NACIONALES
Supersalud interviene la EPS Sanitas por problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados
La Superintendencia Nacional de Salud realizó la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional.
La decisión se tomó luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada, estimada en 5,7 millones de personas.
“La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, destacó el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, en una declaración ofrecida esta noche en la Casa de Nariño.
Leal señaló que la decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia, y afirmó que “las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma”.
Por otra parte, indicó que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas y con todos los prestadores de servicios de salud se venían incrementando. Para diciembre del año pasado cerraron por encima de los 2 billones de pesos, “lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud”.
Mensaje de tranquilidad a usuarios
El funcionario dejó en claro que “esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS y que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada”. El superintendente advirtió que la decisión se tomó “con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.
En ese sentido se pronunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Aquí los servicios, tanto de la EPS como de la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente”, recalcó.
Y puntualizó: “Pueden tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención, y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS”.
Se crea junta asesora para el agente interventor
El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, reveló que hoy, con la intervención, fue relevado del cargo el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas de la EPS Sanitas.
“Se ha designado también un agente interventor que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy están prestando un servicio de calidad a la población”, sostuvo.
Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.
Leal indicó que “el objetivo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con esta intervención es tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPS afecte la prestación de servicios de salud para todas las personas”, así como de los afiliados a la prepagada.
Aseguró que el proceso de intervención se realizará con una vigilancia estricta y un acompañamiento por parte de la Superintendencia, que, además de nombrar un agente interventor, por primera vez se utiliza la herramienta que da “el Estatuto Orgánico Financiero, que nos permite la creación de una junta asesora para este agente interventor, donde están representados los cinco principales acreedores. Nos va a permitir hacer una comunicación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud”.
Obligados a salvar el sistema de salud
Sobre esta decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”.
Contexto de la decisión
La resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó, por el término de un año, la medida de intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas señala: “La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”.
Para la Supersalud es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.
Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.
Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, lo que ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.
A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2,04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.
“Es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, aseguró el superintendente Luis Carlos Leal.
Alarmante aumento de quejas y tutelas
Se constató, así mismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.
Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados.
Dicha disparidad, sumada a una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales, como tutelas e incidentes de desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.
Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud y en la autorización y atención de otros servicios de salud.
Tales deficiencias son indicativas de una vulneración sistemática de los principios de continuidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la legislación vigente. Este escenario refleja una violación de los derechos básicos de los usuarios.
Fuente: Presidencia de la República
NACIONALES
Empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas, hay más personas contratadas
El panorama del empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas. En junio de 2025, el Servicio Público de Empleo (SPE) a través de su Red de Prestadores facilitó la colocación laboral de cerca de 53 mil personas, lo que representa 9,830 empleos más que en el mismo mes del año anterior. Esta mejora refleja un mayor nivel de conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan talento.
El crecimiento se vio reflejado en diferentes grupos. Las contrataciones de mujeres subieron de 19,375 a 22,425, mientras que las de hombres aumentaron de 23,782 a 30,561. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los contratados eran bachilleres (24,677), seguidos por técnicos (8,363) y tecnólogos (2,970), lo que indica una alta demanda por perfiles técnicos y medios en los sectores productivos.
Un dato para destacar: 17,773 personas sin experiencia laboral previa consiguieron empleo, lo que significa 7,230 más que en junio de 2024. 11.981 personas del total de colocaciones sin experiencia se ubicaron en las 23 principales ciudades del país. Este avance muestra el impacto del SPE como una herramienta clave para ofrecer primeras oportunidades laborales, especialmente a jóvenes que buscan ingresar al mercado formal.
En el aspecto territorial, 32,245 colocaciones se concentraron en las 23 ciudades principales del país, siendo Bogotá, Medellín y Bucaramanga las que agruparon más del 77% del total. Además, ciudades intermedias como Quibdó (de 6 a 55 empleos), Florencia (de 32 a 92) y Valledupar (de 66 a 146) también mostraron un crecimiento notable, señal de que el Servicio Público de Empleo está llegando a más rincones del país.
Por sectores económicos, los servicios administrativos y profesionales lideraron las contrataciones (10,334), seguidos por comercio y reparación de vehículos (1,923), e industria manufacturera (1,687). Sin embargo, otros sectores como información y comunicaciones, actividades financieras y construcción tuvieron una baja en comparación con junio de 2024.
En cuanto a los salarios, la mayoría de las vacantes cubiertas ofrecían entre $1,000,001 y $1,500,000. Las posiciones con salarios superiores a $4 millones fueron menos, bajando de 378 a 278 empleos, lo que indica una mayor concentración del empleo formal en rangos salariales medios.
