Hallazgos por $6.251 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República al revisar los contratos del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Arauca.

El organismo de control detectó irregularidades como pago de raciones alimenticias no entregadas a los beneficiarios, pago de complementos alimentarios que no cumplían las condiciones de cantidad y aportes de nutrientes requeridos, entrega de alimentación escolar a personas que no deben ser cubiertas con el programa, certificación de complementos no entregados y duplicidad en el pago de los mismos.

La Gerencia Departamental de la Contraloría en Arauca resolvió así una denuncia que daba cuenta de hechos irregulares en relación a los valores pagados en el caso de los contratos para prestación de los servicios de complemento alimenticio y almuerzo, celebrados por el Departamento de Arauca con la firma Ferry Services Ltda.

Deficiente interventoría

Para la Contraloría General de la República es cuestionable también el resultado de la interventoría contratada con la empresa CML Ingeniería y Consultorías S.A.S.

Las deficiencias por parte de la interventoría y la supervisión de la Secretaria de Educación Departamental, permitió el pago de complementos alimentarios que no cumplen con las condiciones de cantidad, aportes de energía y nutrientes mínimos requeridos en la minuta patrón, con una incorrecta aplicación de descuentos, que generó un detrimento por valor de $27 millones.

Más irregularidades

Otra irregularidad que encontró la Contraloría es la certificación y pago de complementos alimentarios en días de permisos sindicales y que algunas Instituciones Educativas certifican la totalidad de complementos, incluyendo desayuno, almuerzo y cena, sin la existencia de jornada escolar o justificación de este hecho.

Se encontraron certificaciones de rectores que corresponden al 100% de la población beneficiaria, sin tener en cuenta que hubo raciones que no se entregaron o no fueron consumidas por los estudiantes.

La alimentación escolar incluye, según listados de beneficiarios, grupos en edades superiores a 18 años que no se identifican como población vulnerable, perteneciente a una etnia, víctima del conflicto o con discapacidad. Adicionalmente se identifica población de estratos 4, 5 y 6.

Fuente: Prensa Contraloría General de la República