NACIONALES
Salud de familiares cuidadores de enfermos y adultos mayores también se afecta

· El cuidado de un adulto mayor o una persona enferma es una tarea que generalmente asume alguien de la familia, casi siempre una mujer. Pero cuando hay una gran dependencia, el cuidador se ve sometido a cansancio físico y emocional que termina por afectar también su salud.
· El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad apuntan a que es imprescindible crear un mecanismo de apoyo para la población longeva y su familia, en especial, para quienes sacrifican su vida para cuidarlos.
Ser cuidador de alguien con una o muchas enfermedades no es una tarea fácil y desde hace algún tiempo se ha debatido sobre la atención y reconocimiento que merece la población que tiene a su cargo el cuidado de una persona enferma, en condición de discapacidad y especialmente los adultos mayores.
Recientemente un grupo de profesionales hizo un análisis sobre la sobrecarga de personas cuidadoras. El estudio realizado por la Academia Nacional de Medicina de Colombia con el apoyo de Coosalud EPS y titulado Análisis de la sobrecarga de cuidadores de personas longevas no institucionalizadas, estableció que aproximadamente uno de cada cinco cuidadores de estas personas presentó sobrecarga.
“La sobrecarga se define como la suma de los efectos adversos o consecuencias negativas derivadas del cuidado. Incluye tanto manifestaciones físicas como emocionales y se debe principalmente a la acumulación de factores estresantes y ausencia de estrategias adecuadas para afrontar el cuidado”, señaló el estudio publicado en la revista Medicina, de la academia.
El concepto de carga al cuidar un paciente es tomado del inglés ‘burden’, que se traduce como ‘estar quemado’ e indica agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado. La sobrecarga se concibe como el grado en que el cuidador percibe cómo su labor influye en su salud, su vida social, personal y económica. También se define como “el conjunto de situaciones estresantes que resultan de cuidar a alguien”.
Los investigadores establecen que una persona con dependencia funcional y diversas morbilidades puede provocar sufrimiento y deterioro de la salud de los cuidadores. “Esto se ha estudiado principalmente para los cuidadores de personas con trastornos neurodegenerativos severos, demencias y enfermedades terminales como el cáncer”, afirma el Dr. Juan Manuel Anaya, director del Centro de Investigación e Innovación en Salud, de Coosalud.
El impacto negativo del cuidado se refleja en el desarrollo del Síndrome del cuidador. Este se caracteriza por síntomas de estrés, ansiedad, aislamiento social, deterioro de las relaciones interpersonales, signos de depresión y la aparición o recrudecimiento de enfermedades crónicas, tanto en cuidadores formales, como informales.
Ese estrés puede interferir con la calidad de la atención que brinda y con la propia salud y calidad del cuidador. Por eso, identificar el síndrome de sobrecarga garantiza un mejor cuidado y puede mejorar su calidad de vida.
Aspectos como el nivel económico del cuidador, el estado neuropsiquiátrico y la dependencia de la persona cuidada, el ambiente o cultura donde se desarrolla el cuidado, son algunos factores que pueden asociarse con la sobrecarga, así como el nivel educativo del cuidador, su edad y si hay o no otras personas que apoyen las largas jornadas.
El cuidado puede abarcar la asistencia en una o varias actividades de la vida diaria, como vestirse, comprar o transportarse. Pero también implica apoyo emocional o afectivo y, a medida que aumentan las necesidades del adulto mayor, también aumentan y cambian las responsabilidades del cuidador, lo que puede generar más tensión.
Cifras
El estudio poblacional en Colombia de 2015 arrojó que 83,9% de los cuidadores son mujeres y esto concuerda en la mayoría de las investigaciones, incluido el de la Academia Nacional de Medicina y Coosalud EPS.
“El estudio mostró que 87 por ciento de los cuidadores eran familiares, especialmente hijos (55,44%), que son asignados a esa tarea arbitrariamente, por conveniencia o voluntariamente, contratados o por coerción de los familiares. Un número importante de esos cuidadores son adultos mayores también, por lo que requieren educación formal y valorar el riesgo de sobrecarga por su estado de salud”, agrega el Dr. Anaya.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), realizada por el Dane (2020-2021), en Colombia un 76,5% de la población adulta mayor de 60 años o más se dedica al trabajo de cuidado de manera no remunerada. De estos, 3,3 millones son mujeres (63%) y 1,9 millones son hombres (37%).
De acuerdo con el Boletín de Género (2022) acerca de la población adulta mayor en la economía del cuidado, este es un trabajo fundamental que no se contempla como parte del Producto Interno Bruto – PIB. Se estima que en Colombia el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado equivale a 19,6% del PIB (2021), es decir, si se pagara sería el sector más importante de la economía.
Además, según el Dane (2022), las mujeres, comparadas con los hombres, dedican el doble de su tiempo a estas labores.
