CASANARE
Casa por cárcel para dos de las capturadas por escándalo en Secretaría de Tránsito de Yopal
Con detención domiciliaria fueron cobijadas dos de las tres funcionarias de la Secretaría de Tránsito de Yopal, que según la investigación de la Fiscalía durante los años 2014 y 2015 habrían incurrido en delitos contra la Administración Pública, alterando u ocultando información de infractores de tránsito por conducir en estado de embriaguez. La tercera funcionaria quedó en libertad pero sigue vinculada al proceso.
El juez dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria, por cuanto demostraron que eran cabezas de hogar, a Indira Garrido Gualdrón y Maria Claudia Molina Rincón; para Yésica Yadira Salamanca Chipiaje se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en restricción de ir a la Alcaldía, Secretaría de Transito y con la obligación de hacer presentaciones.
Indira Garrido Gualdrón fungía como Auxiliar Administrativo de la Inspección de Tránsito de Yopal para el momento de los hechos; Maria Claudia Molina Rincón para entonces y actualmente se desempeñaba como Técnico Administrativo de la Secretaría de Transito de la capital casanareña y Yésica Yadira Salamanca, se desempeñaba entonces como Auxiliar de una concesión Transportadora de la región.
Las autoridades continúan en la búsqueda de Rocío Martínez Prieto, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Inspectora de Tránsito en Yopal y se considera como la persona con mayor responsabilidad en estos hechos, pero no ha sido posible ubicarla por parte de los investigadores. La prófuga ex funcionaria habría señalado a través de terceros que se entregaría ante las autoridades, pero hasta el momento no lo ha hecho y las autoridades persisten en su búsqueda para hacer efectiva la orden de captura en su contra.
La imputación
Las irregularidades que se les imputan tendrían que ver con el manejo del sistema SIMIT, a cargo de la Inspección de Transito de Yopal, con relación a comparendos expedidos por embriaguez que presentarían modificaciones y eliminación de las infracciones mediante resoluciones falsas a cambio, al parecer, de dádivas solicitadas a los infractores, que causaron la pérdida de por lo menos $ 392’000.000 millones de pesos para el municipio, según un informe de auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare. La Fiscalía habría detectado que al parecer, se habrían devuelto licencias de tránsito a conductores infractores, que nunca fueron sancionados.
Las detenidas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, concusión, falsedad Ideológica en documento público, prevaricato destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, los cuales no fueron aceptados.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
