ARAUCA
Llegó el turno de la Orinoquía para aportar a la construcción de paz territorial
Representantes de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas de los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare participan en el encuentro número 75, convocado por el Comité Nacional de Participación (CNP), instancia de la Mesa de diálogos del Gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para realizar sus aportes a este proceso de paz.
Más de 100 personas, que representan a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, lgtbiq+ y personas con discapacidad, víctimas, jóvenes, mujeres, entre otras, forman parte de esta jornada de participación que se realiza hoy y mañana en esta ciudad.
Todos dan a conocer las apuestas territoriales, sectoriales y gremiales para hacer sus aportes, con enfoque territorial, al diseño, al Plan Nacional de Participación y a las recomendaciones para la participación, que tendrá una segunda fase que se hará extensiva por todo el territorio nacional hasta el 2025. Este proceso es considerado el corazón de este proceso de paz.
La relación de economías extractivistas con grupos armados ilegales, la estigmatización de los movimientos y liderazgos sociales, así como la concentración de la tierra son parte de las problemáticas identificadas por los y las participantes de los departamentos de Vichada, Arauca, Meta y Casanare, para abordar las transformaciones necesarias para la paz.
Arauca es un territorio con gran trayectoria organizativa, las JAC, las comunidades religiosas de base y organizaciones campesinas, obreras y populares son actores fundamentales para el fortalecimiento de la región. Sin embargo, en el marco del conflicto armado y social estas comunidades han sido estigmatizadas.
En un territorio, que ha sido protagonista de los acuerdos con las FARC-EP, la participación es considerada clave para resolver problemas estructurales, por lo que las comunidades hicieron un llamado para que no se repitan errores de dicho proceso.
Este encuentro cuenta con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, PNUD, OACNUDH, la Conferencia Episcopal de Colombia y miembros representantes del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación.
Fuente: Gobernación de Arauca
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
