CASANARE
A la cárcel La Picota guardianes acusados de integrar banda que vendía marihuana en La Guafilla
La operación donde fueron capturadas 12 personas por los delitos de tráfico de estupefacientes con concierto para delinquir por ingresar marihuana y celulares a la Cárcel de La Guafilla, inició en el mes de septiembre del año 2018, fue coordinada por la dirección del INPEC, con el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que adelantó la judicialización.
“Durante todo este tiempo hasta el mes de noviembre adelantamos todo el trabajo interinstitucional con el fin de desarticular una organización criminal denominada los ‘Entre Rejas’ que se encargaba del ingreso de estupefacientes, de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que son prohibidos en la cárcel La Guafilla. Esto nos llevó a solicitar nueve órdenes de captura que se materializaron, desde hace alrededor de ocho días llevamos esta judicialización para legalizar las capturas que fueron decretadas legales por un Juez de Garantías, igualmente se imputaron los delitos de concierto para delinquir con el fin de comercializar estupefacientes. A los dos funcionarios del INPEC se les imputó el delito de cohecho propio, teniendo en cuenta que como funcionarios de ese grupo de guardia cometieron la conducta delictiva, haciendo hincapié que los demás funcionarios del INPEC no tienen ninguna otra investigación, solamente contra estos dos funcionarios”, explicó Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías Casanare.
Situación jurídica
Encinales indicó que este lunes se adelantó la audiencia de definición de situación jurídica donde se les impuso a los dos funcionarios del INPEC medida de aseguramiento de detención preventiva la cual deberán cumplir en la cárcel La Picota en Bogotá, a otras cinco personas más se les impone medida de aseguramiento de detención preventiva, unas en el establecimiento carcelario de Sogamoso, Boyacá, a otra no le dieron medida de aseguramiento por lo que la Fiscalía apeló esa decisión y a otra persona no se le solicitó medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que con la imputación es suficiente su vinculación.
¿Cómo actuaban?
En cuanto al modus operandi de la organización, sobretodo el de las mujeres, el director seccional de Fiscalías expresó “estas personas tenían como objetivo el acopio del estupefaciente, el alistamiento del mismo porque utilizaban correos humanos con la finalidad del ingreso de los estupefacientes a través de mujeres al momento de la visita, también estas personas eran las que se encargaban de pagar los dineros a los funcionarios del INPEC para que pudiesen ingresar el estupefaciente, también las mujeres alistaban elementos como celulares para el ingreso, una de las modalidades que también utilizaban era el método ‘catapulta’, el cual consistía que en determinados puntos del centro carcelario lanzaban estos elementos para que fuera recogidos al interior de la cárcel”.
Finalmente, Encinales indicó que gracias al hecho donde una de las mujeres, integrante de la organización intentó ingresar estupefacientes a la carceleta de la URI, se fortaleció la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, toda vez que aun estando detenida reincidió en la conducta de tráfico de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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