Por el lado de la demanda, en junio se reportaron 159.772 ofertas de empleo, representando una disminución del 1,2% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, estas ofertas registraron 981,993 vacantes, un aumento del 4.2% frente al año anterior, a pesar de que hubo una leve disminución en las ofertas formales, menos ofertas, pero mayor cantidad de puestos de trabajo. Bogotá, Medellín y Cali concentraron el 85.1% de las vacantes urbanas, lo que evidencia que las oportunidades siguen estando centralizadas en las grandes ciudades.
Sectores con más vacantes
Los sectores que más vacantes ofrecieron fueron servicios administrativos (576,725), tecnologías de la información y comunicaciones (74,445), comercio (46,692) y manufactura (32,141). Los sectores con mayor crecimiento en vacantes fueron actividades financieras (+68.4%), transporte y almacenamiento (+44.5%) e información y comunicaciones (+43.5%). En contraste, sectores como explotación de minas y canteras, suministro de electricidad gas, agua y Construcción, sufrieron caídas de 43,8 %, –30,1 % y 11,5% respectivamente.
El nivel educativo más solicitado fue bachillerato (503,833 vacantes), seguido por técnicos (173,797) y universitarios (92,670). Las ocupaciones más buscadas fueron en apoyo administrativo, técnicos de nivel medio y personal de ventas y servicios.
Toda esta información está disponible en DataEmpleo, la plataforma del Servicio Público de Empleo que permite consultar cómo se está moviendo el mercado laboral formal en Colombia. Es una herramienta útil para empleadores, personas en búsqueda de trabajo, investigadores y autoridades, al ofrecer datos actualizados sobre oferta, demanda y colocaciones de empleo en el país.
Fuente: El Diario del Llano
Con el objetivo de contribuir a la reducción de brechas en el acceso al empleo público para la población sorda en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) han suscrito un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos técnicos y estratégicos, para fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.
“Para la Comisión Nacional del Servicio Civil es muy importante la inclusión, propósito que está plasmado desde su direccionamiento estratégico. Al suscribir este convenio con la institución especializada que trabaja con la población sorda garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes suficientes para que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva se materialice. Para esto, hemos trabajado una serie de actividades en alianza con actores estratégicos importantes, plasmar muchas acciones relacionadas con la vinculación a nuestros procesos de selección y espacios para que la población con discapacidad nos haga las recomendaciones para continuar con los ajustes razonables en nuestros sistemas de información, los canales de atención, etc.”, aseguró el presidente de la CNSC, el comisionado Mauricio Liévano Bernal.
Mientras que el director del INSOR, Geovani Andrés Meléndres Guerrero, sostuvo que “este convenio es una muestra de los objetivos que se quieren alcanzar. En la parte técnica, la CNSC cuenta con el Instituto, ya que queremos, para la población sorda, impulsar en términos de empleabilidad dentro de las vacantes públicas que existen actualmente”.
El convenio establece líneas de acción conjuntas dentro del marco de las competencias de cada entidad, alineadas con sus respectivos planes, programas y proyectos. Entre las acciones pactadas están:
- El fortalecimiento institucional en la atención a la población sorda, con la implementación de estrategias para mejorar la atención de la CNSC a estos ciudadanos, así como mesas de trabajo conjuntas para analizar y evaluar la calidad de los datos relacionados con dicha atención.
- La eliminación de barreras actitudinales en el entorno laboral con la realización de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva sobre la oferta de servicios de la CNSC y las vacantes reservadas para personas con discapacidad. También, con la participación del INSOR en eventos macrorregionales, nacionales e internacionales sobre empleo público organizados por la CNSC.
- La implementación de ajustes razonables para el acceso equitativo con la elaboración de documentos técnicos, boletines y estudios sobre el acceso de la población sorda al empleo público; la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral para evaluar la inclusión efectiva; y la definición de políticas y lineamientos que garanticen adaptaciones diferenciales en todas las fases de los procesos de selección.
Esta alianza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por ambas partes. Podrá ser prorrogado por períodos iguales, previo acuerdo. Con este convenio, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue avanzado hacia la implementación de medidas que aporten a contar con un empleo público incluyente en Colombia, basado en el mérito, la oportunidad y la igualdad.
Fuente: Comunicaciones CNSC
Función Pública informó a servidoras y servidores públicos de entidades territoriales que el período para presentar la declaración de bienes y rentas finaliza este jueves 31 de julio de 2025.
Asimismo, aclaró que son cerca de 308.762 servidores del orden territorial los que deben realizar esta declaración a través del Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encuentran en el SIGEP II.
Las y los servidores reportan datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, ingresos laborales y no laborales, entre otros.
Además, la entidad reiteró que la información reportada debe corresponder a la vigencia 2024, es decir el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Función Pública recalcó que todos los servidores públicos deben realizar la declaración de bienes y rentas en tres momentos: al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al retirarse del cargo.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
