CASANARE
La JEP postuló a 22 exmilitares y civiles para recibir sanciones propias por 318 “falsos positivos” en Casanare
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en el esclarecimiento del Caso 03, al postular ante el Tribunal para la Paz a 22 comparecientes —entre ellos 19 integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles— por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 318 personas en Casanare, entre 2005 y 2008, presentadas ilegalmente como dadas de baja en combate.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los postulados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva sobre el patrón macrocriminal ejecutado en la región. Por ello, fueron remitidos para la etapa de juicio en la que se definirá la imposición de Sanciones Propias, penas restaurativas que implican restricción efectiva de libertades, reparación a las víctimas y monitoreo internacional, pero no cárcel.
¿Quiénes son los imputados?
Entre los comparecientes se encuentran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare; y varios exoficiales, suboficiales y soldados vinculados al Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno) y otras unidades operativas. También fueron incluidos el exdetective del DAS Orlando Rivas Tovar y los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes fungieron como falsos informantes para atraer víctimas a los grupos militares.
Según la JEP, los comparecientes integraron una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para ejecutar y encubrir asesinatos de civiles, motivados por un sistema de presiones e incentivos que premiaba los resultados operacionales. Bajo esta lógica, los militares reportaron ilegítimamente muertes en combate para obtener reconocimientos, permisos y ascensos.
La Sala también imputó delitos de tortura y tratos crueles a seis de los acusados, luego de comprobar que varias víctimas fueron ultrajadas física y psicológicamente antes de ser asesinadas. Los hechos fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Más de 612 víctimas han sido acreditadas en el subcaso Casanare. En los espacios restaurativos realizados por la JEP, sobrevivientes y familiares participaron en encuentros con los responsables, logrando esclarecer detalles sobre las ejecuciones y las dinámicas internas de las unidades militares implicadas.
Los proyectos restaurativos
Los postulados presentaron cuatro proyectos restaurativos que serán evaluados por el Tribunal para la Paz: la creación del Parque Memoria y Paz en Yopal, la Universidad de la Memoria y la Justicia, el monumento “Homenaje al Campesino por su Valor y Dignidad” y un programa de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.
La resolución de conclusiones, emitida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, constituye la quinta de este tipo y la cuarta dentro del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. La decisión abre paso a la etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones y las condiciones de cumplimiento.
Este subcaso permitió establecer que, entre 2005 y 2008, la Brigada XVI alcanzó los primeros lugares en resultados operacionales a costa de una práctica criminal sistemática. La JEP determinó que, en palabras de uno de los comparecientes, lo ocurrido en el Casanare constituyó “una masacre contra el pueblo casanareño”.
Fuente: El Diario del Llano
Durante años, la salud mental en Yopal fue un tema relegado al silencio y atendido, en la mayoría de los casos, desde lo privado, con grandes limitaciones para las familias más vulnerables. Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse: el municipio contará con el hospital público de salud mental de la Orinoquía, una infraestructura pensada para cuidar la vida, prevenir tragedias y brindar atención digna y oportuna. Esta decisión se consolida bajo la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz, como una respuesta institucional a una de las problemáticas sociales más sensibles del territorio.
Desde esta apuesta pública, la salud mental adquiere un lugar prioritario dentro del municipio, reconociendo que existen dolores que no se curan con medicamentos, pero sí con una adecuada intervención de profesionales especializados, acompañamiento oportuno y espacios diseñados para una atención integral. Con este proyecto, Yopal se posiciona a la vanguardia de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, al convertirse en sede del hospital público de salud mental de la Orinoquía colombiana.
La viabilidad de esta iniciativa, que contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado del alcalde Marco Tulio Ruiz, el apoyo de la senadora Sonia Bernal y el respaldo del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto fue estructurado por profesionales de la ESE Salud Yopal y de diferentes dependencias de la alcaldía, logrando su aprobación en un tiempo récord de ocho meses.
¿Qué tendrá el nuevo hospital?
El nuevo hospital contará con áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, farmacia y apoyos terapéuticos, convirtiéndose en una alternativa pública y accesible para las familias que hoy no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de una atención privada o que deben desplazarse a otras regiones del país. Además del hospital de salud mental, el Ministerio de Salud también respaldó recursos para fortalecer la atención primaria en el territorio, mediante la remodelación del PAPS de Quebradaseca y de los CAPS de El Morro y La Chaparrera, ampliando así la capacidad de atención y prevención en salud para comunidades rurales y urbanas.
En materia de talento humano, cerca de 300 profesionales entre enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos familiaristas serán capacitados para implementar el modelo de atención requerido en salud mental. A esto se suma la formación de 750 gestores comunitarios, quienes desde el territorio permitirán identificar de manera temprana a las personas que requieren acompañamiento profesional. Las cifras evidencian la urgencia de esta intervención: en el año 2024 se registraron 9 suicidios en Yopal y en 2025 la cifra ascendió a 8 casos. En el departamento de Casanare, 331 personas atentaron contra su vida, una realidad que exige respuestas inmediatas desde lo público y que hoy empieza a ser atendida con acciones concretas.
Funcionarios de la SIJIN del Departamento de Policía Casanare, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias “Maestro”, en el sector de Araguaney, en el kilómetro 18 de la vía Yopal – Paz de Ariporo.
Según el reporte de las autoridades, el capturado es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado y sería colaborador logístico y subordinado de alias “Topo”, quien fue capturado el 24 de noviembre de 2025 por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.
Como se recuerda, alias “Topo” se desempeñaba como cabecilla de la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, con injerencia en el departamento de Casanare.
La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento de alias “Maestro”; sin embargo, el juez de control de garantías determinó dejar en libertad al capturado.
Una menor de 13 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en la noche del martes 7 de enero de 2026, en la vía que comunica a Yopal con Aguazul. El siniestro ocurrió hacia las 8:30 p. m., a la altura del kilómetro 96+100, según el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información oficial, la menor habría viajado como polizón en un tractocamión que se desplazaba en sentido Yopal – Aguazul. Por causas que son materia de investigación, la niña cayó desde la parte posterior del vehículo y fue encontrada tendida sobre el carril derecho de la vía, con múltiples lesiones.
La víctima presentó trauma craneoencefálico severo y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho y reiteraron el llamado a conductores y ciudadanos a no permitir ni promover prácticas peligrosas como viajar de manera irregular en vehículos de carga, ya que representan un alto riesgo para la vida, especialmente de menores de edad.
