CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.
En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.
De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.
CASANARE
Alcaldesa de Hato Corozal defiende inversión de su administración para el Cuerpo de Bomberos
La alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán, salió al paso de los cuestionamientos por no tener aún un convenio firmado con el Cuerpo de Bomberos, asegurando que su administración ha sido una de las que más ha invertido en la institución, argumentación que soportó con cifras.
Explicó la mandataria, que en 2024, la sobretasa bomberil en su municipio fue de $16.433.750, sin embargo, se asignaron $192.801.790 para el convenio con los bomberos. Para 2025, la sobretasa bomberil fue de $11.726.154, y la alcaldesa entregó $291.391.070.
Pirabán destacó que en dos años de gobierno, su administración ha entregado $484.192.860 pesos a los bomberos, superando la inversión del gobierno anterior, que fue de $342.154.271 pesos en cuatro años. La alcaldesa aseguró que están trabajando para financiar el plan de inversión de los bomberos de este año, pero que los recursos son limitados y deben priorizarse.
La alcaldesa también aclaró que no ha habido falta de voluntad para firmar el convenio, sino que se están buscando formas de financiar la mayor cantidad posible de componentes para satisfacer las necesidades de los bomberos. “Nunca en la historia ningún alcalde le había entregado tantos recursos del municipio a la institución”, enfatizó Pirabán.
CASANARE
Yopal realizó Primera Mesa Pública del PAE 2026, se evidenciaron falencias en menajes e infraestructura
La Alcaldía de Yopal llevó a cabo la primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026. Este espacio clave permitió socializar la operación, cobertura, inversión y funcionamiento del programa, además de atender las inquietudes de la comunidad en un ejercicio de control social.
Durante la jornada, la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, junto al equipo de supervisión del PAE y el operador, expuso los principales aspectos de la ejecución. Se detalló el alcance del servicio y las condiciones de prestación para la actual vigencia, garantizando la transparencia.
Para el año 2026, el PAE beneficia a 14.300 estudiantes en 88 sedes educativas oficiales, quienes reciben diariamente un complemento alimentario. Previo al inicio, se realizaron labores de limpieza, desinfección y adecuación logística, asegurando una puesta en marcha eficiente del programa.
¿Cómo está operando el PAE?
La operación actual del PAE incluye la distribución semanal de alimentos mediante 12 vehículos que abastecen 22 sedes urbanas y 66 rurales, garantizando la entrega oportuna de los productos. Además de su impacto social, el programa genera 230 empleos directos y cerca de 100 indirectos, dinamizando la economía local.
Se informó que, gracias a gestiones municipales, se logró una adición superior a los $7 mil millones, permitiendo ampliar la cobertura y fortalecer la atención estudiantil. Estos encuentros son esenciales para que la ciudadanía conozca y haga seguimiento a uno de los principales apoyos a la permanencia escolar.
Durante la mesa se conocieron solicitudes de padres de familia y algunos docentes, en el sentido de mejorar el estado de los menajes y enseres con que se presta el servicio, pues la gran mayoría cumplieron su ciclo y deben renovarse, así como inversiones en la infraestructura de los restaurantes escolares, para que la buena calidad de los alimentos se vea complementada con estos dos ítems donde se presentan falencias.
