META
Campesino despojado por las Autodefensas en el Meta resurgió y se convirtió en productor
Una hermosa vista adornada con colinas rodeadas de árboles frondosos y espesa vegetación, donde se respira aire puro y se siente el aroma de las flores silvestres, es la que diariamente se refleja en la retina y agudiza los sentidos de José Garzón, un campesino resiliente, quien a pesar de ser víctima del despojo paramilitar resurgió de entre las cenizas como el ave Fénix y se convirtió en productor.
Su hogar se llama “El Merey”, un predio restituido de 14 hectáreas a orillas de Caño Buenos Aires y ubicado en la vereda La Meseta, a 20 minutos del casco urbano de El Dorado, en el departamento del Meta. Allí, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras, desarrolló un proyecto productivo de cría de ganado doble propósito que lo convirtió en productor y comercializador de leche a las empresas Colanta y San Gerónimo.
El despojo
Al comenzar el nuevo milenio, José heredó de su padre una parte del predio “El Merey” donde residía con su esposa y sus hijos, y tenían cultivos de pan coger para el consumo familiar. Su suerte se tornó oscura y tenebrosa en el año 2001, cuando alias “Julián”, un reconocido jefe paramilitar de la zona, lo obligó a malvender su finca y a desplazarse a otro lugar. En ese momento, le ofrecieron $18 millones por el predio, pero finalmente le entregaron $14 millones, porque le notificaron que debía entregar $4 millones por derecho de guerra a alias “Don Mario” jefe de las Autodefensas.
Como si no fuera suficiente con el despojo, la tragedia continuó cuando en el 2016 un grupo al margen de la ley se llevó y posteriormente asesinó a su hijo Nixon, de 24 años de edad.
El regreso
Con el paso del tiempo, la familia Garzón, que continuaba sobreviviendo con el dolor de la pérdida de su ser amado, revivió la esperanza de recuperar la tierra que les arrebató el paramilitarismo. “Nos dijeron que gracias a la nueva ley podíamos reclamar la finca ante el Estado y por eso acudimos a restitución de tierras donde nos asesoraron y después de unos meses, un juez ordenó que nos
devolvieran el predio. Eso fue una gran bendición para nosotros”, exclamó José Garzón.
“Esta tierra es lo más hermoso que puede haber, aquí vivimos rodeados de mesetas, agua, paisajes espectaculares”, cuenta José con su sonrisa a flor de piel.
Productor lechero
Además de la devolución material del predio, la Unidad de Restitución de Tierras le asignó a José Garzón y a su familia, $33 millones que se destinaron para la compra de siete vacas doble propósito, al mantenimiento e instalación de cercas, compra de insumos, construcción de un corral, una bodega y a la adecuación de un establo para realizar las labores de ordeño.
Meses después, cuando las reses dieron sus primeras crías, comenzó la producción de 1.500 litros de leche al mes. Don José logró un acuerdo con la empresa Colanta que le garantizó la compra de la producción actual y además la Unidad les gestionó un contrato de comercialización con la distribuidora Lácteos San Gerónimo.
“El Merey” pasó de ser un terreno enmalezado y abandonado a transformarse en una finca productiva en la que también hay cultivos de limón, ají, plátano y se inició la producción de gallinas ponedoras.
Reparación integral
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, explicó que la entidad, realizó acompañamiento y direccionamiento ante el Ministerio de vivienda para que el beneficiario fuera priorizado para la construcción de vivienda rural, que consiste en la entrega de un subsidio por hasta 70 salarios mínimos legales vigentes.
Como resultado de ese acompañamiento, los Garzón cumplen otro sueño: el de estrenar casa, porque con recursos del gobierno nacional construyeron en “El Merey”, una vivienda de 56 metros cuadrados que consta de tres habitaciones, sala comedor, baño, cocina, lavadero y un tanque de reserva.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
