REGIÓN
Gobierno Petro: van dos millones de hectáreas reclamadas en Meta y Guaviare
Al cumplirse 13 años de la Ley 1448 de 2011 o de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) -entidad adscrita al Ministerio de Agricultura- destaca que, en los departamentos de Meta y Guaviare, donde se reportan 11.800 solicitudes, actualmente son reclamadas seis millones de hectáreas, de las que aproximadamente dos millones (el 30%) corresponden a la labor hecha durante lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante la vigencia de esta ley, en ambos departamentos, 1.500 personas han sido beneficiadas con 305 sentencias que ordenan la devolución de más de 72.000 hectáreas a campesinos e indígenas. De estas, más de 20.000 se han devuelto en la actual administración, resaltando la reciente entrega de 16.000 hectáreas al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, ubicado en Puerto Gaitán.
Además, tras su retorno al campo, 120 familias restituidas han puesto en marcha proyectos productivos agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.200 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos, entre otros.
En la etapa judicial, la URT ejerce la representación del solicitante de manera gratuita. Es por eso que, en Meta y Guaviare, 1.400 casos se han llevado ante la justicia. Respecto a la ruta étnica, 2.500.000 hectáreas son reclamadas y se subraya que, durante el Gobierno del Cambio, se radicó la demanda de mayor extensión en la historia de la entidad, a favor del pueblo Nukak en Guaviare por 954.000 hectáreas.
13 años con la esperanza viva a nivel nacional
Tal como lo ha reiterado el mayor Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, la entidad busca -en su recorrido de armonizar tierras y territorios- que el reconocimiento de los derechos territoriales sea integral, con enfoque de seguridad alimentaria y el desarrollo de proyectos productivos que garanticen la calidad de vida para los beneficiarios.
Uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, una vez inició el Gobierno del Cambio, fue revisar las decisiones en las que se les negó el derecho a las víctimas de regresar a sus tierras. En ese esfuerzo se revocaron 1.974 resoluciones de no inscripción y, hoy, los reclamantes de estas tierras recuperaron la esperanza de volver. “Revisamos los registros de solicitudes negadas, corregimos y ahora 166.937 hectáreas serán devueltas a sus legítimos propietarios. Se pasó de negar, en anteriores gobiernos, el 65% de solicitudes, a aprobar, en el actual Gobierno, el 72%”, señaló Yule.
Igualmente, durante el Gobierno del Cambio se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura, AMEI, con el cual se priorizaban los intereses de las empresas y no el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Una situación que se repitió a lo largo de la vigencia de la Ley 1448 de 2011, pero que se corrigió en la actual administración. “Hoy centramos nuestros esfuerzos en los derechos de las víctimas”, enfatizó.
Entre los hitos alcanzados, la URT logró, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, avanzar en una reforma de esta ley, tal como reconocer a las víctimas que se encuentran en reservas forestales o parques naturales, para compensarlas y reubicarlas.
El camino administrativo
· El 50% de las tierras inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) se hizo en el Gobierno del Cambio. En cifras, esto representa que 5.711.903 hectáreas son reclamadas a jueces y magistrados. De ellas, 96.944 corresponden a ruta individual y 5.614.959 a ruta colectiva o étnica.
· Se creó la Dirección Territorial de Chocó y la Oficina de Tumaco. Con esta decisión la Unidad llegó a los territorios más apartados y olvidados del país y fortaleció los procesos ubicados en la región del Pacífico.
Etapa judicial
· En el actual Gobierno se presentaron ante los jueces 5.224 solicitudes de restitución, labor que dejó en manos de la justicia la deliberación en torno a 5.093.704 hectáreas, las cuales favorecen a 58.409 familias.
· La Unidad acompañó al Consejo Superior de la Judicatura en la creación de ocho juzgados especializados en restitución de tierras. Por primera vez, se cuenta con cinco juzgados dedicados a resolver la restitución de derechos étnico-territoriales en Apartadó (1), Mocoa (1), Popayán (2) y Quibdó (1).
Etapa posfallo
· A partir de la labor hecha durante el Gobierno del Cambio, los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 1.625 sentencias, de las cuales siete son étnicas. En la vigencia de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras se han proferido 9.131 sentencias en ruta individual y 31 en ruta colectiva.
· Se logró la entrega material y por compensaciones de 24.914 hectáreas a 639 personas reconocidas en fallos de restitución, y a 394 familias compensadas en ruta individual. Para el caso de pueblos étnicos, la Unidad entregó 16.303 hectáreas a 1.077 personas que pertenecen a tres comunidades ancestrales.
· En este Gobierno, y por primera vez en la historia de la restitución de tierras, se implementó el componente de seguridad alimentaria, que atendió a 13 comunidades étnicas y favoreció a 11.754 familias. Esto significó una inversión de $33.961 millones de pesos en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Magdalena.
· Se implementaron 1.165 proyectos productivos con una inversión de $50.300 millones de pesos en 25 departamentos. El 66% de los proyectos se desarrolló en la línea pecuaria y el 34% en la línea agrícola.
El director Yule señaló: “esperamos entregar 2.726 predios en restitución y vía compensación. Hoy tenemos un avance del 43%, que corresponde a 1.177 predios entregados a víctimas que fueron desplazadas y/o despojadas o para segundos ocupantes reconocidos en fallos”.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
