META
Justicia ordena proteger derechos de cuatro asentamientos indígenas de Puerto Gaitán
El inminente riesgo de afectación territorial y la vulneración de los derechos ambientales que afrontan estas comunidades indígenas por cuenta del conflicto armado, motivaron a la Unidad de Restitución de Tierras a presentar las acciones judiciales a través de las cuales pretende que se ordenen medidas eficaces y oportunas para proteger a los pueblos ancestrales.
Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la URT explicó que, “la urgencia de esta acción judicial obedece a la acelerada expansión de las actividades de arado en inmediaciones de los caños y el avance de procesos de deforestación en áreas de conservación. Además, según las denuncias de las autoridades tradicionales, las actividades agrícolas mecanizadas por parte de empresas agropecuarias, avanzan rápidamente y podrían haber consumado daños por intervenciones en las rondas hídricas”.
A esto se suma, que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia, denunciaron que desde el año 2020 reciben constantes amenazas de muerte por parte de presuntos actores armados.
Los asentamientos indígenas pertenecientes a los pueblos Sikuani Sáliba y Piapoco están ubicados en un territorio que suma 102.000 hectáreas de las veredas: La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frío, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán, Meta. Allí, la Unidad evidenció los fenómenos de la deforestación, remoción e intervención de los bosques y vegetación natural de la ronda hídrica de los caños, ríos y lagunas en los territorios ancestrales.
En el territorio ancestral, se realizan quemas como método de remoción de cobertura vegetal, lo cual genera un alto riesgo de propiciar incendios forestales, disminuyendo la cobertura vegetal. Además, los procesos naturales que se presentan por la época de sequía y verano intenso hacen vulnerable la capa vegetal generando fuego incontrolable.
Gracias a las visitas técnicas que se realizaron a los predios privados que traslapan con el territorio ocupado por el pueblo Sikuani, actualmente cursan tres procesos sancionatorios por afectaciones a los recursos naturales debido a las actividades que se han realizado sin permiso de autoridad ambiental.
El director Duque manifestó que “tras analizar estas situaciones de gravedad y urgencia por la violación de los derechos ambientales de las comunidades indígenas, soportadas por la Unidad de Restitución de Tierras, el juez Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, consideró que la solicitud reúne los requisitos mínimos para su admisión y trámite, de conformidad con lo previsto en el art.152 del Decreto –Ley 4633 de 2011”.
Así las cosas, el juez dispuso la vinculación y notificación de las entidades para que en un término de cinco días se pronuncien en relación con la presente solicitud de medida cautelar.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La tranquilidad de un paseo turístico en La Macarena, Meta, se convirtió en angustia para una familia boyacense. Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven tunjana de 21 años y egresada de la Universidad Santo Tomás, desapareció este domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente mientras caminaba cerca del río Güejar durante un tour de la empresa EcoTrips.
La emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas, reconocido por su atractivo natural. La joven viajó con sus familiares y lamentablemente, fue alcanzada por la fuerza del agua. Desde ese momento no se han tenido noticias de su paradero.
La situación ha generado gran preocupación, pues la familia asegura que hubo demoras en el reporte del accidente y en el inicio de las labores de búsqueda. Denuncian que la búsqueda solo inició horas después, perdiéndose momentos vitales que pudieron salvarla”.
Por su parte, la Defensa Civil informó que se adelantan operativos de búsqueda con un equipo conformado por cinco socorristas especializados en rescate acuático. Las labores se concentran en la zona del río Güejar y áreas aledañas. Hasta el momento no se han obtenido resultados.
La familia de Yudi Alexandra Castellanos hizo un llamado urgente a las instituciones locales y nacionales para que refuercen las labores de búsqueda. En medio de la angustia, piden apoyo de organismos de socorro, autoridades y entidades estatales que permitan intensificar los operativos en la zona, con el fin de encontrar cuanto antes a la joven.
El río Güejar y Caño Canoas son apreciados por sus aguas cristalinas, caídas de agua y paisajes selváticos, que convierten a este territorio en uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura en Colombia. Sin embargo, su fuerte caudal y las condiciones propias del terreno exigen precaución y medidas de seguridad para quienes realizan recorridos guiados en la zona.
Fuente: Tomado de EL TIEMPO
META
La compensaron con un terreno por desplazada, ahora comercializa gallinas criollas y huevos campesinos
Después de sufrir los estragos del conflicto armado, María Elisa Marín encontró en la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la posibilidad de transformar su vida y la de su familia. Ella fue víctima de desplazamiento forzado y del asesinato de su esposo a manos de la guerrilla, en hechos ocurridos en Cundinamarca.
La mujer es beneficiaria de la sentencia que ordenó compensarla con un predio en el Meta, pues no podía retornar al que había abandonado. En cumplimiento de este fallo, la URT le entregó un terreno de 3.390 metros cuadrados en la vereda Sabanas del Rosario, en el municipio de Castilla La Nueva.
En el predio compensado, la Unidad implementó un proyecto productivo con enfoque avícola, apoyado con un subsidio de 40 salarios mínimos, que permitió la compra de 100 pollas criollas y 200 ponedoras, la construcción de galpones; además de la puesta en marcha de cultivos de cítricos y plátano para garantizar la seguridad alimentaria.
Tras 18 meses de asesoría técnica, los resultados son palpables: María Elisa ya ha comercializado 60.000 huevos campesinos criollos y semicriollos, equivalentes a 24.000 cubetas, además de gallinas para la venta. Su iniciativa se consolidó como un proyecto exitoso que aporta a la economía campesina.
“Estoy muy feliz de haber sacado adelante este proyecto. Después de lo que sufrí por la violencia, la Unidad de Restitución de Tierras me ayudó a transformar mi vida, me compensó con un predio, me construyó una vivienda y me apoyó para emprender”, afirmó la señora Marín.
Fuente: El Diario del Llano
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
