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Inicia proceso para reclamar más de 26 mil hectáreas de territorio indígena en Meta y Vichada

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La Unidad de Restitución de Tierras, radicó ante un juez Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, la demanda que pretende reclamar 26.617 hectáreas y 5538 m² del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae ubicado en los municipios de Puerto Gaitán en el departamento del Meta y Cumaribo, Vichada.

El territorio está conformado por 425 personas del pueblo Sikuani que representan 100 familias, organizadas en 20 comunidades y que han sido víctimas de afectaciones como confinamiento, despojo y abandono por cuenta de la presencia y disputa territorial de los grupos al margen de la ley.

Entre las pretensiones de la acción judicial se encuentra: amparar el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales del pueblo indígena Sikuani, además que en concertación con las comunidades del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, culmine el proceso de ampliación, solicitado desde el año 1987 y reiterado en 1992; que realicen acciones informativas, en el marco de una estrategia pedagógica y de sensibilización con la población campesina inmersa en el Resguardo y los colindantes en las zonas de mayor presión colonizadora para que, con un enfoque de derechos y de reconciliación, se informe y sensibilice acerca de la condición legal y cultural de los territorios indígenas.

Algunas de las afectaciones que motivaron la presentación de la demanda, están relacionadas con la permanente presencia de narcotraficantes, guerrilla y Autodefensas. Según el informe de caracterización realizado por el equipo étnico de la URT, en la década de los 90, en este territorio se hallaron dos pistas clandestinas al servicio del narcotráfico, las cuales eran vigiladas por grupos paramilitares que impedían el paso del pueblo Sikuani hacia la vereda de Planas ocasionando el confinamiento.

Posteriormente y tras la constitución del Resguardo, hizo presencia la guerrilla de las FARC – EP, quienes circulaban en las zonas aledañas y luego, con el auge de los cultivos ilícitos, ingresaban al territorio, obligando a las comunidades a vincularse a la actividad ilegal y restringieron las actividades de subsistencia, afectando de esta manera, el gobierno propio.

En 1993 el ejército realizó aspersiones de glifosato sobre el territorio colectivo Iwiwi y Alto Patenae lo cual causó un grave impacto en la flora y los caños utilizados por los pobladores ancestrales, ocasionando afectaciones ambientales para la comunidad.

En los años siguientes, el pueblo Sikuani fue objeto de reclutamiento y de todo tipo de desmanes por parte de la guerrilla y de los paramilitares. La afectación más reciente fue en 2022, cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo realizaron señalamientos y amenazas, por medio de un audio de WhatsApp, contra miembros de la guardia indígena.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Embajador de Austria visitó la Unidad de Restitución de Tierras en Villavicencio

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Motivado por el interés de conocer el avance del proceso de restablecimiento de derechos territoriales en favor de las víctimas del despojo y abandono forzado, el embajador de Austria en Colombia, Gerhard Doujak, visitó la sede de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Villavicencio.

El diplomático llegó acompañado de Islena Rey, representante del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, y fue recibido por César Santoyo, director territorial de la URT en este departamento, tal como por el equipo de colaboradores de la entidad, que atiende cerca de 12.000 solicitudes de víctimas del conflicto armado.

“Estoy muy agradecido por la acogida. Me di cuenta de la importancia del trabajo que se desarrolla acá para curar heridas, para curar el pasado, y sobre todo el compromiso de la gente que labora en pro de las víctimas. No se puede deshacer lo que ha pasado, pero sí hacer algo para que no se repita”, sostuvo Doujak durante el encuentro.

Por su parte, el director territorial Santoyo agradeció la presencia del diplomático en las instalaciones de la Unidad en Villavicencio, y su interés por conocer el avance del proceso de reparación a las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, política que contribuye a la Paz Total y a la Reforma Agraria Integral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Santoyo destacó que, en los últimos 20 meses, los jueces y magistrados han emitido 1.521 sentencias para la restitución de 92.662 hectáreas. Además, el Gobierno Nacional facilitó la entrega material y por compensaciones de 35.674 hectáreas, de las cuales 16.000 corresponden al Resguardo Indígena Florida Kawinanae, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán.

La Unidad mejoró la tasa de aprobación de solicitudes de restitución, que pasó de una negación del 65% en administraciones anteriores, al 72% bajo el actual Gobierno.

Finalmente, Santoyo informó que el equipo de la Dirección Territorial Meta está trabajando arduamente para cumplir las metas de la presente vigencia, que consisten en la adopción de 400 decisiones de fondo, la radicación de 133 demandas, el seguimiento y cumplimiento a 126 órdenes de restitución y la implementación de 40 proyectos productivos.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

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Cormacarena realiza operativo de búsqueda tras ataque de un felino en Villavicencio

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En vista de la presencia de felinos en zona rural de Villavicencio, Cormacarena atiende el llamado de los recientes incidentes ocurridos en las inmediaciones del predio Hachón del SENA y la Escuela Taladro, donde se recibió el primer reporte sobre un ataque de felino a una persona, lo cual activó inmediatamente los protocolos de respuesta.

Ante dicha situación, desde la autoridad ambiental se coordinó una serie de acciones de búsqueda con el equipo de veterinarios y biólogos durante la noche del mismo día, utilizando tecnología de drones equipados con cámaras térmicas. A pesar de estos esfuerzos, no se logró localizar el ejemplar. Además, se realizó una inspección a pie por el área sin obtener resultados positivos.

Posteriormente, la corporación recibió reportes adicionales de ataques similares en el mismo predio, los cuales vienen siendo investigados con la máxima seriedad y se han intensificado las medidas de vigilancia y rastreo en el área para asegurar la seguridad de toda la comunidad.

Por ahora se mantiene la alerta y todas sus líneas de comunicación abiertas para responder eficazmente a cualquier situación que surja.

De igual forma, se hace un llamado a la comunidad para que reporte cualquier avistamiento o incidente relacionado con fauna a nuestra línea directa, disponible las 24 horas del día. La cooperación ciudadana es vital para manejar eficientemente este tipo de emergencias y garantizar la seguridad de todos.

Fuente: Cormacarena

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Condenan a mujer que realizaba extorsiones para el Clan del Golfo en el Meta

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Una pena de 8 años y 5 meses (102 meses) de prisión tendrá que cumplir Sandra Milena Sánchez Quintero de 38 años, hallada responsable como coautora de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada, en hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en tres municipios del Meta.

Luego de valorar el material probatorio presentado por la fiscalía especializada Gaula Ariari un juez de conocimiento emitió el fallo contra la mujer que aunque no aceptó cargos al ser capturada en 2020, luego pre acordó con la fiscalía en 2024.

Los hechos por los cuales fue condenada Sánchez Quintero tendrían que ver con su participación en el ‘Clan del Golfo’ como recaudadora, junto a otras mujeres, de los dineros que eran obligados a entregar bajo amenazas a través de giros, por agricultores de Lejanías, Vistahermosa y Granada.

Según la investigación el dinero que recogían por lo menos siete mujeres que pertenecían a esa agrupación delincuencial era entregado al jefe de la banda identificado como Juan David Parra Contreras alias Carlos o Miguel.

Dentro del fallo, el juez de especializado de conocimiento no concedió la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, ni la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena ordenada contra la sentenciada, por lo cual tendrá que cumplirla en un centro carcelario.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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