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Inicia proceso para reclamar más de 26 mil hectáreas de territorio indígena en Meta y Vichada

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La Unidad de Restitución de Tierras, radicó ante un juez Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, la demanda que pretende reclamar 26.617 hectáreas y 5538 m² del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae ubicado en los municipios de Puerto Gaitán en el departamento del Meta y Cumaribo, Vichada.

El territorio está conformado por 425 personas del pueblo Sikuani que representan 100 familias, organizadas en 20 comunidades y que han sido víctimas de afectaciones como confinamiento, despojo y abandono por cuenta de la presencia y disputa territorial de los grupos al margen de la ley.

Entre las pretensiones de la acción judicial se encuentra: amparar el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales del pueblo indígena Sikuani, además que en concertación con las comunidades del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, culmine el proceso de ampliación, solicitado desde el año 1987 y reiterado en 1992; que realicen acciones informativas, en el marco de una estrategia pedagógica y de sensibilización con la población campesina inmersa en el Resguardo y los colindantes en las zonas de mayor presión colonizadora para que, con un enfoque de derechos y de reconciliación, se informe y sensibilice acerca de la condición legal y cultural de los territorios indígenas.

Algunas de las afectaciones que motivaron la presentación de la demanda, están relacionadas con la permanente presencia de narcotraficantes, guerrilla y Autodefensas. Según el informe de caracterización realizado por el equipo étnico de la URT, en la década de los 90, en este territorio se hallaron dos pistas clandestinas al servicio del narcotráfico, las cuales eran vigiladas por grupos paramilitares que impedían el paso del pueblo Sikuani hacia la vereda de Planas ocasionando el confinamiento.

Posteriormente y tras la constitución del Resguardo, hizo presencia la guerrilla de las FARC – EP, quienes circulaban en las zonas aledañas y luego, con el auge de los cultivos ilícitos, ingresaban al territorio, obligando a las comunidades a vincularse a la actividad ilegal y restringieron las actividades de subsistencia, afectando de esta manera, el gobierno propio.

En 1993 el ejército realizó aspersiones de glifosato sobre el territorio colectivo Iwiwi y Alto Patenae lo cual causó un grave impacto en la flora y los caños utilizados por los pobladores ancestrales, ocasionando afectaciones ambientales para la comunidad.

En los años siguientes, el pueblo Sikuani fue objeto de reclutamiento y de todo tipo de desmanes por parte de la guerrilla y de los paramilitares. La afectación más reciente fue en 2022, cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo realizaron señalamientos y amenazas, por medio de un audio de WhatsApp, contra miembros de la guardia indígena.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Mujer cabeza de hogar y su hijo desplazados por la guerrilla en Acacías recibirán nuevo predio

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El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación a una mujer y a su hijo, quienes fueron desplazados de su finca ‘La Esperanza’ en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, Meta. Esta decisión se destaca por su enfoque diferencial, reconociendo las particularidades de los sujetos en condición de especial protección, en este caso, debido a la situación de analfabetismo que enfrenta la madre.

La historia de esta familia se remonta a 1978, cuando el padre de la mujer adquirió el predio de siete hectáreas. En 1983, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) le adjudicó oficialmente la propiedad. En ‘La Esperanza’, construyeron un hogar donde cultivaban plátano, café y yuca. Pero en 1991 falleció el padre y la hija continuó luchando por mantener su hogar y darle sustento a su hijo.

Les tocó salir del predio

No obstante, el año 2002 marcó un antes y un después en sus vidas. Guerrilleros de las Farc, que hacían presencia en la zona, llegaron a su vivienda para informarles que debían abandonar el predio debido a inminentes enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares. Sin más opciones, madre e hijo huyeron hacia Villavicencio, dejando atrás sus tierras, cultivos y pertenencias.

Con el paso del tiempo y tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, esta mujer decidió recuperar su hogar. Acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, (URT), que llevó su caso ante la justicia. Hoy, el juez especializado ordenó la compensación, por lo que la entidad deberá comprarle un nuevo predio con condiciones similares al que abandonó forzadamente.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Cormacarena capacita a mineros legales del Meta, para evitar sancionarlos

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CAPACITACIÓN CORMACARENA

Debido a los incumplimientos y deficiencias en la presentación de los Informes, de Cumplimiento Ambiental, Cormacarena capacitó y sensibilizó a 68 de los 129 titulares mineros en 21 municipios del departamento, quienes están a cargo de la explotación de estos recursos. De estos, el 85 % corresponde a material de arrastre, como gravas y arenas, extraídos de los cauces de los ríos, mientras que el 15 % restante corresponde a material de cantera, como materiales de construcción extraídos de yacimientos a cielo abierto.

“Agradecemos enormemente a la corporación por este tipo de espacios que nos ayudan como titulares mineros a un mejor reporte de toda la información ambiental y a que todos los proyectos mineros sigan siendo representativos y sostenibles en el territorio. La capacitación fue muy clara y pudimos identificar varios errores en los que hemos incurrido, la idea es ampliar la información a todo el resto de profesionales y presentar la información como Cormacarena la requiere”, destacó Ana María Saldarriaga, representante de la empresa minera AGREMET S.A.

Para desarrollar la minería legalmente constituida en el departamento del Meta, los titulares mineros con licencia ambiental otorgada por Cormacarena deben presentar obligatoriamente el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), un instrumento indispensable que evalúa y verifica el cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental mitigando, corrigiendo o compensando los impactos negativos que puedan causar las actividades extractivas al ambiente o a las comunidades cercanas.

Entre los temas abordados, se incluyeron los planes de compensación y los planes de inversión forzosa de no menos del 1%, necesarios para compensar los impactos negativos en el ambiente y asegurar que las empresas mineras operen de manera responsable.

Fuente: Comunicaciones Cormacarena

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A la cárcel sujeto señalado de asesinar a sus padres en Villavicencio, fue capturado en Bogotá

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asesino padres villavicencio

La comunidad de Villavicencio aún no sale del estupor y repudio causado por la noticia conocida el sábado 22 de marzo en horas de la mañana, donde un joven habría asesinado a sus padres en una vivienda del barrio Kirpas de la capital del Meta, con múltiples heridas de arma cortopunzante.

Se conoció que el joven, identificado como Juan David Perdomo Wehdeking, huyó en un vehículo de la familia, por lo que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de sus padres José Luis Perdomo Sánchez y Sonia Wehdeking, y de inmediato se activó su búsqueda.

El presunto atacante fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en una vía pública frente a un centro comercial en el sur de Bogotá, donde habría huido para evadir la acción de las autoridades. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado por el procesado.

El material probatorio recopilado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió establecer que el procesado habría atacado con un arma cortopunzante a sus papás de 45 y 46 años, en varias partes del cuerpo causándoles la muerte y posteriormente huyó del lugar. Fue tal la sevicia con la que atacó a sus progenitores, que el cuchillo utilizado para tal fin se partió, como lo aseguró el fiscal que imputó los cargos durante las audiencias concentradas.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al sujeto, cuyo actuar aún mantiene conmocionada a la comunidad en el departamento del Meta. Los padres había llegado hace 8 días a la ciudad de Villavicencio desde Bucaramanga, para acompañar a su hijo en el proceso de iniciar estudios superiores.

El día de los hechos, la ciudadanía alertó a las autoridades sobre una riña que se estaba presentando en un inmueble en el barrio Kirpas, donde vivía Perdomo Wehdeking y sus padres.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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