CASANARE
El caso de los “Falsos Positivos” en Casanare y la búsqueda de Justicia en la JEP
El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.
En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.
El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.
En 2021, la JEP abrió el Caso 03
Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.
Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.
La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.
El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En su visita a Yopal, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del sistema de salud en Casanare, anunciando que uno de los principales proyectos priorizados será la construcción y dotación de la torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO). La funcionaria destacó que esta iniciativa hace parte de la red nacional de hospitales de mediana y alta complejidad impulsada por el presidente Gustavo Petro, con el propósito de mejorar la atención en salud en las regiones.
“Proyecto está en el corazón del Presidente”
Molina explicó que, aunque el DNP no es una entidad ejecutora, trabaja de manera articulada con la Gobernación de Casanare y el Ministerio de Salud en la búsqueda de mecanismos de financiación complementaria que garanticen la consolidación del proyecto. Indicó que ya existe un compromiso del ministro de Salud por 100.000 millones de pesos para la obra, y que se gestionan recursos adicionales desde Planeación Nacional para completar la dotación y equipamiento especializado que requiere la nueva torre hospitalaria.
Finalmente, Molina reiteró que la construcción y dotación de la torre del HORO está “en el corazón del Gobierno Nacional” y que su ejecución será posible gracias al trabajo conjunto entre las autoridades locales, departamentales y nacionales, bajo la visión de “Colombia, potencia mundial de la vida.”
Planeación Nacional y ENTerritorio S.A, junto a la Gobernación de Casanare, entregaron dos proyectos importantes dentro del ‘Pacto Territorial Casanare’, una estrategia del Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo en los territorios. Las obras, en Aguazul y Yopal, mejoran la movilidad rural y la protección de comunidades frente a inundaciones.
En Yopal se entregó el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la vía El Milagro – Yopitos, una conexión rural de seis kilómetros que facilita el transporte de productos agrícolas y mejora la movilidad entre veredas. La obra tuvo una inversión de $13.817 millones e incluyó la construcción de pavimento flexible, capas de mejoramiento y 14 alcantarillas que favorecen el drenaje y la seguridad vial de más de 12.000 habitantes.
Mientras tanto, en Aguazul, se entregó la obra de revestimiento del canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón; una solución para los sectores residenciales que por años padecieron las inundaciones. La intervención, con una inversión de $23.306 millones, contempló trabajos de canalización, instalación de barandas metálicas, tuberías pluviales, alumbrado y obras complementarias que benefician a más de 41.700 personas.
Según explicó Alfonso Cárdenas, director del Departamento Administrativo de Planeación, estas iniciativas forman parte de un trabajo articulado que busca responder a las necesidades reales de los casanareños mediante proyectos con impacto directo en sus comunidades.
En total, el ‘Pacto Territorial Casanare’ contempla tres proyectos con una inversión de $44.590 millones, de los cuales ya se registra una ejecución del 84,3%.
Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Chámeza y la Gobernación de Casanare y a la ejecución del Instituto Financiero de Casanare (IFC), culminaron con éxito los puentes vehiculares Caracoleña y Tegüitana en este municipio en el municipio de Chámeza.
Dichas obras, que conectan entre otras veredas, Tegüita Baja, Tegüita Alta, Barriales, y La Palma, con la cabecera municipal de Chámeza ya cuentan con su respectiva prueba de carga y están listas para entregarse a la comunidad chamezana, este viernes 31 de octubre.
Los dos puentes vehiculares en concreto reforzado sobre las quebradas La Caracoleña y Tegüitana, mejorarán la conectividad rural y garantizarán el tránsito seguro de los habitantes de la zona y la comercialización de productos agrícolas.
Las nuevas estructuras se encuentran ubicadas en vías terciarias y cuentan con un carril sencillo de 4,0 metros de ancho, además de un andén peatonal de 0,90 metros y dos barandas de concreto reforzado, que aportarán seguridad a peatones y conductores.
Cada puente tiene una luz aproximada de 26,60 metros, entre caras de estribos, diseñada para resistir las condiciones hidráulicas de las quebradas y las cargas vehiculares propias del tránsito rural.
“Con estas obras, la administración departamental busca fortalecer la infraestructura vial del municipio de Chámeza, facilitar el acceso a las veredas, optimizar la movilidad de productos agrícolas y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de estas rutas”, dijo el gerente del Instituto Financiero de Casanare, Óscar Javier Araque Garzón.
Las obras fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
