CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
CASANARE
Yopal blinda la seguridad: sin barras visitantes y con estrictos controles para partido de alto riesgo
Tanto la Alcaldía de Yopal como la Gobernación de Casanare expidieron sendos decretos, mediante los cuales adoptan una serie de medidas especiales de seguridad con ocasión del partido entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, considerado de alto riesgo. Las administraciones municipal centró sus decisiones en prevenir alteraciones del orden público, estableciendo restricciones y controles estrictos en el marco del desarrollo de este evento deportivo.
Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición del ingreso de hinchadas organizadas visitantes provenientes de otros departamentos, así como la restricción en la venta de boletería destinada a estos grupos. Además, se limitó la realización de caravanas, desplazamientos colectivos y cualquier tipo de movilización masiva de barras que no cuente con autorización previa de las autoridades competentes.
El decreto también ordena a la Policía Nacional implementar operativos especiales de control, vigilancia y verificación en las vías de acceso al municipio y al departamento, con el objetivo de identificar y mitigar posibles riesgos. Estas acciones deberán aplicarse de manera proporcional y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De igual forma, se prohibió el ingreso y transporte de elementos que puedan generar violencia, como pólvora, armas blancas y objetos contundentes. Las medidas estarán vigentes entre el 24 y el 25 de abril de 2026, e incluyen la articulación entre autoridades locales, departamentales y la fuerza pública para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro.
Asimismo, se ordenaron controles policiales en las vías de acceso al departamento y al municipio. Se prohibió el ingreso de menores de dieciocho (18) años a las localidades occidental norte y occidental sur, además se prohibió el ingreso de menores de catorce (14) años a la localidad occidental central.
De igual manera, se prohibió en Yopal la circulación de motocicletas con acompañante y/o parrillero con edad superior a 14 años, desde el día viernes veinticuatro (24) de abril a las 5:00 p.m. hasta el día sábado veinticinco (25) de abril del 2026 a las 10:00 p.m.
Los contribuyentes en Yopal pueden acceder a descuentos por pronto pago del impuesto predial 2026, con beneficios que varían según las características de cada predio y las fechas en que se realice el pago.
De acuerdo con las condiciones establecidas, existen dos grupos de incentivos: El primero aplica para predios excluidos de la Ley 44 de 1990, entre los que se encuentran lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no edificados, predios nuevos y aquellos que incorporaron construcciones tras la actualización catastral.
Para estos casos, los descuentos son del 30% si el pago se realiza hasta el 31 de mayo, 20% hasta el 30 de julio y 10% hasta el 30 de septiembre. Este beneficio está dirigido a quienes hayan cumplido con el pago del impuesto predial de la vigencia 2025 hasta octubre del año anterior.
Por su parte, los demás predios también cuentan con incentivos por pronto pago. En estos casos, se ofrece un 15% de descuento hasta el 31 de mayo, 10% hasta el 31 de julio y 5% hasta el 30 de septiembre.
Además de estos beneficios, los contribuyentes pueden optar por el sistema de pago alternativo por cuotas, una opción que permite distribuir el valor del impuesto a lo largo del año y facilitar el cumplimiento de la obligación.
Los ciudadanos pueden reclamar su factura en los puntos de atención o descargarla a través del portal https://impuestos.yopal.gov.co/, así como realizar el pago en los lugares autorizados.
La recomendación es aprovechar estos descuentos dentro de los plazos establecidos, lo que no solo representa un ahorro, sino que también evita costos adicionales y facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
