REGIÓN
Casanare y Meta en riesgo de protestas, disturbios o asonadas en el marco de las elecciones territoriales
Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.
“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe de advertencia sobre riesgos de posibles escenarios de conflictividad social en el desarrollo de las elecciones territoriales.
Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).
Para el caso de Bogotá, revisten riesgo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).
Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son:
1) Las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral.
2) Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.
3) Las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses del 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado.
4) Resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral.
5) La polarización política y pugnacidad entre las campañas.
Eventos de conflictividad previos al certamen electoral
En lo corrido del año, y en el desarrollo de las actuales campañas, se han presentado distintos tipos de expresiones y manifestaciones sociales. Este tipo de acciones tiene incidencia en la polarización social y política y puede, en el desarrollo de los comicios o posteriormente a ellos, repercutir en el reconocimiento de los resultados.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, titulado ‘Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023’, se registraron 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en los departamentos de Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Cesar, entre otros.
Estos casos se suman a los 1252 conflictos sociales registrados entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando fueron reportados 990 eventos de la mencionada naturaleza.
Pugnacidad entre campañas, candidatos y partidos
El aumento de tensiones sociales derivadas de ataques entre y hacia candidatos y movimientos políticos podría desencadenar en hechos de violencia durante o después de la jornada democrática. Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia.
La Defensoría ha conocido y observado con preocupación los continuos ataques entre y hacia los candidatos en los departamentos de Santander, Córdoba y Casanare, y en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, además de otras ciudades. A ello se suman discursos que tienen como propósito deslegitimar el rol de los organismos electorales.
Recomendaciones a entidades y autoridades
El llamado de la institución nacional garante de los derechos humanos es a que tanto autoridades electorales y administrativas como la fuerza pública adopten medidas de prevención. “El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, señaló Carlos Camargo Assis.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda:
1) A los ministerios del Interior y Defensa y a la fuerza pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.
2) Al Ministerio del Interior, poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.
3) A la fuerza pública, trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.
4) A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Autoridades de Boyacá confirmaron que se logró la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Fantasmas’, que se dedicaba al hurto de residencias en Paipa y Villa de Leyva.
Durante el operativo se llevaron a cabo tres allanamientos, cinco capturas por orden judicial a individuos involucrados en los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir, y se realizó el arrestó de una persona en flagrancia por el delito de receptación.
Luego de asociar varias denuncias de hurtos a viviendas en Boyacá y Cundinamarca, y de recopilar abundante material de prueba; la Fiscalía General de la Nación identificó a una red delincuencial conocida como Los Fantasmas que estaría involucrada en, por los menos, 10 eventos delictivos que superarían los 60 millones de pesos.
Seis personas que harían parte de esta red ilegal fueron presentadas por un fiscal de la Seccional Boyacá ante un juez de control de garantías y los imputó como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.
la evidencia recopilada determinó que los procesados, al parecer, identificaban residencias en las que se desarrollaban festejos o reuniones sociales para luego; en las noches o madrugadas ingresar a los lugares y hurtar dinero, joyas y demás elementos de valor.
Por estos hechos están siendo procesados José Estiven Méndez Rincón, Walter Esneider Rodríguez Castro, Richard Ángel Blanco Gutiérrez, Duvan Steven Reyes Moreno y Germán Andrés Morantes Modesto.
Por petición de la fiscal del caso el juez de control de garantías los envió a la cárcel.
Fuente: Gobernación de Boyacá
‘Encontrémonos para abrazarnos, no para dañarnos’ se denominó la campaña que la Gobernación de Boyacá, en articulación con otras autoridades, implementó durante el fin de semana del Día de la Madre en el departamento.
Los resultados de esta iniciativa, junto con el buen comportamiento ciudadano, las caravanas, entre otros, son positivos, ya que se registró una reducción significativa en los principales delitos, en comparación con el año 2023. Los casos de homicidio, por ejemplo, disminuyeron en un 100%, mientras que los de violencia intrafamiliar redujeron en un 80% y las lesiones personales en un 75 por ciento.
Por otro lado, la Gobernación de Boyacá, en conjunto con las autoridades, presentó un balance en materia de seguridad y orden público entre 6 y 13 de mayo en el departamento. Durante ese período se realizaron 40 capturas por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, porte ilegal de armas, hurto calificado y receptación.
Adicionalmente, se incautaron 18 metros cúbicos de madera y 58 semovientes valorados en 200.000.000 de pesos. También fueron cerradas 13 unidades de producción minera avaluadas en 163.000.000 de pesos, aproximadamente, y se recuperaron cuatro especies de fauna silvestre.
Igualmente, se adelantaron 22 operativos de registro y control, y se desarrollaron 800 jornadas de prevención integral que impactaron a más de 15.000 personas.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Tomado de: Boyacá Sie7e Días
El exrepresentante a la Cámara tiene una condena de la Corte Suprema a cinco años y siete meses de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
En febrero de este año la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y siete meses de prisión en contra del exrepresentante a la Cámara de Cambio Radical Gustavo Hernán Puentes Díaz.
Con este fallo, la alta Corte también había expedido orden de captura contra el excongresista boyacense para que cumpla su condena en un establecimiento carcelario, pero este no se había presentado ante las autoridades competentes.
Boyacá Sie7e Días conoció en exclusiva que la tarde del sábado, el boyacense oriundo de Sogamoso y de familia de Tópaga, fue capturado en la capital de Casanare a donde iba periódicamente al parecer a una finca que tienen allí. En los próximos días podría ser trasladado a Bogotá, a la cárcel de la Picota al pabellón de funcionarios públicos.
En octubre del 2021 la Corte Suprema de Justicia halló culpable a Puentes Díaz de usar su cargo de congresista entre el 2008 y el 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos.
Para la Sala de Primera Instancia, los medios de conocimiento en este caso evidencian, sin lugar a equívocos, que Puentes Díaz usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, para que se nombrara a los dos depositarios que carecían de la idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando el trámite legal para su designación.
Según la Corte, a cambio de esa gestión el representante a la Cámara obtuvo beneficios económicos y políticos.
Fuente: Boyacá Sie7e Días
