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CASANARE

Entregan restos de joven desaparecido en Casanare hace más de 20 años

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Maximiliano Ávila o más bien ‘Marzo’ como cariñosamente lo llamaban sus tíos y hermanos, era uno de los 4 hijos de la familia Ávila Barrera. Marzo creció con sus padrinos de infancia, Joaquín y Ana Elía; sin elegirlo, tuvo la fortuna de contar con dos familias, la de crianza y la de sangre. Aunque a veces un poco alejado de esta última, cada vez que tenía vacaciones o días libres, aparecía de sorpresa para visitarlos.

Estar así, ausente, se volvió costumbre porque doña Alicia, su madre, empezó a presentar convulsiones y ataques de epilepsia que le impidieron tener toda la atención como ella hubiera querido para sus hijos.

Ana de Dios, Efraín, Delfina y Maximiliano, tuvieron una crianza carente de juegos y más bien llena de trabajo de campo. “Para ganarse la vida hay que trabajarla”, dice Delfina y eso bien lo sabía Maximiliano, por eso apenas tuvo mayoría de edad, comenzó a trabajar como jornalero, primero en el campo y luego en uno de los pueblos donde parecía haber más auge de trabajo.

“Conservo recuerdos en la platanera, mientras sembrábamos arroz, jugábamos haciendo huecos para la siembra; también peleábamos en esas peleas de niños”, recuerda su hermana Delfina, quien fue la más cercana entre sus hermanos.

Marzo empezó a trabajar en Aguazul, un municipio a escasos 30 minutos de Yopal; así fue como las visitas a su casa empezaron a hacerse más escasas. A veces entre dos o tres meses de tiempo. Para el año 2000 en una de esas, un conocido de la familia, llegó hasta la residencia y le comentó a la familia que escuchó en la radio sobre la posible muerte de un joven que “al parecer era Marzo”. Según el conocido, los hechos mencionados eran confusos pero estaban relacionados con grupos armados.

La única referencia era que había aparecido en Aguazul y posiblemente el cuerpo estaba en el cementerio de dicho municipio. “Por ahí se la pasaba la gente esa, llevándose los muchachos y creo que en ese tiempo que reclutaban muchachos para lado y lado se lo llevaron” dice Delfina al recordar la amarga noticia.

Recuerda también que, su papá, don Santos, fue hasta el cementerio de Aguazul para intentar averiguar alguna información, pero en ese tiempo quedarse en silencio era garantizar la seguridad. Por eso, cuando estuvo tratando de indagar lo sucedido con su hermano Marzo, no encontró a nadie que le diera respuesta.

Entre la indiferencia y el dolor, pasaron los meses y los años. Siendo una familia de campo, sin conocimiento de los trámites y procesos, siguieron su vida y dejando a la resignación y el dolor de ausencia la pérdida.

Veinte años después, Delfina cuenta que recibió una llamada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, donde se le informó de la programación de una acción humanitaria para la recuperación de varios cuerpos en el cementerio de Aguazul y fue ahí donde revivió la esperanza de poder dar ese último adiós a su hermano.

Fue en este proceso, llevado a cabo en mayo de 2022, cuando el equipo de la UBPD pudo revisar y cruzar la información de la investigación humanitaria, la cual arrojó que uno de los cuerpos encontrados podría coincidir con el caso de Maximiliano. Luego de contactar a la familia, la Unidad de Búsqueda tuvo varios encuentros con ellos, no solo para cotejar su testimonio, si no también para realizar toma de muestras biológicas que terminaron de confirmar que efectivamente se trataba del cuerpo buscado.

Durante el espacio de entrega digna, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentó a la familia el informe de necropsia y por petición de ellos mismos, les fueron presentadas partes de las prendas que vestía Maximiliano el día de la desaparición. Una pantaloneta y un zapato, fueron los elementos que todos reconocieron.

“Ya sabemos dónde estaba. Ni siquiera vamos a dudar que él es. Se ve su ropa con la que se vestía y tengo tranquilidad de que ya nos lo entregaron y podemos ir a visitarlo al cementerio”, señaló Delfina con la tristeza de la ausencia, pero la alegría de por fin hallarlo.

Después de que el sacerdote presentó su último acto religioso, doña Hilda, tía de ‘Marzo’ dijo que “en la misa hubo un momento en que mi corazón sintió la presencia de él”, para ella ese momento fue suficiente para calmar el sentimiento de ausencia y desesperanza que guardó por muchos años sobre su sobrino. Invitó a su familia a perdonar el pasado y vivir el presente.

Una de las pocas fotos de Maximiliano que aún se conservan en el álbum familiar, lo muestran con un bolso pequeño de lana terciado, así lo recuerda Delfina al traer su nombre a la memoria. No hubo lágrimas, pero sí una sonrisa, unas palabras de perdón y respeto para darle el último adiós a Marzo, un adiós prolongado por 20 años, una espera que por fin termina y permite que su cuerpo repose en el cementerio de Yopal, ese lugar donde podrán visitarlo y llevarle una flor.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD

CASANARE

Procuraduría investiga denuncias en construcción del malecón de Yopal

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.

Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.

El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.

Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.

La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.

Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

 

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Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley

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En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.

Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.

En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.

En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.

Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:

  • Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
  • No conocen el territorio.
  • No estén en compañía de algún familiar.
  • Tienen rasgos indígenas.

El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.

Fuente: Gobernación del Meta

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Despejan de minas antipersona los alrededores de la escuela en el municipio de La Salina

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El Gobierno nacional declaró libre de contaminación por minas antipersona más de 1.800 metros cuadrados de terrenos ubicados en los alrededores de la escuela del municipio La Salina, en el departamento de Casanare.

Las labores de desminado beneficiaron directamente a 58 personas de la comunidad e impactaron de manera indirecta a 83 más, quienes ahora transitan por el lugar y asisten a la escuela con tranquilidad, confirmó la Consejería Comisionada de Paz.

Las labores se iniciaron en el 2022 y estuvieron a cargo del grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) que designó al operador de desminado humanitario The HALO Trust para llevar a cabo las operaciones de despeje.

El área despejada es conocida como Camino Potrero Grande, está situada a tan solo 150 metros de una escuela veredal de este municipio, reconocido por sus minerales, café, cerros encumbrados y paisajes de inmensa belleza.

En coordinación con la Consejería Comisionada de Paz se adelantan actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos con los habitantes de las áreas intervenidas.

Estas actividades, dirigidas especialmente a niñas, niños y docentes, fueron fundamentales para promover el autocuidado y generar una cultura de comportamientos seguros dentro de la comunidad.

Con el compromiso de los operadores de desminado, el Gobierno trabaja en diversos territorios del país para salvaguardar la integridad de las comunidades, restableciendo sus derechos básicos y construyendo territorios más seguros.

Fuente: Presidencia de la República

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