La Policía Nacional logró la captura de un hombre y la incautación de 116 kilogramos de base de cocaína, los cuales eran transportados en la modalidad de caleta al interior de un vehículo camión.

El hecho se registró sobre el tramo vial que conduce de Granada a San Juan de Arama, a la altura del sector conocido como Punta Brava, donde los uniformados realizaron el pare al automotor para una solicitud de antecedentes y confirmaron que tenía orden judicial de inmovilización al parecer por motivo de embargo.

“Con parte del procedimiento nuestros uniformados condujeron el automotor hasta las instalaciones policiales donde un olor particular llamó la atención; al verificar la carrocería, se observa un doble fondo donde fue encontrado el narcótico avaluado en más de 300 millones de pesos”, informó el coronel Norman Andrés Gómez Linares, comandante de la Policía del Meta.

Ante este hallazgo, el sujeto fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder judicial y penalmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El Departamento de Policía Meta en articulación con la SIJIN y unidades de Inteligencia investigan sobre la procedencia del alucinógeno, sobre cuál sería el destino y a qué grupo o estructura delincuencia haría parte.

En medio de la diligencia judicial de captura, se logró identificar que el sujeto detenido presenta anotaciones ante el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA de la Fiscalía General de la Nación, por delitos como: porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, porte y tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

Fuente: Policía Meta

Respecto al bloqueo permanente iniciado el pasado 2 de agosto en la estación de peaje Puente Amarillo de la concesión vial Villavicencio – Yopal, la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. informó que desde esa fecha, se han llevado a cabo más de 12 mesas de diálogo con los manifestantes, contando con la participación del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Defensoría del Pueblo Regional Meta, la Gobernación del Meta y otras autoridades regionales.

En el marco de estas conversaciones, la ANI ha propuesto establecer tarifas diferenciales para los habitantes de Villavicencio, Restrepo y Cumaral, así como tarifas especiales los fines de semana para incentivar el turismo. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por los manifestantes, quienes argumentan una presunta ilegalidad del peaje, exigen su desmonte y el no pago de la tasa.

En más de 100 días de bloqueos, más de un millón de vehículos han transitado por el corredor Villavicencio – Yopal, lo que ha representado una pérdida para los recursos de la nación, como fuente de pago del Contrato de Concesión, superior a los 10.000 millones de pesos.

Es de resaltar que este proyecto de concesión, a octubre de 2024, presenta un avance de obra del 93% y ha generado más de 25.000 empleos durante su ejecución, convirtiéndose en uno de los proyectos 4G de concesiones con mayor longitud de desarrollo, mayor número de empleos generados y con una mejora sustancial de la infraestructura. Estas inversiones de obra y de operación de la vía se retribuyen con vigencias futuras de la nación y con el recaudo de peajes, por lo que la alteración en el cobro de la tasa de peaje afecta de manera grave y sistemática la economía del contrato y conlleva a un detrimento patrimonial para el Estado.

El pasado 12 de noviembre, las autoridades nacionales y departamentales tomaron la decisión de buscar el restablecimiento de la operación de la caseta de peaje Puente Amarillo. Para ello, personal de la concesionaria, con el acompañamiento de la Policía Nacional, intentó reanudar las actividades de la estación para realizar el cobro correspondiente. Sin embargo, el personal fue agredido física y verbalmente por los manifestantes, lo que hizo imposible restablecer el servicio.

Desde la concesión, hacen el llamado al diálogo para la búsqueda de una solución consensuada que beneficie a todas las partes.

Fuente: Covioriente

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 52 años y 4 meses de prisión a Leonardo Ibarra Chávez; a 47 años y 4 meses a Iván Antonio Larrahondo Pallares, y a Óscar James Castro Reboyero.

Las tres personas fueron encontradas responsables de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones  y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

Los hechos investigados ocurrieron el 18 de enero de 2022 en un sector residencial de Villavicencio (Meta) a donde los tres sentenciados asesinaron a un hombre por despojarlo de una cadena de oro avaluada en 300.000 pesos.

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Labores de policía judicial evidenciaron que los sentenciados se movilizaban en dos motocicletas hasta un establecimiento de comida rápida del barrio Bambú de Villavicencio, donde se encontraba la víctima en compañía de otra persona.

Larrahondo Pallares dejó a Castro Reboyero en el local comercial y este aprovechó lo desprevenida que estaba la víctima para abordarla e intimidarla con un arma de fuego, quitándole una cadena de oro que llevaba, luego le disparó causándole la muerte.

El atacante huyó del lugar en otra motocicleta, que era conducida por Ibarra Chávez. El juez de conocimiento negó a los condenados los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

La decisión emitida en primera instancia fue apelada por la defensa.

Fuente: Fiscalía General de la Nación