ARAUCA
A la cárcel alias “Cecilia” y “None” capturados en Saravena
La labor investigativa y el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a Yolanda González García, alias Cecilia; y Yonnier Emilio Pinzón Mogollón, alias None, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, grupo conocido como frente décimo Martín Villa.
Las evidencias
Estas personas cumplían un rol activo en la organización criminal y, a través de llamadas y mensajes, impartían instrucciones sobre diferentes actividades ilícitas en Arauca y otras zonas del oriente del país.
Las comunicaciones dan cuenta de que alias Cecilia habría fijado cuotas de dinero a comerciantes para permitirles sacar sus productos de la región y les pedía ceder sus tierras para apoyar a la organización. Los recursos obtenidos mediante la presión que ejercía eran reportados a Ferley González, señalado cabecilla de la estructura residual, que disponía de ellos para financiar ataques contra la población civil, la infraestructura y la fuerza pública.
Influencia en elecciones
Conversaciones entre ‘Cecilia’ y ‘None’ también demuestran una injerencia ilegal que habrían tenido en las elecciones para mandatarios locales y regionales, realizadas en octubre de 2019. En algunos diálogos conocidos, se reprochaban porque el ELN incursionaba en varios municipios de Arauca y les amenazaba los aspirantes con los que se sentían identificados.
Parte de estos elementos de prueba fueron presentados por el fiscal del caso en las audiencias de control de garantías para demostrar el nivel de peligrosidad de los dos procesados, que también estarían involucrados en homicidios selectivos.
Muerte de un periodista
En un intercambio de mensajes de whatsapp recuperado por los investigadores de la Fiscalía, se constató que los capturados ordenaron el homicidio de Erick Yamid Torres Buitrago, un locutor de Saravena (Arauca), quien en marzo de 2019, días después de la comunicación, fue asesinado por el grupo residual frente 10. La víctima está reconocida por la ONU, como defensor de derechos humanos.
Toda la evidencia testimonial también da cuenta que Alias Cecilia quien contaba con esquema de protección y vehículo asignado de la UNP utilizaba este medio para transportar armas y para desplazarse a otras ciudades para cometer distintas actividades ilegales.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Yolanda González García, alias Cecilia; y Yonnier Emilio Pinzón Mogollón, alias None, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Estas personas no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los dos procesados fueron capturados en una operación coordinada de la Fiscalía General de la Nación, a través de su policía judicial CTI, y tropas del Ejército Nacional en Saravena (Arauca).
Una alerta recibida en el procedimiento daba cuenta de que el grupo residual pretendía recuperar a los detenidos en una acción armada. En ese sentido, fueron trasladados a Yopal (Casanare), donde de manera virtual se cumplieron las audiencias concentradas. La medida de aseguramiento se cumplirá en Bogotá según la disposición del juez.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años, 2 meses y un día de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por el direccionamiento de la contratación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo, entre 2012 y 2015.
El fallo precisó que el exfuncionario deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, pagar una multa equivalente a 336 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 154 meses.
En el curso del juicio oral se estableció que Castillo Cisneros permitió que avanzaran dos procesos contractuales en diciembre de 2012 y octubre de 2013, con estudios previos incompletos y fundados en precios de mercado obtenidos de documentación falsa aportada a los trámites para dar apariencia de legalidad y beneficiar a unos oferentes específicos.
Adicionalmente, se constató que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se definieron requisitos habilitantes desproporcionados que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes.
La sentencia conocida declaró a Castillo Cisneros responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y lo absolvió por peculado por apropiación agravado. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que existe el soporte probatorio pericial suficiente para que se declare la existencia de sobrecostos por 619 millones de pesos en el primer contrato y de 1.453 millones de pesos en el segundo, lo que generó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por irregularidades en el Contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años y 6 meses, al exsecretario de Educación de Arauca, William Arévalo Quintero, y al exgerente de Contratación (E), Uriel Niño López.
El ente de control comprobó que el exsecretario intervino en la elaboración de los estudios previos del modificatorio 1 y luego suscribió el adicional 1 de valor y plazo del contrato inicial, por $ 3.793’564.800, sin estudios previos serios y completos en los que se estimaran y justificaran los aspectos económicos del valor de la ración para preparar en casa y ser entregada a los acudientes de estudiantes de zonas rurales y sedes urbanas, generándose sobrecostos por $ 898’121.782
En cuanto a Niño López, se demostró, en primer lugar, que intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato.
En la decisión de primera instancia, también se destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por celebrar el adicional 2, al contrato inicial de valor y plazo por $ 4.242’584.008, sin elaborar unos estudios previos completos y precisos, que atendieran los lineamientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con ocasión de la pandemia por Covid-19.
Asimismo, el ente de control suspendió por 12 meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos, al entonces gobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, por el concurso de faltas en que incurrió al celebrar el modificatorio 1 al contrato del PAE por $ 14.078’860.590, sin tener previamente unos estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos, en el cambio de ración servida en institución educativa a ración para preparar en casa.
En lo que respecta a la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, el Ministerio Público la multó con 20 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este por el término de 10 años, por desatender su deber de vigilar y controlar la ejecución del contrato PAE.
Por último, al supervisor del contrato de interventoría suscrito con Inversiones para la Vida, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses, por no ejercer adecuadamente las labores que le fueron encomendadas, que será convertida en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta.
A juicio del Ministerio Público, los exservidores y la interventora sancionados permitieron con su conducta omisiva que, el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, impusiera la ración para preparar en casa con una escasa cantidad de ingredientes que no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante.
Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, indicó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Luego de valorar la pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su intervención en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo.
En ese sentido, fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario para hacer efectiva la pena que será conocida en los próximos días.
Los contratos que motivaron la decisión tenían por objeto la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento de Arauca.
En el curso de la investigación liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que, con los aportes a la conducta criminal del exgobernador y sus subalternos, fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.
Con este propósito ilegal, la contratación no estuvo precedida de estudios suficientemente serios y completos encaminados a determinar, entre otros, los costos, valores, alternativas y precios reales de mercado afectando los principios de legalidad, economía, transparencia, y planeación.
De igual manera, se acreditó que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se establecieron requisitos habilitantes desproporcionados, desconociendo las figuras de contrato de asociación, condicionamientos que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes en estos procesos contractuales.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
