META
Familias de Uribe identificaron en fotos a diez personas dadas por desaparecidas
Más de 120 personas visitaron la galería fotográfica que se exhibió durante dos días en la inspección La Julia del municipio de Uribe, en el Meta, con la esperanza de identificar a sus seres queridos dados por desaparecidos.
Todas las personas llegaron gracias a la estrategia de difusión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), realizada a través de cuñas radiales en emisoras comunitarias, carteles en las estaciones de transporte y diálogo con entes locales, entre otras acciones.
Gracias al trabajo articulado entre la UBPD, la Corporación Humanitaria Reencuentros y la Organización Benposta, se presentaron fotografías de 98 personas dadas por desaparecidas en enfrentamientos entre noviembre y diciembre del 2000 en el Páramo de Berlín, ubicado entre Suratá (Santander) y Arboledas (Norte de Santander), en el marco de una operación que fue denominada con el nombre de este lugar. Estas personas, en su mayoría, eran menores de edad procedentes de los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta.
De las personas que aparecen en las fotografías, diez fueron reconocidas por sus familias y la comunidad. Ocho de ellas empezaron un proceso de participación para la búsqueda, que incluyó la toma de muestras de ADN en el lugar.
La estrategia ‘Encontrémonos para continuar su búsqueda’ posiciona la apuesta de la Unidad de Búsqueda para avanzar en diferentes rutas para la búsqueda, entendiendo la particularidad de las circunstancias de la desaparición en el territorio. La galería permitió dialogar con la comunidad de la inspección de La Julia sobre el derecho a la búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas y el dolor experimentado por los familiares, que se ocultó por temor al señalamiento o a la estigmatización como producto de la desaparición de un ser querido.
Compartir los rostros de las personas desaparecidas permitió a la UBPD sensibilizar a la comunidad, reconocer la importancia de la búsqueda de personas que hicieron parte de grupos armados, desde un enfoque humanitario; y propiciar diálogos sobre las historias de vida y los roles que tenían estas personas en las comunidades antes de la desaparición. Es por ello que el territorio de Uribe es hoy considerado un escenario de construcción de paz y reconciliación.
Los resultados de esta jornada permitirán continuar en la investigación humanitaria y extrajudicial de la Columna Móvil Arturo Ruiz, la cual se ha construido con la participación y aportes de información brindados por firmantes de paz, la Organización Benposta y la Corporación Humanitaria Reencuentros. Esta última organización resolvió dudas a las y los asistentes y reiteraron su compromiso en la búsqueda y dar alivio a las familias que tienen a seres queridos dados por desaparecidos.
Es de resaltar la participación de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Uribe, quienes manifestaron llevar la información a sus comunidades; de las familias que asistieron de otros municipios del Meta y a las campesinas y los campesinos que llegaron a pie haciendo recorridos de entre dos y cuatro horas. Gracias a la difusión de esta actividad, una persona llegó desde Bogotá luego de enterarse de la posibilidad de identificar a su hermano desaparecido, iniciando así su solicitud de búsqueda.
“El desarrollo de estas acciones ha permitido la recuperación de 33 de los cuerpos de estas personas que desaparecieron. Continuamos haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar todos los cuerpos y, en su momento, poder entregarlos a sus familiares y así aliviar el sufrimiento que la desaparición ha causado en todos su hogares”, aseguró Diana Paola Viveros, coordinadora de la UBPD en el Meta.
El apoyo humanitario que tiene la Unidad de Búsqueda para acompañar a quien requiera iniciar un proceso de búsqueda en el Meta o brindar información que apoye la investigación, se puede realizar a través del número telefónico 3162819857 y de la atención personalizada en la sede de la entidad, ubicada en Villavicencio (calle 33 # 40A– 61, barrio Barzal Alto).
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
