REGIÓN
Avanza diálogo con productores de cebolla afectados por las pérdidas económicas
La Secretaría de Agricultura de Boyacá ha entablado un diálogo con los productores de cebolla que reportan pérdidas significativas, debido a varios factores que han afectado la producción y sus ingresos.
Los voceros de los productores cebolleros dieron a conocer las principales causas de la crisis:
- Bajos precios causados por el aumento desmedido de importaciones, ya que todas las plazas del país están llenas de cebolla importada y no se protege la producción nacional, pues los controles fronterizos no son suficientes para afrontar este problema.
- Altos costos de producción, ya que el gremio cebollero colombiano no cuenta con una agricultura subsidiada como es el caso de Ecuador, lo que hace que sus costos de producción se reduzcan en un 50 por ciento.
Actualmente, la producción nacional de cebolla cubre la demanda del país, por tal motivo, se debe proteger la economía de las más de 100.000 familias que viven de este cultivo en más de 266 municipios productores, ubicados en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño Santander, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca Tolima y Huila.
Las casas proveedoras de semillas de cebolla han desarrollado material vegetal para variedad de pisos térmicos, lo que ha incrementado los cultivos. Adicionalmente, el esquema productivo nacional no cuenta con datos precisos del área de siembra, por lo cual se desconoce la producción real.
Los productores aseguran que otro punto clave a tener en cuenta es que Corabastos Bogotá, entidad de economía mixta de la cual hace parte el Gobierno nacional, es donde se fija el precio de los productos de la canasta familiar a nivel nacional, razón por la cual, se necesita intervención institucional, ya que, según ese gremio, “existe un monopolio desmedido de pocos comerciantes, quienes terminan pagando, de acuerdo con sus intereses, el trabajo del campesinado”.
Ante esta situación, el Gobierno departamental junto con la Asamblea de Boyacá ha entablado un diálogo con los actores afectados (representantes de los sectores productivos y organizaciones de agricultores) en el que se han escuchado las diferentes problemáticas que afronta el sector para explorar soluciones conjuntas que permitan superar la crisis.
Desde la Gobernación de Boyacá se hace un llamado a la acción de todas las entidades competentes del Gobierno nacional, en especial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Policía Nacional y Policía Fiscal y Aduanera, así como la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y CORABASTOS, para que se implementen medidas urgentes que apoyen a los productores.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
