CASANARE
A la cárcel La Picota guardianes acusados de integrar banda que vendía marihuana en La Guafilla
La operación donde fueron capturadas 12 personas por los delitos de tráfico de estupefacientes con concierto para delinquir por ingresar marihuana y celulares a la Cárcel de La Guafilla, inició en el mes de septiembre del año 2018, fue coordinada por la dirección del INPEC, con el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que adelantó la judicialización.
“Durante todo este tiempo hasta el mes de noviembre adelantamos todo el trabajo interinstitucional con el fin de desarticular una organización criminal denominada los ‘Entre Rejas’ que se encargaba del ingreso de estupefacientes, de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que son prohibidos en la cárcel La Guafilla. Esto nos llevó a solicitar nueve órdenes de captura que se materializaron, desde hace alrededor de ocho días llevamos esta judicialización para legalizar las capturas que fueron decretadas legales por un Juez de Garantías, igualmente se imputaron los delitos de concierto para delinquir con el fin de comercializar estupefacientes. A los dos funcionarios del INPEC se les imputó el delito de cohecho propio, teniendo en cuenta que como funcionarios de ese grupo de guardia cometieron la conducta delictiva, haciendo hincapié que los demás funcionarios del INPEC no tienen ninguna otra investigación, solamente contra estos dos funcionarios”, explicó Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías Casanare.
Situación jurídica
Encinales indicó que este lunes se adelantó la audiencia de definición de situación jurídica donde se les impuso a los dos funcionarios del INPEC medida de aseguramiento de detención preventiva la cual deberán cumplir en la cárcel La Picota en Bogotá, a otras cinco personas más se les impone medida de aseguramiento de detención preventiva, unas en el establecimiento carcelario de Sogamoso, Boyacá, a otra no le dieron medida de aseguramiento por lo que la Fiscalía apeló esa decisión y a otra persona no se le solicitó medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que con la imputación es suficiente su vinculación.
¿Cómo actuaban?
En cuanto al modus operandi de la organización, sobretodo el de las mujeres, el director seccional de Fiscalías expresó “estas personas tenían como objetivo el acopio del estupefaciente, el alistamiento del mismo porque utilizaban correos humanos con la finalidad del ingreso de los estupefacientes a través de mujeres al momento de la visita, también estas personas eran las que se encargaban de pagar los dineros a los funcionarios del INPEC para que pudiesen ingresar el estupefaciente, también las mujeres alistaban elementos como celulares para el ingreso, una de las modalidades que también utilizaban era el método ‘catapulta’, el cual consistía que en determinados puntos del centro carcelario lanzaban estos elementos para que fuera recogidos al interior de la cárcel”.
Finalmente, Encinales indicó que gracias al hecho donde una de las mujeres, integrante de la organización intentó ingresar estupefacientes a la carceleta de la URI, se fortaleció la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, toda vez que aun estando detenida reincidió en la conducta de tráfico de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
