CASANARE
El 63% de Casanare tiene riesgo electoral, dice la Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentó la Alerta Temprana de Riesgo Electoral – 2018, con la que se identificaron 287 municipios, en 29 departamentos, donde hay peligro por la posible incidencia e intervención de un grupo armado ilegal para las elecciones de Congreso y Presidencia.
De estos 287 municipios, un total de 87 están calificados en riesgo extremo (13 departamentos); 91 en riesgo alto (18 departamentos) y 109 en riesgo medio (22 departamentos).
En el caso puntual de Casanare, el municipio de Aguazul fue el único declarado en riesgo extremo, por la presunta injerencia del ELN y otros grupos armados posdesmovilización. En riesgo alto fueron declarados los municipios de Hato Corozal (ELN y otros grupos armados posdesmovilización); La Salina (ELN); Paz de Ariporo (ELN y otros grupos armados posdesmovilización); Sácama (ELN); Yopal (ELN y otros grupos armados posdesmovilización).
En riesgo medio fueron declarados los municipios de Chámeza, Nunchía, Recetor, San Luis de Palenque, Támara y Trinidad, donde según la Defensoría del Pueblo existe presencia del ELN y grupos posdesmovilización de las AUC.
“Nuestra principal preocupación y motivación es que los electores puedan acudir a esta cita con la democracia de forma libre, espontánea y pacífica y, asimismo, que los ciudadanos que aspiran legítimamente a ocupar a estos cargos públicos, lo hagan sin que su derecho a la vida e integridad personal se vean afectados”, afirmó Negret Mosquera.
Según la Defensoría del Pueblo, las conductas que más vulneran a la población son amenazas contra personas o movimientos políticos; constreñimiento al sufragante; perturbación del certamen democrático y restricciones a la movilidad.
“Ningún grupo armado ilegal, a la fecha, ha manifestado públicamente querer atentar contra el certamen electoral, no obstante, su simple presencia, así como las acciones desplegadas recientemente, pueden afectar la libertad de los electores y de los candidatos en este proceso democrático”, agregó el Defensor del Pueblo.
Por último, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a las autoridades, “especialmente al Gobierno nacional, para adoptar todas las medidas de protección que se requieran a efectos de salvaguardar el proceso electoral que hace parte de la columna vertebral de nuestra democracia. El máximo interés de la Defensoría es que los riesgos que estamos advirtiendo no se concreten y especialmente que ningún elector o candidato vaya a ser víctima de violaciones al derecho a la vida e integridad personal en el marco de este importante proceso”.
Consulte acá el listado completo de municipios colombianos Listado Municipio AREL- Febrero-14-2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
