CASANARE
ICBF crea fondo educativo para financiar estudios de madres comunitarias
Cerca de 10.500 agentes educativos y madres comunitarias encargados de la atención integral de 2 millones de niños y niñas entre cero y cinco años de edad en el país, serán formados y cualificados en pedagogía infantil y otros temas relacionados con la educación inicial de la primera infancia, gracias al fondo educativo creado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).
El Fondo para la Formación y Cualificación de Agentes Educativos y Madres Comunitarias de los Servicios de Educación Inicial y Atención a la Primera Infancia fue creado con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de formación permanente de la madres comunitarias y agentes educativos del país.
“Por primera vez en el ICBF creamos un fondo educativo para financiar la formación de nuestras coequiperas, las madres comunitarias, y de los agentes educativos que todos los días le ponen el corazón al cuidado, atención y protección de los niños y niñas de primera infancia. Este talento humano merece nuestro apoyo y reconocimiento, por eso seguimos enfocando todos los esfuerzos institucionales y haciendo grandes alianzas, esta vez en conjunto con el ICETEX, para potencializar sus conocimientos y que sigan creciendo intelectualmente, ejerciendo su labor con calidad en favor de la población infantil”, aseguró Karen Abudinen Abuchaibe, Directora General del ICBF.
Este Fondo, que cuenta con recursos por el orden de los $16.000 millones dispuestos por el ICBF y administrados por el ICETEX, servirá para cubrir hasta el 80% del valor de la matrícula de aquellos agentes educativos y madres comunitarias que se formen en Licenciatura de Pedagogía Infantil en instituciones de educación superior, y el 100% para quienes realicen diplomados y cursos cortos en temas relacionados con la educación inicial en entidades para el desarrollo humano; con el fin de garantizar la calidad del talento humano que atiende a la primera infancia del país.
Dentro de los criterios de selección para beneficiar a los 10.500 agentes educativos y madres comunitarias en todo el país, se tendrá en cuenta el tipo de formación a desarrollar: 1) la labor o rol desempeñado durante su experiencia en la atención a la primera infancia, 2) que en lo posible no hayan sido beneficiarios de estos procesos de formación en vigencia anteriores y 3) serán priorizados aquellos que estén en los 170 municipios focalizados por el Gobierno Nacional como territorios de paz.
Entre los agentes educativos y madres comunitarias que se beneficiarán de este fondo se encuentran 140 personas de Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
