CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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