A corte de 2023, según el Dane, en Colombia había 3’134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, 7,15% de la población del país. Entre tanto, la Encuesta Nacional de Vida – ENV de 2021 hablaba de 2,9 millones, de los cuales 54,9% eran mujeres y 45,1% hombres. Los tipos de discapacidad más frecuentes son: auditiva, física, intelectual, visual, sordoceguera, psicosocial y la discapacidad múltiple, señala la investigación.
Los datos revelan que, en Colombia, de 2’847.000 personas con al menos una discapacidad, 47.6% presenta dificultades severas y requiere cuidados permanentes, los cuales en un 75% de los casos asume alguna persona del hogar. Y en el Sistema de Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social 2019 se registra que de cerca de un millón de personas con discapacidad, 45,3% requiere cuidados permanentes que en un 90% asume algún miembro del hogar.
Por eso muchas propuestas a partir de las investigaciones plantean la necesidad de favorecer la sostenibilidad económica, la empleabilidad para estas personas, sus familias y cuidadores, que requieren acciones específicas para su protección.
El síndrome del cuidador quemado: un viacrucis silencioso
Hernando, de 48 años, fue cuidador de su madre por más de 15 años. A los 60 años ella empezó a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC, y lo que empezó con el uso de tres inhaladores diferentes y otros medicamentos, con los años pasó a atenciones en urgencias, hospitalizaciones y reducción a una silla de ruedas con oxígeno en casa.
“Su organismo empezó a decaer, tuvo que recibir un marcapasos, desarrolló Síndrome de Ramsay Hunt, tensión arterial alta, artritis, sufrió al menos un micro infarto cerebral, diverticulitis, flebitis y terminó por perder ambos riñones por un mal control médico”, cuenta Hernando.
La vida de Hernando cambió radicalmente y, junto a su esposa, se hizo cargo de su cuidado: citas médicas, terapias, urgencias, diálisis, medicamentos, aseo, mercado. Incluso, y a pesar de que en 2010 había sobrevivido a un cáncer gástrico, dejó de ir a controles. Pasaba las hospitalizaciones a su lado y a veces se iba a trabajar sin dormir bien, mientras hacía malabares para no ser despedido.
Empezó a experimentar dolores de espalda, mal humor, conflictos en su hogar, se desvelaba y cuando debía llevarla al servicio de urgencias o solicitar asistencia a domicilio era difícil lograr atención. Así hasta que su madre falleció a la edad de 81 años, en una de las tantas crisis.
Fuente: Agencia de Prensa Coosalud
NACIONALES
En firme acuerdo entre arroceros y molineros para fijar precio mínimo de compra del arroz

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025, la fijación del precio mínimo de referencia de compra de arroz paddy verde.
La decisión se adoptó luego de haber recibido concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Según se indicó, luego de analizar la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia.
En este sentido, la resolución estableció que “una vez obtenida la autorización por parte de esta Superintendencia, la Industria, molinos o compradores, pagarán el Arroz Paddy Verde, según el municipio o departamento de compra, y bajo los parámetros de calidad establecidos en el literal (c) siguiente, como mínimo a los siguientes precios de referencia”:
De otro lado, se informó que este acuerdo, que estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025, comprende:
• La fijación de un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy por departamentos o zonas del país, teniendo en cuenta algunos parámetros de calidad.
• La adopción de un mecanismo de compra de arroz paddy verde como arroz paddy seco equivalente utilizando los mismos criterios de calidad y de precio mínimo de referencia.
• La articulación de acciones conjuntas para el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz.
De acuerdo con la SIC, lo que se busca es que haya una estabilidad económica del sector y la garantía de condiciones de remuneración que hagan sostenible la producción, calidad y comercialización del grano.
En el informe se indicó que “el análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podía implicar una limitante a las condiciones de venta como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.
De otra parte, la Superintendencia reconoció que este acuerdo no tendría efectos negativos en el consumidor y, por el contrario, permitirá dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, redundando en un beneficio para los consumidores.
Adicionalmente, con el fin de garantizar el respeto de la libre competencia económica en el sector arrocero, la Superintendencia, a través de la Dirección de Cumplimiento, realizará seguimiento y vigilancia detallado de la ejecución de este acuerdo. Para cumplir con esta función, se estableció una metodología que permitirá monitorear la cadena de arroz en Colombia.
Así, la Superintendencia determinó que las partes deberán remitir a la Dirección de Cumplimiento, información relacionada con los precios mínimos de referencia, cantidades de compra, formas de pago, los parámetros de calidad utilizados en las adquisiciones de arroz paddy verde, entre otras variables.
Fuente: Comunicaciones SIC
NACIONALES
Alerta por posible suspensión del PAE a nivel nacional por falta de recursos

La Contraloría General de la República advirtió que existe riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que podría llevar a su suspensión desde septiembre de 2025, debido al déficit de $500 mil millones que aún no han sido asignados para garantizar su continuidad. De no cubrirse este faltante, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio esencial.
