CASANARE
Tomó en alquiler una buseta y extorsionaba a la dueña para devolverle los documentos
Justo cuando recibía el dinero producto de la exigencia económica que venía haciéndole a su víctima, funcionarios del CTI GAULA en coordinación con el GAULA Militar y la Fiscalía 5 Especializada, capturaron en flagrancia a un sujeto natural de Aguazul, por el delito Extorsión.
La captura se produjo en pleno centro de Yopal, frente a las instalaciones del Gaula, donde el sujeto había citado a su víctima para recibir la suma de un millón de pesos, a cambio de devolverle los documentos de propiedad y las llaves de una buseta que meses antes le había alquilado.
La víctima y propietaria de una buseta, se le había alquilado al capturado hace aproximadamente ocho meses, pero luego de hacerlo éste nunca canceló el valor del alquiler ni se reportó para saber el paradero del vehículo. Por el contrario, se dedicó al transporte ilegal o pirata en la buseta, lo que ocasionó que le fueran expedidas dos órdenes de comparendo que se cargaron a nombre de la propietaria, por sumas millonarias.
En razón a que nunca pudo contactar al sujeto que le había tomado en alquiler la buseta, y solo por redes sociales se enteraba de las andanzas en el transporte ilegal gracias a las denuncias de otros conductores, la propietaria se dio a la tarea de ubicar el vehículo para recuperarlo y dar por terminado el contrato o acuerdo que nunca le cumplieron. Fue así como pudo ubicar el vehículo e inmovilizarlo, pero se quedó sin los documentos de propiedad ni las llaves del mismo.
Otros conductores denunciaban por redes sociales que la buseta estaba “pirateando”
Al ver que la propietaria de la buseta la había inmovilizado por el incumplimiento del contrato, el sujeto mediante llamadas telefónicas comenzó a exigirle la suma de un millón de pesos ($1.000.000) y el paz y salvo del pacto celebrado, para así devolverle los documentos de propiedad del vehículo y las llaves, motivo por el cual la víctima dio aviso a las autoridades de estas exigencias.
La víctima accedió a las pretensiones del capturado bajo la supervisión de las autoridades, llevó el dinero al sitio pactado y lo entregó al indiciado, posteriormente mediante operativo de entrega controlada se efectúa la captura en flagrancia por el delito de extorsión.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
