META
Primera sentencia de restitución en Mesetas ordena compensar a familia desterrada por la guerrilla
Una familia que fue desterrada por el accionar de la guerrilla de las Farc-Ep en Mesetas (Meta), fue reconocida como víctima de abandono forzado del predio “La Cabaña”, de 38 hectáreas y 6.685 metros cuadrados, ubicado en la vereda Betania.
Al proferir la primera sentencia de restitución de tierras de este municipio, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su compensación y reconoció que el actual ocupante demostró la buena fe exenta de culpa.
La historia comenzó en 1994, cuando la pareja de esposos adquirió la finca para cultivar en ella yuca, caña, plátano, maíz y criar ganado. La tranquilidad familiar terminó con la presencia del frente 40 de las Farc y la incursión paramilitar en la zona. En esa época, la guerrilla citaba constantemente a los habitantes en la escuela de la vereda para extorsionarlos. Así mismo, obligaba a los menores de edad a dejar sus estudios para ingresarlos en sus filas.
El día más crítico para la familia fue el 9 de abril de 2006, cuando hombres armados llegaron al predio y manifestaron que, por orden del comandante “Pluma”, tenían dos días de plazo para sacar a su hijo del internado y entregárselo a la organización ilegal. Además, por esos días, hubo un enfrentamiento entre el Ejercito y las Farc que dejó como consecuencia la destrucción de la vivienda.
Ante estos hechos, la familia debió desplazarse hacia el municipio de Puerto Gaitán. La finca quedó en manos de un familiar pero, al poco tiempo, fue enajenada a un campesino por $30 millones. Él fue reconocido como segundo ocupante de buena fe por no tener relación con el hecho victimizante.
Con el paso del tiempo y tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, los integrantes de esta familia acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que llevó su caso ante la justicia. Hoy en día logró que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y, a la vez, que se ordenara la compensación de su predio.
Entretanto, en el terreno, donde además funciona la escuela de la vereda Betania, continuará residiendo el ocupante, quien demostró que adquirió legalmente el predio.
Martha Liliana Arévalo, directora territorial encargada de la URT en Meta, dijo: “celebro que la justicia emita la primera sentencia de Mesetas, uno de los municipios históricamente afectados por el conflicto armado y despojo de tierras. Allí las víctimas han presentado en total 573 solicitudes y la Unidad ha radicado 60 demandas ante los jueces de restitución”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras. URT
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre que habría agredido sexualmente a una menor de 11 años, en hechos ocurridos en 2022, en un sector urbano de Puerto Gaitán.
Un fiscal seccional, imputó al procesado de 31 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que no fue aceptado.
De acuerdo con la investigación, el hombre que vivía en el mismo sector de la víctima, la habría abordado en el momento que la menor se encontraba sola y la sometió a vejámenes sexuales.
El presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, en zona rural del municipio, donde intentó esconderse.
La Fiscalía investiga si hay más personas que serían víctimas de este actuar delincuencial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Policía Nacional en el departamento del Meta señaló que investiga los hechos registrados en la mañana del lunes, 18 de noviembre en el municipio de Guamal, donde una menor de 5 años de edad identificada como Sara Natalia Camacho fue hallada sin signos vitales al interior de una su vivienda.
Uniformados de la Estación de Policía de ese municipio al recibir una llamada telefónica sobre este hecho, se desplazaron de manera inmediata hacia el domicilio ubicado en la vereda Santa Bárbara, donde ya hacía presencia personal médico local quienes confirman el deceso de la menor.
Se conoció que fue el padrastro de la menor quien denunció la situación, indicando a las autoridades que la niña salió de la vivienda sobre las 11 de la noche y regresó en la madrugada del 18 de noviembre.
Un equipo especializado de la SIJIN fue designado para iniciar las investigaciones correspondientes a este caso, con el objetivo de conocer las posibles causas del fallecimiento de la infante de tan solo cinco años de edad.
La Fiscalía General de la Nación junto con Comisaría de Familia, llegaron a la vivienda en aras de apoyar el proceso de investigación y acompañamiento a los familiares.
Fuente: Policía Meta
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sonia Paola Montoya Narváez y Anwar Zamir Abdala Herrera, como presuntos responsables del delito de estafa agravada masa, debido a su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2015 y 2022 en Villavicencio y Puerto López (Meta).
En uno de los casos ocurrido entre diciembre de 2017 y septiembre de 2020, Montoya Narváez, como representante legal de una sociedad y directora comercial de un concesionario automotriz, habría recibido 297’300.000 de pesos por la venta de vehículos, los cuales nunca entregó a los compradores. Por estos hechos la mujer fue capturada en el barrio San Fernando de Villavicencio (Meta).
Por otra parte, entre noviembre de 2015 y agosto de 2022, Abdala Herrera se habría hecho pasar por comerciante de vehículos y viviendas, que no eran de su propiedad. El procesado habría firmado los contratos de compraventa y traspasos como si fuera el dueño de los bienes por los cuales se cree recibió 232’000.000 de pesos. El hombre fue capturado en vía pública del barrio San Antonio de la capital del Meta.
Las detenciones fueron realizadas por servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional. En audiencias preliminares, los procesados aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA).
Jueces de control de garantías impusieron medidas privativas de la libertad en los lugares de domicilio de cada uno de los investigados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
