CASANARE
A Monterrey se extendió operativo de extinción de dominio a bienes del narcotráfico
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, lideró una ofensiva en contra del patrimonio de varios integrantes de estructuras dedicadas al tráfico trasnacional de estupefacientes.
En ese sentido señala la entidad, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 149 bienes ubicados en Bogotá; Pradera y Cali (Valle del Cauca); Barranquilla (Atlántico); Paratebueno (Cundinamarca); Monterrey (Casanare); San José del Guaviare (Guaviare); y Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, San Gil y Cabrera (Santander).
Las propiedades afectadas superan en valor los 12.250 millones de pesos; y están representadas en 21 inmuebles rurales, 22 predios urbanos, 22 vehículos, 3 establecimientos de comercio, 1 sociedad y 80 semovientes.
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Algunos de los activos pertenecerían a Diego Alberto Varona Aragón, quien hizo parte del extinto ‘Cartel de Cali’, y en la década de los noventa fue considerado como uno de los socios principales de Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta y a José Ignacio Cardona, alias Nicki.
También figuran bienes a nombre de familiares y personas cercanas a Héctor Fabio García Bengoechea, alias La Gatia; Miguel Villareal Archila, alias Salomón; y Manuel Enrique Torregrosa Castro, alias Chang, capturados con fines de extradición en julio de 2007, por cargos relacionados con narcotráfico.
En el curso de la investigación se acreditó que los titulares de los inmuebles no tenían el poder económico ni registraban una actividad económica estable que les permitiera sustentar la adquisición de predios avaluados en 6.250 millones de pesos. Los elementos de prueba dan cuenta de que los compraron con dineros producto del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Finalmente, fueron impactadas las finanzas de Carlos Yesid Gómez, Luis Marino Medina Martínez, Jefferson Adolfo Segura Alfonso, Erick Leandro Calderón Soler y Omaira Ospina Ramírez, señalados integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el transporte de cargamentos de estupefacientes desde Cauca a las costas de Magdalena, donde se coordinaba su salida por vía marítima a Estados Unidos.
Con los recursos obtenidos por esta actividad ilegal, la organización criminal habría adquirido 14 vehículos, 21 inmuebles, 40 semovientes y constituyó una empresa para intentar justificar su origen ilícito.
Los procedimientos de ocupación fueron realizados de manera articulada por el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en cumplimiento de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el patrimonio de la criminalidad organizada, el narcotráfico y la delincuencia.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con fines de extinción de dominio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
