ARAUCA
Judicializados tras intentar apropiarse de una finca en Arauca constriñendo al propietario
La Fiscalía judicializó a una pareja de esposos y un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión en grado de tentativa y secuestro agravado.
Se trata de Martha Cecilia Murillo Cifuentes, Fernando Martínez Sánchez y José de Jesús Sánchez Díaz, alias “Milton”, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc estructura 10 Martín Villa, con injerencia en ese departamento. Los hechos materia de investigación se presentaron entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, en zona rural del municipio de Arauquita (Arauca).
En las indagaciones se pudo establecer que la víctima dueño de una finca habría sido citado en cinco oportunidades por las disidencias al municipio de El Amparo (Venezuela), Puerto Contreras jurisdicción de Saravena (Arauca) y la última vez en la vereda La Paz, con la finalidad de constreñirlo para que le traspasara las escrituras del predio a nombre de su hija Martha Cecilia Murillo Cifuentes.
El último evento ocurrió el 16 de septiembre del 2021, cuando llegaron a la finca varios sujetos armados en compañía de la pareja, quienes se habrían apoderado de cinco millones de pesos de la víctima y le reiteraron que tenía que hablar con alias “Milton” para la firma de las escrituras reteniéndolo desde las 11:00 de la mañana hasta la 8:00 de la noche.
La pareja fue capturada el pasado 23 de noviembre por uniformados de la Policía Nacional y por determinación del juez se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Los procesados no aceptaron los cargos imputados.
Cabe anotar que alias “Milton”, fue llamado a imputación por estos hechos y desde junio de 2022 se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en el homicidio colectivo de tres personas ocurrido el 24 de agosto de 2021 en Saravena (Arauca).
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
