CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
CASANARE
Capturan a alias “El Costeño”, con 10 procesos judiciales, por violación de una mujer en Paz de Ariporo
En un operativo adelantado en el municipio de Aguazul, la Policía Nacional capturó a Over de Jesús Chacón, conocido con el alias de “El Costeño”, señalado de presuntamente cometer un acto sexual violento contra una mujer en zona rural de Paz de Ariporo.
De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido el pasado viernes santo 03 de abril de 2026 hacia las 5:00 am en la vereda El Tesoro, donde el individuo puso a la víctima en estado de vulnerabilidad, intimidándola y amenazándola con un arma blanca para someterla sexualmente.
Se conoció que el capturado presenta un amplio prontuario judicial que lo perfila como un actor criminal recurrente. Según la investigación, está vinculado a 10 procesos judiciales como indiciado, entre ellos cuatro por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; dos por porte ilegal de armas de fuego o municiones; dos por hurto agravado y calificado; uno por violencia intrafamiliar y otro por acto sexual violento. Además, registra nueve capturas en flagrancia entre los años 2013 y 2023.
Las autoridades avanzan con los actos urgentes para continuar con el proceso judicial del detenido, además de la recolección de material probatorio para su respectiva judicialización.
La Alcaldía de Yopal informó un avance del 70 % en las obras de pavimentación que se ejecutan en tres sectores estratégicos del municipio, tras una jornada de seguimiento liderada por la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández.
Las intervenciones se desarrollan en la carrera 33A, la calle 23A entre carreras 24 y 27, y la carrera 28B. En estos tramos se han ejecutado labores como la instalación de sardineles, la conformación de base y subbase, y la renovación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario, con el fin de garantizar la integralidad de las obras.
De acuerdo con la funcionaria, los trabajos han registrado avances pese a ajustes técnicos asociados a la reposición de redes del alcantarillado sanitario y acueducto. “Las obras presentan un avance del 70 %. Se espera su entrega en los próximos meses”, señaló.
De manera paralela, avanzan las adecuaciones para la pavimentación de 4,5 kilómetros en la vía a Matepantano, en el tramo comprendido entre la Subasta Ganadera y la Estación de Policía de Yopal. En este corredor se ejecutan frentes de trabajo simultáneos para optimizar los tiempos de obra.
La disposición inadecuada de residuos sólidos continúa afectando espacios públicos en zonas urbanas y rurales de Yopal, a pesar de las jornadas de limpieza adelantadas por la Administración Municipal en puntos identificados como críticos.
Durante la reciente Tercera Jornada de “Juntos Cuidando a Yopal”, se recolectaron 1.310 toneladas de residuos, entre desechos sólidos, escombros, llantas y material vegetal, en diferentes sectores del municipio. En el marco de esta intervención, se atendieron puntos como la diagonal 47, la calle 32 con carrera 21 y la vía hacia la vereda Picón, en el sector La Pedrera, donde se realizaron labores de limpieza y recolección. En este último punto se desarrollaron, además, dos jornadas adicionales con apoyo de personal y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, ante la acumulación recurrente de residuos.
Otra vez llenos de basuras
No obstante, las autoridades evidenciaron que estos mismos sectores han sido nuevamente ocupados con basuras, escombros, material vegetal, muebles y llantas en desuso.
Ante esta situación, la Administración Municipal solicitó intensificar los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades competentes, y avanzar en la aplicación de las medidas correctivas y sancionatorias previstas en la normatividad vigente frente a la disposición inadecuada de residuos.
Las autoridades reiteraron que el manejo adecuado de residuos y la conservación del espacio público requieren del cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía, con el fin de evitar afectaciones ambientales, sanitarias y de convivencia.
