CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
CASANARE
Energía para Todos de Parex llegó a veredas Puerto Miriam y Santa Helena del Upía en Villanueva
Verano Energy, aliado de Parex Resources (Colombia), instaló sistemas de alumbrado público con tecnología LED alimentados por energía solar, en las veredas Puerto Miriam y Santa Helena de Upía, en el municipio de Villanueva, Casanare.
La intervención, ejecutada en el marco del programa voluntario “Energía para Todos”, contempló una inversión superior a los $157 millones de pesos, representada en el suministro de energía asequible y sostenible en el sector rural. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad, la movilidad y el bienestar de aproximadamente 220 familias.
En Puerto Miriam se instalaron tres luminarias solares de 60W, cuatro reflectores solares de 150W y dos postes de concreto, cubriendo las vías de tránsito y la cancha de fútbol comunitaria. Por su parte, en Santa Helena de Upía se dispusieron ocho luminarias solares de 60W y ocho postes de concreto, reforzando la iluminación en la caseta comunal y sus alrededores.
“Recibimos ocho kits solares que se ubicaron en la entrada principal de nuestro caserío y en la parte externa de la caseta comunal. Con este aporte de la empresa Parex, logramos mitigar problemas de inseguridad, reducir la accidentalidad y mejorar la movilidad de los adultos mayores en el sector. Este tipo de energía solar le apuesta a renovar la energía convencional que tenemos en nuestra comunidad”, manifestó Harvey Londoño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Helena de Upía.
Durante los últimos cinco años, Parex ha beneficiado a más de 2.450 personas en los departamentos de Arauca, Casanare y Magdalena, implementando soluciones energéticas eficientes que fomentan entornos sostenibles y promueven el desarrollo local.
El alcalde Marco Tulio Ruíz realizó una visita al predio donde se proyecta la construcción del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) para la Comuna VII, acompañado por ediles y representantes comunitarios, como parte del seguimiento a iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura de salud del municipio.
El lote destinado para la obra está ubicado en la carrera 44 con calle 49A, barrio Rivarca. La iniciativa busca ampliar la cobertura y mejorar el acceso oportuno a servicios básicos de salud para los habitantes de este sector y zonas aledañas.
Para financiar el proyecto, la Administración Municipal y la ESE Salud Yopal adelantarán gestiones ante el Gobierno Nacional en procura de recursos cercanos a los $6.000 millones.
En caso de que esa financiación no se concrete, desde el gobierno local se estudia la posibilidad de destinar recursos propios, con la meta de garantizar la ejecución y proyectar su puesta en funcionamiento hacia 2027.
De concretarse, el nuevo CAPS reforzaría la red de atención primaria en salud, un nivel necesario para la prevención, el diagnóstico temprano y la atención cercana a esta comunidad, especialmente en sectores que han demandado mayor presencia de servicios médicos.
Este viernes a las 7:00 de la noche finaliza la campaña “Casanare Unido por Córdoba”, iniciativa que durante siete días convocó a los casanareños a donar alimentos no perecederos, ropa nueva y usada, calzado, concentrado para perros y gatos, utensilios de cocina y kits de cama para las familias afectadas por el frente frío vigente en el país. Este mismo fenómeno natural ha tenido coletazos en Casanare, donde también se han registrado lluvias y afectaciones en Sabanalarga.
Durante la jornada solidaria se han reunido más de siete toneladas de ayudas, las cuales comenzarán a enviarse este lunes. El primer despacho será encabezado por el gobernador César Ortiz Zorro, quien acompañará la salida del cargamento hacia Córdoba, donde numerosas familias esperan este apoyo tras haberlo perdido todo por las fuertes precipitaciones.
La campaña ha contado con el respaldo de los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las diferentes dependencias de la Gobernación de Casanare, bajo la coordinación de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, que lideró la actividad logística y organizativa.
A esta iniciativa se vincularon cinco municipios: Recetor, Villanueva, Trinidad, Orocué y San Luis de Palenque. De ellos, Recetor ya realizó la entrega de lo recaudado en el punto de acopio en el departamento, mientras que los demás municipios estarán trasladando sus ayudas durante el transcurso de este viernes y sábado. Con el cierre de la convocatoria este viernes en la noche, se da fin a una de las jornadas solidarias más representativas de los últimos meses en este territorio.
