CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
El fortalecimiento del sistema de salud en Casanare podría dar un paso histórico con la incorporación de un avión ambulancia para el traslado oportuno de pacientes, una iniciativa que ya cuenta con directriz del Ministerio de Salud y que fue confirmada por el gobernador César Ortiz Zorro tras la reciente visita del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al departamento este jueves 15 de enero de 2026.
El mandatario departamental explicó que este proyecto se enmarca dentro de un plan integral orientado a modernizar la red pública de salud, que incluye la consolidación de un hospital de alta complejidad, la mejora en la dotación de equipos biomédicos y el fortalecimiento del transporte asistencial, en articulación con el Gobierno Nacional.
Ortiz Zorro destacó que la aeronave estaría destinada exclusivamente a la atención de emergencias médicas que requieren remisiones fuera del departamento, una necesidad urgente dadas las grandes distancias y las dificultades de acceso en varias zonas del territorio casanareño, lo que actualmente limita una atención oportuna y especializada.
Finalmente, el gobernador resaltó el respaldo del ministro de Salud, a quien calificó como un aliado estratégico para sacar adelante proyectos prioritarios del sector, señalando que esta gestión responde a un anhelo de años y que se espera avanzar en su materialización en el corto plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumplió una agenda de trabajo en el departamento de Casanare, donde visitó los municipios de Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal, con el objetivo de revisar la infraestructura hospitalaria y avanzar en el fortalecimiento de la red pública de salud, adquiriendo compromisos concretos para mejorar la atención a las comunidades.
En Paz de Ariporo, el ministro recorrió el hospital local y anunció proyectos que ya cuentan con contratos en marcha, entre ellos la dotación de equipos biomédicos para poner en funcionamiento una sala de cirugía y el fortalecimiento del talento humano con especialistas en pediatría, ginecología, medicina interna y psiquiatría. También se confirmó la asignación de equipos de laboratorio automatizados, una ambulancia medicalizada y otra en proceso, además del envío de una comisión técnica que evaluará la edificación con miras a proyectar el hospital como centro de segundo nivel para el norte de Casanare.
Durante su visita a Hato Corozal, Jaramillo anunció la ampliación del centro de salud, con el fin de aumentar la capacidad resolutiva del municipio. Para ello, se enviará un equipo técnico que evaluará adecuaciones, mejoras y el desarrollo del nuevo proyecto, teniendo en cuenta el lote destinado para la expansión. Adicionalmente, se confirmó la recuperación de ocho puestos de salud para fortalecer la atención primaria en zonas rurales y urbanas.
Finalmente, en Orocué, el ministro, junto al gobernador César Augusto Ortiz y el alcalde Anderson Bernal, recorrió la Red Salud Casanare E.S.E., donde se adquirieron compromisos como la dotación de una unidad odontológica, la asignación de una ambulancia, la instalación de equipos de rayos X y el fortalecimiento de los Equipos Básicos de Salud, con el propósito de garantizar una atención oportuna, preventiva y continua a la población.
El Concejo Municipal de Yopal realizó una mesa de trabajo para analizar las denuncias presentadas por auxiliares de enfermería del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), relacionadas con las condiciones salariales y contractuales correspondientes a la vigencia 2026. Durante el encuentro, los concejales escucharon de manera directa las inquietudes del personal de salud y reiteraron su disposición de servir como puente institucional para la búsqueda de mejores garantías laborales.
La jornada contó con el acompañamiento de la Personería Municipal de Yopal, encabezada por el personero Yesid Camacho Flórez, quien junto a los cabildantes tomó atenta nota de las solicitudes del personal asistencial y administrativo. Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran la asignación de salarios justos, la estabilidad contractual y mejores condiciones para el ejercicio de sus funciones.
Aunque en esta oportunidad no se contó con la presencia de la administración departamental ni de las directivas del HORO, el Concejo Municipal manifestó que mantiene abiertas las puertas para propiciar un encuentro conjunto que permita avanzar en soluciones efectivas en favor del talento humano en salud.
Por su parte, el personero municipal anunció que oficiará a la Gobernación de Casanare, como ente responsable de la E.S.E. HORO, así como a la Asamblea Departamental y a la Procuraduría Regional, con el fin de articular esfuerzos que garanticen la dignificación laboral de los auxiliares de enfermería y la protección de sus derechos.
