CASANARE
A la cárcel hombre acusado de feminicidio en Aguazul
Solo 30 días duró la felicidad para Brissa Barreto Barreto, una aguazuleña de 49 años de edad que hace 5 meses decidió darse una nueva oportunidad, y empezó a compartir su vida con Alcides Cabezas González, un albañil de 35 años de edad, quien pasado el primer mes comenzó a mostrar su verdadera faceta y su gusto por el licor, lo cual no le gustó para nada a su compañera sentimental.
Según familiares de Brissa, a partir de ese momento comenzaron las agresiones verbales y físicas para esta mujer de parte de Alcides, por el constante y excesivo consumo de licor de parte de este hombre, lo cual originaba el reclamo de su compañera, situación que terminaba en agresión.
Las agresiones se hicieron repetitivas, y el pasado 25 de agosto Brissa tuvo que ser internada en el Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul como producto de una golpiza de parte de Alcides, lo que le originó fractura de clavícula. Esta situación motivó el inicio de una investigación de oficio por parte de la Sijín, por violencia intrafamiliar.
Se conoció, que la mujer intentó dejar a su pareja ante las constantes agresiones verbales y físicas, pero infortunadamente la noche del viernes, luego de que este llegara a su casa sobre las 11:00 p.m, otra vez embriagado, se desencadenó la tragedia. Al parecer, Brissa le reclamó nuevamente a Alcides por su estado, lo que originó una fuerte discusión entre la pareja, que terminó con la muerte de la mujer víctima de una certera cuchillada en el corazón. Al llegar las autoridades luego de que fueras informadas del fatal desenlace, encontraron a la mujer con el cuchillo incrustado en su pecho.
Un juez de control de garantías legalizó la captura del victimario, a quien se le imputó por parte de la Fiscalía el delito de feminicidio y se le impuso medida de aseguramiento preventiva en la Cárcel de La Guafilla. La salida del imputado del juzgado debió ser escoltada por unidades de la Policía Nacional y el Ejército y ser trasladado en una tanqueta blindada, toda vez que la comunidad se apostó en las afueras del despacho judicial y pretendió tomar justicia por su mano.
Hasta la fecha van nueve asesinatos de mujeres en Casanare, de los cuales cuatro se declararon como feminicidios y cinco como homicidios. El presente caso se adelanta bajo la coordinación de la Fiscalía 30 URI.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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