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Ordenan crear comisión humanitaria para rescatar a menor reclutado en el Meta

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Ante el reporte de la desaparición del menor Johan Rodríguez Méndez de 14 años, en la inspección de la Julia en el municipio de Uribe, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, ordenó conformar una comisión humanitaria para recuperar al menor, que, según la información entregada, habría sido reclutado por un grupo ilegal armado.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el menor abordó una moto, instado por otro menor, cerca de las 3:00 pm de ayer (lunes), y desde entonces se desconoce su paradero.

En Consejo Extraordinario de Seguridad, por directriz de la mandataria departamental, se coordinó una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la ONU, la Alcaldía y la Fuerza Pública para generar acciones que permitan la recuperación de Johan, confirmó la secretaria de Gobierno departamental, Andrea Carolina Lizcano.

“El hecho prendió las alarmas de la comunidad, quienes, por situaciones ocurridas antes, presumen que este menor fue reclutado”, afirmó la funcionaria, quien agregó que este año al parecer van 5 casos en el Meta, de los cuales uno solo ha sido denunciado.

La funcionaria invitó a los ciudadanos a denunciar este delito, ya que las instituciones trabajan articuladamente para combatir este flagelo.

Según la Defensoría del Pueblo el año pasado se registraron 184 niñas, niños y jóvenes reclutados en Colombia, en su mayoría por disidencias y en el 2024 se han reportado 23 casos en Cauca, Nariño, Cundinamarca, Putumayo y Huila.

Fuente: Gobernación del Meta

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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