CASANARE
La oscura mancha de la petrolera Perenco en Casanare
El periodista inglés Michael Gillard volvió texto las voces y testimonios de la gente frente a muchas de las actuaciones de la gigante francesa en el Casanare. Publicó en New Matilda el artículo Muerte máxima: Asesinato al mejor postor en los campos petroleros en Colombia.
Galardonado como el mejor en Inglaterra en 2013 – Gillard se internó en el Casanare a investigar las amenazas a los líderes ambientales que trabajaban con las comunidades en la zona de operación de la petrolera. Viajó hasta la población de Trinidad y estuvo en el segundo aniversario del asesinato de Daniel Abril Fuentes. Este campesino había luchado del lado de los ambientalistas por comprometer a las empresas petroleras de la región, especialmente Ecopetrol y Perenco, con la protección del medio ambiente. La gente lo recordaba con dolor y lloraba, pero estaban tranquilos mientras el cura del pueblo elogiaba el sacrificio de los mártires que luchaban contra las multinacionales.
Gillard se reunió sigilosamente con los pocos líderes que resisten y mantienen sus exigencias para exigirle a las petroleras no solo lo que les corresponde de regalías en inversión social, sino que no acaben con la tierra. Uno de ellos fue Milton Cárdenas, quien lo recibió en la clandestinidad. Trabajó varios años manejando el taladro de Perenco en Tesoro de Bubuy, otro pueblo en Aguazul, Casanare, en el pozo La Gloria y, por lo tanto, sabía demasiado. Ahora quiere que la compañía responda con inversión en infraestructura y educación, y según sus mismas palabras, no regalando camisetas y cachuchas. De allí los plantones frente a la empresa que ha liderado.
El terror comenzó cuando se percataron que estaban siendo registrados fotográficamente por guardias de la empresa de vigilancia Santafereña que prestaba sus servicios a Perenco.
En una de esas marchas apareció Jaime Ortiz, campesino de la región. Para apoyar a los manifestantes sacó los búfalos de su finca – que linda con el pozo La Gloria – para bloquear la entrada. Nadie podía entrar o salir. Desde ese día, ha sufrido dos intentos de asesinato: uno en 2014 y otro en 2016, según narra Gillard.
El campesino Cárdenas volvió a presionar a comienzos del 2015 para evitar que el petróleo fuera a parar a los ríos que nacen cerca al pozo. Pocos días después recibió la primera llamada: que lo iban a matar, que tenía que dejar de molestar. Acudió de inmediato a la Brigada XVI y dejó la denuncia. Al día siguiente cayó asesinado su compañero Daniel Abril. El único capturado – en junio de 2017 – por este homicidio es Eliécer Anzueta Cero. La Fiscalía tuvo que entrar a la Brigada XVI del Ejército en Yopal. Anzueta era soldado profesional.
Se recuerda aun en el Casanare la muerte del director de Corporinoquia Carlos Humberto Vargas hace veinte años. Llevaba los vidrios de su camioneta cerrados. El aire acondicionado rugía en el calor de Yopal cuando sonaron tres tiros. Había sido acallada su voz en plena negociación de la inversión social de las petroleras en la región, con Perenco en primera línea.
La conclusión de Michael Gillard en su artículo es que hoy Aguazul ha cambiado poco para aquellos que se oponen a los ríos contaminados y la desaparición de las cañadas. Para esos líderes, Casanare sigue siendo igual de peligroso que en la época en que los paramilitares del Bloque Centauros, al mando de don Mario, y las autodefensas campesinas del Casanare, en cabeza de Martín Llanos, se movían por la vía principal entre Villavicencio y Yopal, a plena luz del día, en camionetas y completamente armados.
La respuesta paramilitar fue tan violencia como el plan de las Farc contra las empresas extranjeras vinculadas al sector de hidrocarburos. Las bombas estallaban, los oleoductos tenían que cerrarse y empleados y directivos fueron secuestrados con pretensiones económicas. El Oleoducto Central del Llano que transportaba petróleo extraído de los 14 pozos que tenía Perenco en Casanare; dos años después la guerrilla se quedó con un helicóptero utilizado por una de sus empresas contratistas.
En las audiencias de Justicia y Paz para cerrar la negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, comandantes como Nelson Vargas Gordillo y Don Mario mencionaron en sus versiones libres la firma francesa y entregaron detalles de sus métodos de colaboración. La Fiscalía les abrió un proceso penal, pero se cerró sin mayores avances. Entrevistaron a 13 personas escogidas al azar, vinculadas laboralmente con la compañía, quienes negaron las afirmaciones y cerraron el caso.
La Fiscalía comenzó una segunda ronda de investigaciones. Esta vez bajo la tutela de Víctor Fabio García, Fiscal 86 especial de Justicia Transicional. La defensa de la empresa, liderada por Santiago Reyes Botero – abogado especialista en petróleo y uno de los representantes legales de Perenco Colombia – logró que el proceso se archivara definitivamente.
La llegada de los franceses a Colombia se dio 1993, en el gobierno de Ernesto Samper cuando la empresa francesa le compró a Aquitaine – coterránea suya – el pozo en Aguazul. Su fundador fue Hubert Perrodo, hijo de un pescador humilde. Se enlistó en la marina francesa, desde donde pudo conocer las costas de África, Canadá y Estados Unidos. En California un día se quitó el traje de cadete y comenzó a rebuscarse la vida. Terminó atendiendo una fiesta en el yate de Jack Walton, el dueño de Gulf – una de las petroleras más grandes del mundo – y, siguiendo sus consejos, cambió definitivamente el uniforme marítimo por un overol de la empresa la petrolera Forex. Comenzó su carrera buscando oro negro. Fundó Perenco en 1975 y desde entonces no ha dejado de crecer. La empresa conquistó países en África, Asia y Suramérica.
Hubert Perrodo murió repentinamente de un episodio cardiaco en 2006 y su viuda Carrie quedó con una fortuna de USD $ 10 mil millones. En Colombia su presencia ha crecido significativamente en sus 25 años hasta pasar a ser una de las diez petroleras más grandes del país. En 2013 compró los yacimientos de petróleo y los oleoductos de Petrobras, el gigante brasileño, con lo que completó nueve contratos de pozos para extraer petróleo, así como doce tramos de oleoductos. Perenco sigue extrayendo 23,021 barriles de petróleo diarios, sin contar los cinco pozos que tienen en exploración.
Fuente: www.las2orillas.co
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
