REGIÓN
En cementerio de Villavicencio hallaron restos de joven desaparecida hace más de 20 años
Después de 22 años de una persistente búsqueda, la familia de Leidy Johana Pedreros recibió su cuerpo en un entrega digna realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte, la Alcaldía de San Luis de Gaceno y la Gobernación de Boyacá acompañaron a dar el último adiós de esta joven.
Leidy Johana se convirtió en mamá a los 15 años. Ella y su pequeña hija vivían junto con su madre y sus hermanos en una zona rural del Guaviare, donde se habían establecido para vivir. Hilda Díaz, madre de la joven, recuerda que el 20 de enero de 2002 su hija desapareció.
A partir de esa fecha, Hilda se hizo cargo de su nieta, quien apenas tenía 15 meses de nacida. En los siguientes años, intentó rehacer su vida. Sin embargo, se vio nuevamente afectada por hechos relacionados al conflicto armado: fue víctima de abusos, secuestro y desplazamiento forzado.
Para salvaguardar su vida y la de sus tres pequeños, ella abandonó su hogar junto con su familia. Huyeron en medio de la noche, llevando consigo solo la ropa que tenían puesta. Se escondieron en un camión, entre canastas de envases y cerdos. Aunque Hilda pensó volver a San Luis de Gaceno, en Boyacá, donde nació y vive el resto de su familia, se enteró de que allí había presencia de grupos armados al margen de la ley, por lo que decidió establecerse en Tunja.
En 2011, Hilda recibió una llamada de un número desconocido. Para sorpresa suya, era Leidy Johana. “Volvimos a tener noticias de ella porque me llamó y me dijo que estaba en un sitio donde era imposible la comunicación. Me alcanzó a decir que le cuidara mucho a la niña. Fueron dos minutos de conversación y nunca más”.
No recibió más noticias de Hilda, por lo que decidió involucrarse en procesos de defensa por los derechos humanos y participar en comités, mesas de participación efectivas de víctimas, organizaciones y grupos de buscadoras y buscadores para hacer visible la desaparición de su hija y encontrarla.
Ese camino la convirtió en una lideresa de apoyo y soporte para otras víctimas del conflicto armado que siempre conserven viva la esperanza, como lo hizo ella por más de dos décadas. Pese a los escasos recursos y gracias a rifas y apoyos económicos, Hilda viajaba a cualquier lugar donde podría encontrar a Leidy Johana. “Buscaba la verdad porque no sabía nada de mi hija, eran años de incertidumbre. Por lo menos yo quería saber si estaba viva o muerta”, recuerda.
Para 2016, se compró un celular. Sin saberlo manejar muy bien, lo utilizó para llegar hasta la zona veredal de Mesetas, en el Meta, donde indagó, tomó fotografías y recogió información valiosa para la búsqueda. En ese año se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc. En ese mismo viaje, ella se entrevistó con alguien que conoció a su hija y quien le confirmó que Leidy Johana había muerto en 2012 en zona rural de Vista Hermosa, también en el Meta.
A partir de allí, Hilda estuvo indagando de la mano de las entidades del Sistema Integral de Paz: la Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda (UBPD). Igualmente, logró acercamientos con la Corporación Humanitaria Reencuentros, que también participa en procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sus aportes de información fueron valiosos para la investigación humanitaria y extrajudicial en el caso de Leidy Johana.
Posterior a la documentación del caso, se realizaron las muestras genéticas para cotejar el ADN. Luego, en una articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros, se realizó en el Cementerio Central de Villavicencio la localización y exhumación del cuerpo de Leidy Johana, el cual fue enviado al Instituto de Medicina Legal para su identificación.
La cita para la entrega digna del cuerpo de Leidy Johana fue en San Luis de Gaceno, en Boyacá. Hasta ese municipio llegó Hilda junto con su nieta, a quien considera también su hija. Así fue como Leidy Johana volvió al seno de su hogar tras 22 años de búsqueda.
Carolina Olmos, coordinadora de la UBPD en el Casanare, entregó un reconocimiento a la madre y la hija de Leidy Johana por su incansable búsqueda que duró más de dos décadas. Olmos también enfatizó en la misionalidad de la Unidad de Búsqueda: no descansar hasta encontrar a todas las personas desaparecidas en Colombia.
La familia dio sepultura a Leidy Johana, de quien su hija no tiene recuerdos y a quien ha podido conocer a través de su abuela. Después de la eucaristía, todas y todos caminaron por las calles de San Luis de Gaceno, vestían camisetas con la foto de la joven y cargaban un parlante por el que sonaba la canción ‘Los caminos de la vida’, esa misma que siempre tarareaba Leidy Johana en vida.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
