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Juez ordena compensar a familia desplazada por la guerrilla en el Meta
Una familia víctima de la guerrilla por cuenta de sus posturas políticas y que fue despojada de su predio urbano, ubicado en Puerto Rico, Meta, será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras.
Entretanto, la actual ocupante continuará residiendo en la vivienda, según lo contempla el fallo proferido por Tribunal Superior de Bogotá.
En 1984, el jefe del hogar adquirió un lote de 199 metros cuadrados ubicado en el barrio El Morichal, en el cual construyó habitaciones, baños, cocina, sala comedor y una bodega que arrendó para el funcionamiento del juzgado municipal. Con el tiempo, el hombre contrajo matrimonio, empezó a residir allí con su nueva esposa y luego con sus dos hijos.
Trascurría el año 1992, cuando la violencia se agudizó en la zona, el padre del solicitante, quien pertenecía al Partido Liberal, fue asesinado por las Farc y como si fuera poco sufrimiento para esta familia, también un hermano del reclamante quien fungía como concejal fue ultimado en represalia por su labor de oposición a las acciones de la guerrilla.
Tras estos homicidios, el solicitante de tierras, fue retenido por hombres armados mientras viajaba en su embarcación entre Puerto Toledo y Puerto Lleras, además fue golpeado y acusado de ser auxiliador del Ejército. Como consecuencia de estas intimidaciones y nuevas amenazas recibidas mediante un panfleto en el que la guerrilla le daba la instrucción de “hacer un documento” en favor de un tercero conocido como “Antonio Tolima”, el hombre se vio obligado a vender la propiedad por la suma de $4 millones y no tuvo más opción que desplazarse junto con su familia hacia Villavicencio y posteriormente a Bogotá.
Con el paso del tiempo, el predio solicitado en restitución, fue vendido a otra persona y luego a una mujer, quien argumentó que adquirió la propiedad de manera lícita y que no está vinculada con grupos al margen de la ley. Luego, ella reclamó su derecho de continuar viviendo en esa casa.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, indicó que “con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia víctima presentó la solicitud ante la URT que ejerció su representación judicial, logrando así que la justicia emitiera sentencia a su favor”.
“En esta sentencia, el Tribunal ordena a la Unidad la aplicación de la compensación como medida reparadora a la familia despojada, mientras que la mujer residente en el predio continuará habitándolo al ser reconocida su calidad de ocupante de buena fe exenta de culpa”.
Puntualizó Santoyo que la familia beneficiaria tendrá acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
