ARAUCA
A la cárcel presuntos disidentes de las Farc por secuestro de contratista en Arauca
Un juez envió a la cárcel a María Isabel Aconcha Roa, alias Pinocha, Ronal Alexis Jaimes Tamayo, alias Jirafales, y Luis Alberto Montañez Orduz, alias Pinocho, presuntos integrantes de las disidencias del Frente 10° de las Farc, señalados del secuestro extorsivo de un contratista de Arauca.
Los hechos investigados por la Fiscalía se registraron el 9 de agosto de 2019, en Saravena , cuando la víctima, contratista de una empresa en la región, habría sido sacado de un establecimiento público por dos hombres que irrumpieron en el lugar.
Al parecer, los dos presuntos agresores se movilizaban en una motocicleta, mientras la mujer estaría en las afueras del lugar pendiente de alertar en caso de que llegara alguna autoridad.
Según la información recopilada, alias ‘Pinocho’ y ‘Jirafales’ habrían conducido a la víctima al corregimiento de Puerto Lleras y, al día siguiente, 10 de agosto, lo habrían llevado hasta el vecino país de Venezuela, donde supuestamente permaneció secuestrado hasta el 12 de agosto.
El relato de la víctima señala que uno de los cabecillas de ese grupo ilegal, conocido como Ferley González, le exigió el pago de 30 millones de pesos por su libertad. Al parecer, el pago se habría hecho el 8 de octubre de 2019 a Jaimes Tamayo, alias Jirafales.
Los dos hombres y la mujer fueron capturados mediante orden judicial, por Unidades del Gaula de la Policía Nacional en vía pública de Saravena y puestos a disposición de un juzgado con función de control de garantías, para su judicialización. La Fiscalía, por su parte, les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con secuestro extorsivo agravado, los cuales no fueron aceptados.
JUDICIALEl Director Seccional de Fiscalías en Arauca, Jhon Fredy Encinales Lota se refiere a la captura de tres presuntos disidentes de las Farc que se dedicaban a secuestros y extorsión en Arauca.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, August 20, 2020
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
