REGIÓN
A Boyacá se extendió operativo para capturar a presuntos cibercriminales
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección contra los Delitos Informáticos, logró la judicialización de seis posibles integrantes de una red criminal señalada de apoderarse fraudulentamente de más de 2.300 millones de pesos de una cadena de supermercados.
El 16 de mayo de 2023, los hoy procesados se habrían hecho pasar como directivos de una empresa de mariscos y pescados, y solicitaron la apertura de una cuenta bancaria. Posteriormente, le comunicaron a uno de los compradores de la compañía que debía dirigir los pagos al nuevo producto financiero.
De esta manera, la cadena de supermercados transfirió más de 2.334 millones de pesos a la cuenta controlada por los presuntos cibercriminales. Tan pronto ingresó el dinero, fue consignado en diversas cantidades a terceras personas que se encargaron de retirarlo.
Los posibles responsables de la maniobra ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la SIJIN de la Policía Nacional en Cartagena y Magangué (Bolívar), Medellín (Antioquia) y Sogamoso (Boyacá). Se trata de Deisy Cuadro Narváez, Brainer Castro Padilla, Andrés Alfonso Miranda Mendoza, Gloria Stefanny Gil Gil, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez y Rigoberto Ernesto Buendía Alba.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados. Por disposición de un juez de control de garantías de Bogotá, Rigoberto Ernesto Buendía Alba recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Los demás procesados deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
