CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
CASANARE
Gobernador y ministro de Salud inspeccionan obras del hospital de Maní y exigen acelerar trabajos
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizaron una visita al municipio de Maní para verificar el avance en la construcción del hospital de primer nivel, una obra largamente esperada por la comunidad y respaldada por el Gobierno nacional, con una inversión cercana a los 20.500 millones de pesos.
Durante el recorrido, las autoridades constataron que el proyecto registra actualmente un avance del 13 % en su ejecución. Frente a este panorama, el ministro Jaramillo hizo un llamado directo al contratista para que incremente el ritmo de trabajo y garantice una mayor eficiencia en el desarrollo de la obra, con el fin de cumplir los tiempos establecidos y responder a las expectativas de la población.
Por su parte, la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, explicó que, aunque el porcentaje de avance aún es bajo, el proyecto se encuentra dentro del cronograma previsto. Señaló además que ya se superó la etapa de cimentación, considerada la más compleja y demorada del proceso constructivo.
Bohórquez reiteró que, de mantenerse el cumplimiento del cronograma, el nuevo hospital de baja complejidad estaría listo para entrar en funcionamiento en el mes de julio, fortaleciendo la atención en salud del municipio de Maní y mejorando el acceso oportuno a servicios médicos básicos para sus habitantes.
Tras la visita a Casanare del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de la directora del DNP, Natalia Molina, se ratificó la asignación de los recursos para la construcción de la nueva torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO), una gestión liderada por el gobernador César Ortiz Zorro que hace realidad uno de los proyectos más esperados del departamento.
La financiación aprobada asciende a 106 mil millones de pesos, de los cuales 46.700 millones provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 60.000 millones del Ministerio de Salud. Estos recursos permitirán avanzar en una obra concebida para atender una de las problemáticas más graves del sistema de salud en Casanare, las constantes remisiones de pacientes hacia ciudades como Bogotá, Tunja o Villavicencio, muchas veces con desenlaces fatales por la espera o por la distancia.
El gobernador agradeció al ministro, al presidente y al personal que participó en la estructuración del proyecto, y señaló que se cumple una promesa hecha todos los casanareños, especialmente a las familias obligadas a desplazarse fuera del departamento para acceder a atención especializada.
De igual manera, Zorro afirmó que este proyecto representa el día más feliz de su vida y recordó que solo el año pasado se registraron 9.000 remisiones de pacientes hacia otras zonas del país, una situación que calificó como una tragedia para Casanare. Según explicó, con la nueva torre ese panorama va a cambiar, ya que permitirá prestar más de 23 especialidades médicas y quirúrgicas sin que los pacientes tengan que salir del departamento.
El costo total de la infraestructura es de 225 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta 106 mil millones y la Gobernación de Casanare asumirá el valor restante. La nueva torre ofrecerá servicios como anestesiología, cardiología general y pediátrica, cirugía general, pediátrica, de mama, de tejidos blandos, gastrointestinal, plástica y oncológica, además de oncología, cirugía maxilofacial, neonatología, neurocirugía, dermatología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, nefrología, neurología, nutrición y dietética, ortopedia, otorrinolaringología, urología, psicología y hematología, entre otros.
Además, el gobernador indicó que este proyecto abre la puerta a la creación de una cátedra de medicina en el departamento, con el fin de que los jóvenes puedan formarse como médicos sin salir de Casanare, un proceso que ya se viene trabajando con la Universidad Nacional y la UPTC.
Durante años, la salud mental en Yopal fue un tema relegado al silencio y atendido, en la mayoría de los casos, desde lo privado, con grandes limitaciones para las familias más vulnerables. Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse: el municipio contará con el hospital público de salud mental de la Orinoquía, una infraestructura pensada para cuidar la vida, prevenir tragedias y brindar atención digna y oportuna. Esta decisión se consolida bajo la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz, como una respuesta institucional a una de las problemáticas sociales más sensibles del territorio.
Desde esta apuesta pública, la salud mental adquiere un lugar prioritario dentro del municipio, reconociendo que existen dolores que no se curan con medicamentos, pero sí con una adecuada intervención de profesionales especializados, acompañamiento oportuno y espacios diseñados para una atención integral. Con este proyecto, Yopal se posiciona a la vanguardia de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, al convertirse en sede del hospital público de salud mental de la Orinoquía colombiana.
La viabilidad de esta iniciativa, que contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado del alcalde Marco Tulio Ruiz, el apoyo de la senadora Sonia Bernal y el respaldo del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto fue estructurado por profesionales de la ESE Salud Yopal y de diferentes dependencias de la alcaldía, logrando su aprobación en un tiempo récord de ocho meses.
¿Qué tendrá el nuevo hospital?
El nuevo hospital contará con áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, farmacia y apoyos terapéuticos, convirtiéndose en una alternativa pública y accesible para las familias que hoy no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de una atención privada o que deben desplazarse a otras regiones del país. Además del hospital de salud mental, el Ministerio de Salud también respaldó recursos para fortalecer la atención primaria en el territorio, mediante la remodelación del PAPS de Quebradaseca y de los CAPS de El Morro y La Chaparrera, ampliando así la capacidad de atención y prevención en salud para comunidades rurales y urbanas.
En materia de talento humano, cerca de 300 profesionales entre enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos familiaristas serán capacitados para implementar el modelo de atención requerido en salud mental. A esto se suma la formación de 750 gestores comunitarios, quienes desde el territorio permitirán identificar de manera temprana a las personas que requieren acompañamiento profesional. Las cifras evidencian la urgencia de esta intervención: en el año 2024 se registraron 9 suicidios en Yopal y en 2025 la cifra ascendió a 8 casos. En el departamento de Casanare, 331 personas atentaron contra su vida, una realidad que exige respuestas inmediatas desde lo público y que hoy empieza a ser atendida con acciones concretas.
