CASANARE
A la cárcel La Picota guardianes acusados de integrar banda que vendía marihuana en La Guafilla
La operación donde fueron capturadas 12 personas por los delitos de tráfico de estupefacientes con concierto para delinquir por ingresar marihuana y celulares a la Cárcel de La Guafilla, inició en el mes de septiembre del año 2018, fue coordinada por la dirección del INPEC, con el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que adelantó la judicialización.
“Durante todo este tiempo hasta el mes de noviembre adelantamos todo el trabajo interinstitucional con el fin de desarticular una organización criminal denominada los ‘Entre Rejas’ que se encargaba del ingreso de estupefacientes, de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que son prohibidos en la cárcel La Guafilla. Esto nos llevó a solicitar nueve órdenes de captura que se materializaron, desde hace alrededor de ocho días llevamos esta judicialización para legalizar las capturas que fueron decretadas legales por un Juez de Garantías, igualmente se imputaron los delitos de concierto para delinquir con el fin de comercializar estupefacientes. A los dos funcionarios del INPEC se les imputó el delito de cohecho propio, teniendo en cuenta que como funcionarios de ese grupo de guardia cometieron la conducta delictiva, haciendo hincapié que los demás funcionarios del INPEC no tienen ninguna otra investigación, solamente contra estos dos funcionarios”, explicó Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías Casanare.
Situación jurídica
Encinales indicó que este lunes se adelantó la audiencia de definición de situación jurídica donde se les impuso a los dos funcionarios del INPEC medida de aseguramiento de detención preventiva la cual deberán cumplir en la cárcel La Picota en Bogotá, a otras cinco personas más se les impone medida de aseguramiento de detención preventiva, unas en el establecimiento carcelario de Sogamoso, Boyacá, a otra no le dieron medida de aseguramiento por lo que la Fiscalía apeló esa decisión y a otra persona no se le solicitó medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que con la imputación es suficiente su vinculación.
¿Cómo actuaban?
En cuanto al modus operandi de la organización, sobretodo el de las mujeres, el director seccional de Fiscalías expresó “estas personas tenían como objetivo el acopio del estupefaciente, el alistamiento del mismo porque utilizaban correos humanos con la finalidad del ingreso de los estupefacientes a través de mujeres al momento de la visita, también estas personas eran las que se encargaban de pagar los dineros a los funcionarios del INPEC para que pudiesen ingresar el estupefaciente, también las mujeres alistaban elementos como celulares para el ingreso, una de las modalidades que también utilizaban era el método ‘catapulta’, el cual consistía que en determinados puntos del centro carcelario lanzaban estos elementos para que fuera recogidos al interior de la cárcel”.
Finalmente, Encinales indicó que gracias al hecho donde una de las mujeres, integrante de la organización intentó ingresar estupefacientes a la carceleta de la URI, se fortaleció la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, toda vez que aun estando detenida reincidió en la conducta de tráfico de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
