CASANARE
A la cárcel La Picota guardianes acusados de integrar banda que vendía marihuana en La Guafilla
La operación donde fueron capturadas 12 personas por los delitos de tráfico de estupefacientes con concierto para delinquir por ingresar marihuana y celulares a la Cárcel de La Guafilla, inició en el mes de septiembre del año 2018, fue coordinada por la dirección del INPEC, con el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que adelantó la judicialización.
“Durante todo este tiempo hasta el mes de noviembre adelantamos todo el trabajo interinstitucional con el fin de desarticular una organización criminal denominada los ‘Entre Rejas’ que se encargaba del ingreso de estupefacientes, de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que son prohibidos en la cárcel La Guafilla. Esto nos llevó a solicitar nueve órdenes de captura que se materializaron, desde hace alrededor de ocho días llevamos esta judicialización para legalizar las capturas que fueron decretadas legales por un Juez de Garantías, igualmente se imputaron los delitos de concierto para delinquir con el fin de comercializar estupefacientes. A los dos funcionarios del INPEC se les imputó el delito de cohecho propio, teniendo en cuenta que como funcionarios de ese grupo de guardia cometieron la conducta delictiva, haciendo hincapié que los demás funcionarios del INPEC no tienen ninguna otra investigación, solamente contra estos dos funcionarios”, explicó Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías Casanare.
Situación jurídica
Encinales indicó que este lunes se adelantó la audiencia de definición de situación jurídica donde se les impuso a los dos funcionarios del INPEC medida de aseguramiento de detención preventiva la cual deberán cumplir en la cárcel La Picota en Bogotá, a otras cinco personas más se les impone medida de aseguramiento de detención preventiva, unas en el establecimiento carcelario de Sogamoso, Boyacá, a otra no le dieron medida de aseguramiento por lo que la Fiscalía apeló esa decisión y a otra persona no se le solicitó medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que con la imputación es suficiente su vinculación.
¿Cómo actuaban?
En cuanto al modus operandi de la organización, sobretodo el de las mujeres, el director seccional de Fiscalías expresó “estas personas tenían como objetivo el acopio del estupefaciente, el alistamiento del mismo porque utilizaban correos humanos con la finalidad del ingreso de los estupefacientes a través de mujeres al momento de la visita, también estas personas eran las que se encargaban de pagar los dineros a los funcionarios del INPEC para que pudiesen ingresar el estupefaciente, también las mujeres alistaban elementos como celulares para el ingreso, una de las modalidades que también utilizaban era el método ‘catapulta’, el cual consistía que en determinados puntos del centro carcelario lanzaban estos elementos para que fuera recogidos al interior de la cárcel”.
Finalmente, Encinales indicó que gracias al hecho donde una de las mujeres, integrante de la organización intentó ingresar estupefacientes a la carceleta de la URI, se fortaleció la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, toda vez que aun estando detenida reincidió en la conducta de tráfico de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