Esta alerta se sustenta en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Además, en visitas de seguimiento realizadas en todo el territorio nacional, la Contraloría conoció comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- UApA al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, solicitando la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes. La no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de millones de estudiantes.
La Contraloría General hace un llamado urgente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación Nacional y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que, de manera articulada, aseguren los recursos necesarios que demanda el PAE.
La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo.
Ante esta situación, la Contraloría General de la República reitera su solicitud al Gobierno Nacional de asignar y garantizar de manera inmediata los $500 mil millones faltantes, a fin de asegurar la continuidad, calidad y cobertura del PAE en todo el país durante el calendario escolar de 2025.
Así mismo, en el marco de sus competencias la entidad continuará realizando seguimiento permanente a la operación del PAE y a la gestión de los recursos destinados al programa.
Fuente: Comunicaciones CGR
NACIONALES
Empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas, hay más personas contratadas

El panorama del empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas. En junio de 2025, el Servicio Público de Empleo (SPE) a través de su Red de Prestadores facilitó la colocación laboral de cerca de 53 mil personas, lo que representa 9,830 empleos más que en el mismo mes del año anterior. Esta mejora refleja un mayor nivel de conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan talento.
El crecimiento se vio reflejado en diferentes grupos. Las contrataciones de mujeres subieron de 19,375 a 22,425, mientras que las de hombres aumentaron de 23,782 a 30,561. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los contratados eran bachilleres (24,677), seguidos por técnicos (8,363) y tecnólogos (2,970), lo que indica una alta demanda por perfiles técnicos y medios en los sectores productivos.
Un dato para destacar: 17,773 personas sin experiencia laboral previa consiguieron empleo, lo que significa 7,230 más que en junio de 2024. 11.981 personas del total de colocaciones sin experiencia se ubicaron en las 23 principales ciudades del país. Este avance muestra el impacto del SPE como una herramienta clave para ofrecer primeras oportunidades laborales, especialmente a jóvenes que buscan ingresar al mercado formal.
En el aspecto territorial, 32,245 colocaciones se concentraron en las 23 ciudades principales del país, siendo Bogotá, Medellín y Bucaramanga las que agruparon más del 77% del total. Además, ciudades intermedias como Quibdó (de 6 a 55 empleos), Florencia (de 32 a 92) y Valledupar (de 66 a 146) también mostraron un crecimiento notable, señal de que el Servicio Público de Empleo está llegando a más rincones del país.
Por sectores económicos, los servicios administrativos y profesionales lideraron las contrataciones (10,334), seguidos por comercio y reparación de vehículos (1,923), e industria manufacturera (1,687). Sin embargo, otros sectores como información y comunicaciones, actividades financieras y construcción tuvieron una baja en comparación con junio de 2024.
En cuanto a los salarios, la mayoría de las vacantes cubiertas ofrecían entre $1,000,001 y $1,500,000. Las posiciones con salarios superiores a $4 millones fueron menos, bajando de 378 a 278 empleos, lo que indica una mayor concentración del empleo formal en rangos salariales medios.
Por el lado de la demanda, en junio se reportaron 159.772 ofertas de empleo, representando una disminución del 1,2% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, estas ofertas registraron 981,993 vacantes, un aumento del 4.2% frente al año anterior, a pesar de que hubo una leve disminución en las ofertas formales, menos ofertas, pero mayor cantidad de puestos de trabajo. Bogotá, Medellín y Cali concentraron el 85.1% de las vacantes urbanas, lo que evidencia que las oportunidades siguen estando centralizadas en las grandes ciudades.
Sectores con más vacantes
Los sectores que más vacantes ofrecieron fueron servicios administrativos (576,725), tecnologías de la información y comunicaciones (74,445), comercio (46,692) y manufactura (32,141). Los sectores con mayor crecimiento en vacantes fueron actividades financieras (+68.4%), transporte y almacenamiento (+44.5%) e información y comunicaciones (+43.5%). En contraste, sectores como explotación de minas y canteras, suministro de electricidad gas, agua y Construcción, sufrieron caídas de 43,8 %, –30,1 % y 11,5% respectivamente.
El nivel educativo más solicitado fue bachillerato (503,833 vacantes), seguido por técnicos (173,797) y universitarios (92,670). Las ocupaciones más buscadas fueron en apoyo administrativo, técnicos de nivel medio y personal de ventas y servicios.
Toda esta información está disponible en DataEmpleo, la plataforma del Servicio Público de Empleo que permite consultar cómo se está moviendo el mercado laboral formal en Colombia. Es una herramienta útil para empleadores, personas en búsqueda de trabajo, investigadores y autoridades, al ofrecer datos actualizados sobre oferta, demanda y colocaciones de empleo en el país.
Fuente: El Diario del Llano
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