REGIÓN
A hospitales de Boyacá les deben más de 17 mil millones por atención a migrantes
Más de 17 mil millones de pesos son los recursos que en este momento está auditando la Secretaría de Salud de Boyacá, para el pago de las cuentas a los hospitales públicos del departamento que le han prestado servicios a la población migrante irregular.
El coordinador del grupo de Auditoría y Cuentas Médicas, Rodrigo Ortega, manifestó que este proceso de auditoría se adelanta con el fin de establecer cuáles de los servicios que se han prestado por parte de los hospitales, pueden ser pagados tanto por el Gobierno Departamental, como por el Nacional.
En la reunión que adelantó la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, con el secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, en el marco del Encuentro Nacional de secretarios de Salud, explicó que posiblemente el pago por la atención a migrantes se podría realizar con fondos que provengan de la nación.
Ante este anuncio, la Secretaría de Salud procedió a adelantar un plan de contingencia para tratar de establecer qué valores se van a cancelar, a través del resultado que deje el proceso de auditoría que actualmente adelanta con agilidad el equipo auditor de la sectorial, con los hospitales, para establecer los servicios prestados.
El proceso para el Hospital Universitario San Rafael debe estar culminado el día 11 de noviembre, a fin de que sea posible expedirle la certificación, con el objeto que sea tenida en cuenta por el Gobierno Nacional para que la ESE acceda a los fondos destinados para este fin.
Este es un proceso excepcional que se desarrolla con la mayor agilidad, teniendo en cuenta que la facturación del Hospital San Rafael supera los 11 mil millones de pesos, y entendiendo la situación económica por la cual está atravesando la entidad, se hace el máximo esfuerzo.
Fuente: Gobernación de Casanare
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
