ARAUCA
Fallas en plataforma del ICA están afectando a ganaderos y productores de Arauca
Maricel Ortiz Ramírez, diputada y abanderada de los productores de departamento de Arauca solicitó a la dirección nacional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y a la dirección territorial, para que le den solución inmediata al sistema que permite la elaboración de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (GSMI), que está fuera de servicio en el Departamento desde la semana anterior.
Si bien se estableció un plan de contingencia para atender a los más de 2 mil productores de los siete municipios este no ha surtido efecto pues no permite la expedición de guías y por ende la comercialización de bovinos, bufalinos y equinos, entre otros, situación que viene presentando pérdidas al sector ganadero, que es una fuente directa y generadora de economía propia en el territorio.
A esta situación se suma que a la fecha la dirección nacional del ICA no ha contratado el personal que se requiere en cada uno de los municipios para atender las solicitudes de los productores, y a la fecha las oficinas en los municipios cuentan con uno o dos funcionarios, para adelantar las tareas propias de 10 u 11 personas que son las que se requieren para el servicio de atención al ciudadano.
Si bien Arauca no cuenta con empresas privadas que generen empleo, desde el sector productivo se viene garantizando la contratación de mano de obra para tareas propias del campo, hecho que se está viendo afectado por la falta de comercialización debido a la salida de servicio del sistema.
Señala la Diputada que allegó una comunicación a la dirección general del ICA porque no van a permitir que por acciones como estas vuelva el contrabando a tomar fuerza en el territorio y a poner en riesgo la certificación de departamento libre de aftosa.
De igual forma instan al Director Nacional Juan Fernando Roa y a la Directora Territorial Narda Martínez Peroza, para que se adelanten las acciones pertinentes de vinculación del personal que se requiere en cada municipio y la puesta en marcha del sistema lo más pronto posible, con el fin de no generar caos en el primer sector económico del Departamento.
Fuente: Asamblea de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
