CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que viaje de 47 empleados a San Andrés es premio a sobresaliente labor
Aunque la decisión no fue de buen recibo por parte de la comunidad cuando se enteró de la misma, la Alcaldía de Yopal otorgó, de acuerdo a lo planificado en el programa de bienestar e incentivos, un viaje de ida y regreso a San Andrés a los 47 empleados públicos que cumplieron las condiciones descritas en la norma, es decir, que obtuvieron una calificación de “sobresaliente” en la evaluación de desempeño.
Señala la Alcaldía en un Comunicado de Prensa, que tal decisión se tomó dándole cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998, el cual contempla el sistema de estímulos para funcionarios de carrera administrativa.
El secretario General del municipio Bradixon Calixto Gaitán, afirmó que dentro del programa de bienestar e incentivos se acordó a través de la Comisión de Personal el otorgamiento de estímulos no pecuniarios, representados en un viaje de turismo social, quedando plasmadas estas decisiones en la Resolución 111 del 14 de febrero de 2017. En ese orden de ideas, y por derecho, los funcionarios hicieron uso de estas prebendas, con un rubro destinado específicamente para ello, recursos que no podrían destinarse a otro objeto.
Calixto señaló además que el programa de Bienestar Social e Incentivos para Funcionarios es debidamente planificado en el presupuesto y los recursos para su financiamiento deben garantizarse en cumplimiento de la normatividad vigente, y se diseña mancomunadamente para lograr exaltar el buen desempeño de los funcionarios y aportar con su implementación al mejoramiento del entorno laboral y la calidad de vida de los mismos.
Cuando se conoció esta decisión de la Administración Municipal, y más que parte de estos recursos eran de un rubro del sector de Educación, la comunidad se pronunció, especialmente por redes sociales, cuestionando la destinación de estos recursos para un viaje de paseo a los funcionarios, existiendo tantas necesidades en el mencionado sector.
A través también de un Comunicado, los empleados de carrera administrativa agremiados en tres Sindicatos diferentes, se pronunciaron señalando que éste era un derecho que les asistía por Ley y por haber obtenido la calificación de “sobresaliente” en la evaluación de desempeño, además que la carencia de recursos para inversión en educación no es responsabilidad de ellos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
