CASANARE
Se firmó convenio tripartito para construcción de sede de la UPTC en Aguazul
El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera; el alcalde de Aguazul, Renier Darío Pachón Talero, y el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, firmaron el convenio tripartito para la construcción de la nueva sede de la Institución Universitaria en esa localidad. Para este objetivo, la Administración Departamental hará una inversión de 15 mil millones.
El mandatario de los casanareños invitó a todos los jóvenes bachilleres que quieran acceder a la Educación Superior a que se postulen, y aprovechen la oportunidad de estudiar una carrera profesional en esta Universidad Pública, lo que representa una muy buena alternativa que permite disminuir el costo educativo en casi un 80%.
“Iniciamos a cumplir con una de las propuestas más importantes de nuestra campaña, de nuestro Plan de Desarrollo y nuestro Programa de Gobierno. Hoy la Universidad Pública en Casanare inicia en el municipio de Aguazul pero esto no para acá, también estamos trabajando para que en el terreno de la Unitrópico en Yopal podamos tener dos o tres Universidades Públicas que son la UIS, la ESAP, la UNAD y obviamente Unitrópico, el trabajo continúa y seguiremos hasta donde Dios lo permita”, anotó el gobernador Josué Alirio Barrera.
Barrera Rodríguez invitó a la comunidad casanareña a apoyar esta iniciativa para que el terreno donde está ubicada Unitrópico, que ha sido subutilizado, sea empleado para que allí funcionen Universidades Públicas como una verdadera Ciudadela Universitaria, como inicialmente fue concebido. “Este es un proyecto que no beneficia a la Gobernación sino a todo un Departamento y a una Región”.
“Nuestros abuelos nos enseñaron que la mejor herencia es la educación, nuestros jóvenes ya no tendrán que dejar Casanare para su formación profesional. Hoy en Aguazul firmamos un convenio tripartito de Universidad Pública UPTC en Casanare, entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Aguazul y la UPTC, para hacer realidad la universidad superior a bajo costo en Casanare. Recordemos que la educación es el principal motor para un desarrollo”, manifestó el Gobernador del Departamento.
Por su parte el alcalde de Aguazul, Renier Darío Pachón, destacó la firma del Convenio Tripartito, porque permitirá que la Gobernación de Casanare entre a formar parte del proyecto con el aporte de recursos significativos aprobados por la Asamblea Departamental, mientras que el municipio tiene listos $9.500 millones de pesos para que entre enero o febrero de 2018 esté asignado el contrato que permita iniciar la construcción de la nueva infraestructura.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
