto de ampliación del Centro Agroindustrial de Yopal, que fortalecerá la infraestructura educativa regional.
Finalmente, en transparencia y atención al ciudadano, el SENA respondió 2.441 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias dentro de los tiempos establecidos. La ejecución presupuestal alcanzó niveles óptimos: 98% en 2024 y 87% en lo corrido de 2025, con 107 procesos de contratación desarrollados bajo criterios de eficiencia y transparencia.
El balance de gestión demuestra que el SENA Casanare continúa consolidándose como un motor de desarrollo para el departamento, impulsando la formación, la productividad, la innovación y las oportunidades para miles de ciudadanos.
CASANARE
Alcaldía de Yopal presentó proyecto para corregir titulación en La Bendición y Alameda Marta Mojica
La secretaria de Planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, explicó las razones que motivaron la presentación de un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, que busca otorgar facultades al alcalde para adelantar un proceso de englobe y posterior desenglobe de los predios correspondientes a La Bendición y Alameda Marta Mojica, con el fin de corregir inconsistencias detectadas en la titulación.
Según la funcionaria, cuando se realizó la asignación inicial de los lotes no se adelantó un estudio de títulos profundo, situación que generó un inconveniente al momento de inscribir en la Oficina de Registro el Decreto 248, el cual fue rechazado. A partir de este hecho, la Administración Municipal, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, realizó el estudio detallado de los títulos y encontró varias imprecisiones jurídicas que obligan a reiniciar parte del proceso.
“Nos tocó hacer el estudio de títulos con el Ministerio de Vivienda y hallamos imprecisiones. Por eso debemos solicitar estas facultades, volver a asignar —a las mismas personas— y reiniciar el proceso de titulación”, indicó Perilla.
Aunque el trámite debe arrancar prácticamente desde cero, la Secretaría enfatizó que no se requiere adquirir nuevos predios, pues el trabajo se centrará en unificar (englobe) y luego dividir nuevamente (desenglobe) los terrenos para proceder con el registro correcto, expedir una nueva resolución de asignación y remitir finalmente los expedientes a escrituración.
Estaría listo entre marzo y abril
La funcionaria señaló que el proceso no es inmediato debido a los tiempos de registro, pero estima que la protocolización podría concretarse entre marzo y abril del próximo año, siempre que el Concejo otorgue las facultades solicitadas.
Respecto al impacto que este ajuste podría tener en otros proyectos vinculados a Alameda Marta Mojica, Perilla aseguró que no existe afectación en las iniciativas que avanzan de manera paralela. Añadió que una vez se consolide el procedimiento de La Bendición, Planeación Municipal revisará Alameda Marta Mojica y, si es necesario, se harán ajustes al plan parcial correspondiente.
La Secretaría destacó que el objetivo es garantizar un proceso de titulación seguro, transparente y sustentado jurídicamente para las familias beneficiarias, evitando futuros rechazos o irregularidades en la inscripción de los actos administrativos.
CASANARE
Ministro de Minas nada que le da la cara a Casanare y Meta para definir precios del gas
Fue suspendido temporalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU). convocado para revisar las tarifas del gas en los departamentos de Casanare y Meta. La decisión se tomó con el objetivo de continuar las mesas técnicas esta semana, en busca de una solución definitiva que responda a las necesidades de las comunidades afectadas.
La solicitud de suspensión fue presentada por la Mesa del PMU quienes además propusieron la realización de una nueva reunión antes del 28 de noviembre, con la presencia del Ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol. El propósito: avanzar hacia un acuerdo que garantice tarifas justas y sostenibles para los usuarios del gas en la región.
Se espera que esta semana, con presencia de los dirigentes del orden nacional se pueda avanzar en la solución de la problemática que mantiene en vilo el abastecimiento del combustible para los dos departamentos, irónicamente, los que más gas le aportan a la producción nacional.
La reunión estuvo liderada por el alcalde de Aguazul Nelson Camacho, gremios del gas, Ecopetrol y líderes regionales, Comité Cívico pro Tarifas del Gas de Casanare y Meta.
También estuvieron los Alcaldes de Orocué, Anderson Bernal, Yopal, Marco Tulio Ruiz, Trinidad, Damaris Abril y Villavicencio, Alexander Baquero, representes del Gobernador de Casanare, César Zorro, la Gerente de Enerca, Nubia Castro, y el Secretario de Minas y Energía, Gabriel Felipe Suescun de la Gobernación del Meta.
Se espera que en la próxima sesión, con presencia de los altos funcionarios nacionales, se logren avances concretos que permitan cerrar este capítulo con soluciones reales para Casanare y Meta.
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