CASANARE
A partir del segundo semestre comienza búsqueda de desaparecidos del conflicto en Casanare
Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su directora, Luz Marina Monzón, aseguró hoy que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país.
Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros lugares a donde llegarán los funcionarios de la UPBD. Para el segundo semestre del año, se tiene previsto ampliar la presencia en Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.
La tarea fundamental de los equipos territoriales, conformados en principio por cuatro personas, estará enfocada al contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a los mecanismo de la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.
Los territorios fueron escogidos a partir del análisis de la información proporcionada por entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, que incluye datos sobre hechos de desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley).
Aunque es un despliegue enorme, el presupuesto de la UBPD sigue siendo muy reducido. De acuerdo con Monzón, aunque cuentan con 261 personas, el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de las cooperaciones con otras naciones, pues la paz debería ser un compromiso del país, principalmente, para el Gobierno.
Lo preocupante es que hasta ahora están en la etapa de recolección de información. Cuando empiecen los cotejos, se necesitará incluso más presupuesto. “Por ejemplo, la identificación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, explicó Monzón.
La información de la sociedad civil, el principal insumo
“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD, quien además contó que hasta ahora se han contactado con 700 familiares, en 25 partes del país.
Monzón aseguró que otras de las grandes contribuciones fueron de la organización Acomides, conformada por familiares de Fuerza Pública, quienes entregaron datos de 100 casos; de 10 actores del conflicto armado, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 001, sobre retenciones y secuestros por parte de la extinta guerrilla de las Farc.
La UBDP también destacó su contacto con quienes están en el exilio. Canadá, Noruega, Alemania, Francia, España, Italia y Suiza son algunos de los países donde residen familiares de desaparecidos que quieren contribuir en su búsqueda, a pesar de la distancia.
Actualmente, la UBPD tiene en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para las 261 solicitudes individuales de búsqueda y 463 acciones humanitarias que implican búsquedas colectivas. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).
Por otro lado, otra de las noticias de la UBPD es la creación de un instrumento para el diagnóstico de los casos de cuerpos que han sido sometidos a necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y que a la fecha continúan en condición de no identificados.
“Este instrumento será implementado con una prueba piloto en Nariño y Norte de Santander durante 2019. Entre los impactos se espera obtener con esta prueba piloto que sean identificados aproximadamente 2.100 cuerpos: alrededor de 500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander”, explicó Monzón.
Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país. De acuerdo con Medicina Legal, el universo por explorar es de aproximadamente 25.000 cuerpos que permanecen sin identificar.
La también defensora de derechos humanos recordó que en el caso de los desaparecidos “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es mu útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención medica, la Registraduría o incluso las notarías”.
Asimismo, aceptó que el trabajo de los equipos en territorio no será fácil, teniendo en cuenta que la guerra continúa: “No sólo porque pueden atacar a los equipos sino también por el tema de las minas que aun hay en los lugares”. Sin embargo, espera que con su categoría de organización humanitaria, la UPBD pueda persuadir a los actores del conflicto para que les permitan realizar su labor. Además, está segura de que sus equipos contarán con el apoyo de las comunidades, que tienen consolidados sus planes de seguridad.
Finalmente, Monzón mencionó que parte de sus metodologías y planes nacieron a partir del intercambio de experiencias con otros países como El Salvador, Argentina, Perú y Ucrania.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com
Durante 2025, un total de 2.629 personas en Casanare requirieron transfusiones de sangre, una cifra que evidencia la alta demanda de este vital recurso en el departamento. La Secretaría de Salud de Casanare ha emitido un urgente llamado a la solidaridad ciudadana para incrementar las donaciones.
Según el informe de IPS con actividad transfusional del Instituto Nacional de Salud, la necesidad de sangre es constante y crucial para salvar vidas en diversas situaciones. Estas incluyen accidentes de tránsito, cirugías de urgencia, partos, y el tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre y cáncer.
Tatiana Chávez Duque, secretaria de Salud de Casanare, subrayó la importancia de la donación voluntaria, haciendo especial énfasis en la necesidad de personas con tipo de sangre O negativo, considerado donante universal. Este tipo de sangre, presente en solo el 5% de la población, es indispensable en emergencias.
Nubia Elena García Novoa, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Casanare, afirmó que el proceso de donación es seguro, sencillo y no compromete la salud del donante. “Donar sangre puede salvar vidas. Cada donante cuenta y cada gota es importante; no debemos esperar a que un familiar se accidente para hacerlo, porque la necesidad es permanente”, destacó.
Recordó además que, a pesar de los avances médicos, la sangre no puede ser fabricada y su obtención depende exclusivamente de la generosidad humana. Para ser donante se requiere tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y presentar el documento de identidad.
Se aconseja no haber tenido gripa o infecciones en el último mes, no tomar antibióticos, no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, mantener prácticas sexuales seguras y no estar en ayunas el día de la donación. Las donaciones se realizan en el Banco de Sangre del Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal.
La Secretaría de Salud departamental de Casanare ha advertido sobre niveles de riesgo en la calidad del agua en dos municipios, según el monitoreo realizado en enero de 2026. La Salina presenta un riesgo ALTO, mientras que San Luis de Palenque se encuentra en un nivel de riesgo MEDIO.
La Secretaría de Salud departamental dio a conocer a la comunidad los resultados del Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) para las áreas urbanas de Casanare, con base en la información recolectada durante el primer mes del año.
Contrastando con los niveles de riesgo identificados, municipios como Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal fueron clasificados en el rango de “SIN RIESGO” en la calidad del agua para consumo humano.
El IRCA, que mide el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades por el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, identificó variables no aceptables. En La Salina, se detectaron Coliformes Totales y E.Coli, mientras que en San Luis de Palenque se registraron anomalías en Color Aparente y Turbiedad.
El área de Salud Pública mantiene un monitoreo continuo de los sistemas de suministro de agua urbanos en el departamento y comunica los resultados del IRCA a cada prestador del servicio público, con el fin de que se implementen las acciones correctivas necesarias para mejorar el suministro de agua a los habitantes.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas, como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua por más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar la limpieza y desinfección periódica de tanques y sistemas de almacenamiento en los hogares.
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Infraestructura, concluyó los trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la vía que conduce a la vereda La Hermosa, en el municipio de Paz de Ariporo.
Las labores, ejecutadas mediante el Banco de Maquinaria departamental, incluyeron la limpieza de cunetas, la adecuación de alcantarillas y la intervención de 10 kilómetros de terraplén, respondiendo a las necesidades de movilidad de las comunidades rurales.
Esta intervención no solo mejora las condiciones de transitabilidad en el corredor, sino que también facilita la conexión con el departamento de Vichada, impulsando el transporte, fortaleciendo la competitividad regional y generando un entorno favorable para el turismo y el desarrollo económico local.
El secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera, destacó que “con esta intervención el Gobernador cumple su compromiso de mejorar las condiciones de las vías rurales, garantizando conectividad, seguridad vial y mayores oportunidades para las comunidades del territorio”.
Estas acciones se desarrollan bajo el direccionamiento del gobernador César Ortiz Zorro, quien ha priorizado la consolidación de corredores viales estratégicos que integren territorios, impulsen el desarrollo productivo y contribuyan al cierre de brechas entre las zonas rurales y urbanas del departamento.
Con estas obras, la Gobernación de Casanare reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial como un eje fundamental para el progreso y la competitividad de la región.
