META
A la cárcel ex secretario de gobierno del Meta y contratistas, por actos de corrupción en 2015
La Fiscalía General de la Nación judicializó al ex secretario de Gobierno del Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro, Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.
De igual manera, fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.
Los elementos de prueba indican que estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó procesos contractuales para realizar obras civiles como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.
La actuación del exsecretario y dos de los contratistas, al parecer, generaron un detrimento superior a 70.000 millones de pesos.
Investigación
En 2015, Gómez Niño habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); junto con el contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.
En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.
El entonces alcalde de Fuentedeoro, Guillermo Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante Cormacarena los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.
Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.
La Fiscalía imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.
Golpe al patrimonio de la red de corrupción
La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre varios activos que aparecen a nombre del ex secretario de Gobierno del Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, al igual que los demás procesados y personas cercanas.
Se trata de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, que habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades que atentan contra la administración pública.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 35.124 millones de pesos, fueron ocupados en diligencia realizadas con apoyo de la DIJIN en Paz de Ariporo (Casanare), Fuentedeoro, San Martín y Granada (Meta), Cota (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Fuente: Comunicaciones Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
