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En los falsos positivos de Casanare asesinaron hasta habitantes de calle traídos de Villavicencio

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En Yopal se cumplió el segundo día de Audiencia pública de Reconocimiento por 303 ‘falsos positivos’ cometidos en Casanare por integrantes de la Brigada XVI del Ejército entre 2005 y 2008.

En el primer día intervinieron familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por miembros de las unidades Delta y del Gaula Casanare. Nueve comparecientes de esas unidades hicieron reconocieron estos crímenes y pidieron perdón a las víctimas.

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En el segundo día de  jornada hicieron su reconocimiento los miembros retirados del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) e intervinieron los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ cometidos por miembros de este batallón.

La audiencia fue presidida por el magistrado Óscar Parra, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, ambos correlatores del #Caso03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

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Una jornada llena de revelaciones

El Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), una de las siete unidades tácticas que conformaban la Brigada XVI, fue una de las suborganizaciones criminales que se conformó en Casanare. Las presiones, incentivos y la estigmatización motivaron sus crímenes.

Durante el periodo en el que se registró el aumento de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por el Birno estaba comandado por el coronel Germán Alberto León Durán y el entonces teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo.

La estigmatización llevó a que miembros del Birno seleccionaran a sus víctimas, principalmente, entre personas vulnerables e indefensas, a quienes les hicieron ofertas de trabajo o invitaciones. Y dividieron a la población entre “gente de bien” y “bandidos”.

Durante la audiencia, el coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, reconoció que, durante su vinculación al Birno 44, entre 2006 y 2007, se cometieron 73 asesinatos presentados como supuestas bajas en combate.

Sobre cómo se escogían a las víctimas, Puerto Jiménez dijo que se seleccionaban “por su vulnerabilidad, porque la mayoría de las víctimas estaban bajo los efectos del alcohol, algunos bajo el efecto de drogas”, y dijo que se les estigmatizaba haciendo falsos señalamientos.

El oficial retirado Puerto Jiménez reconoció que “incluso se llegó a asesinar a personas habitantes de calle traídas desde Villavicencio y de otros lugares cercanos a la jurisdicción” de la Brigada XVI.

Sobre cómo se conseguían las armas para implantarlas en las víctimas, Puerto Jiménez dijo que las conseguía el “personal de inteligencia del S2” y agregó que él mismo aportó armas para ese fin. “Yo coloqué armas para víctimas del capitán Gordillo”, explicó.

Puerto reconoció que obstaculizaban la identificación de los cuerpos. Ahora “la idea es identificar, ubicar y entregar los cuerpos a todas las familias y esa es la meta que nos hemos propuesto junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dijo. A la fecha han sido identificados 30 cuerpos.

Sentimientos en medio de la búsqueda de la verdad

Las víctimas agradecieron a la JEP por el ejercicio que hoy les permite saber la verdad, a su vez resaltaron el trabajo que se realiza para limpiar el nombre de sus familiares. Ante la intensidad del proceso, se programó para este miércoles una última jornada de audiencias.

En el segundo día se presentaron ante la audiencia: mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián, Leandro Eliécer Moná Cano cabo segundo (r), Alexánder González Almario, soldado profesional (r), integrante del Gaula Casanare en la época de los hechos, Gélver Pérez, cabo primero (r), Wilson Salvador Burgos, sargento segundo (r).

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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Gobernador y ministro de Salud inspeccionan obras del hospital de Maní y exigen acelerar trabajos

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizaron una visita al municipio de Maní para verificar el avance en la construcción del hospital de primer nivel, una obra largamente esperada por la comunidad y respaldada por el Gobierno nacional, con una inversión cercana a los 20.500 millones de pesos.

Durante el recorrido, las autoridades constataron que el proyecto registra actualmente un avance del 13 % en su ejecución. Frente a este panorama, el ministro Jaramillo hizo un llamado directo al contratista para que incremente el ritmo de trabajo y garantice una mayor eficiencia en el desarrollo de la obra, con el fin de cumplir los tiempos establecidos y responder a las expectativas de la población.

Por su parte, la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, explicó que, aunque el porcentaje de avance aún es bajo, el proyecto se encuentra dentro del cronograma previsto. Señaló además que ya se superó la etapa de cimentación, considerada la más compleja y demorada del proceso constructivo.

Bohórquez reiteró que, de mantenerse el cumplimiento del cronograma, el nuevo hospital de baja complejidad estaría listo para entrar en funcionamiento en el mes de julio, fortaleciendo la atención en salud del municipio de Maní y mejorando el acceso oportuno a servicios médicos básicos para sus habitantes.

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Zorro y Gobierno Nacional cuadraron caja para la nueva torre de alta complejidad del HORO

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Tras la visita a Casanare del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de la directora del DNP, Natalia Molina, se ratificó la asignación de los recursos para la construcción de la nueva torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO), una gestión liderada por el gobernador César Ortiz Zorro que hace realidad uno de los proyectos más esperados del departamento.

La financiación aprobada asciende a 106 mil millones de pesos, de los cuales 46.700 millones provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 60.000 millones del Ministerio de Salud. Estos recursos permitirán avanzar en una obra concebida para atender una de las problemáticas más graves del sistema de salud en Casanare, las constantes remisiones de pacientes hacia ciudades como Bogotá, Tunja o Villavicencio, muchas veces con desenlaces fatales por la espera o por la distancia.

El gobernador agradeció al ministro, al presidente y al personal que participó en la estructuración del proyecto, y señaló que se cumple una promesa hecha todos los casanareños, especialmente a las familias obligadas a desplazarse fuera del departamento para acceder a atención especializada.

De igual manera, Zorro afirmó que este proyecto representa el día más feliz de su vida y recordó que solo el año pasado se registraron 9.000 remisiones de pacientes hacia otras zonas del país, una situación que calificó como una tragedia para Casanare. Según explicó, con la nueva torre ese panorama va a cambiar, ya que permitirá prestar más de 23 especialidades médicas y quirúrgicas sin que los pacientes tengan que salir del departamento.

El costo total de la infraestructura es de 225 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta 106 mil millones y la Gobernación de Casanare asumirá el valor restante. La nueva torre ofrecerá servicios como anestesiología, cardiología general y pediátrica, cirugía general, pediátrica, de mama, de tejidos blandos, gastrointestinal, plástica y oncológica, además de oncología, cirugía maxilofacial, neonatología, neurocirugía, dermatología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, nefrología, neurología, nutrición y dietética, ortopedia, otorrinolaringología, urología, psicología y hematología, entre otros.

Además, el gobernador indicó que este proyecto abre la puerta a la creación de una cátedra de medicina en el departamento, con el fin de que los jóvenes puedan formarse como médicos sin salir de Casanare, un proceso que ya se viene trabajando con la Universidad Nacional y la UPTC.

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Se salda una deuda silenciosa en Yopal con Hospital Público de Salud Mental

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Durante años, la salud mental en Yopal fue un tema relegado al silencio y atendido, en la mayoría de los casos, desde lo privado, con grandes limitaciones para las familias más vulnerables. Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse: el municipio contará con el hospital público de salud mental de la Orinoquía, una infraestructura pensada para cuidar la vida, prevenir tragedias y brindar atención digna y oportuna. Esta decisión se consolida bajo la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz, como una respuesta institucional a una de las problemáticas sociales más sensibles del territorio.

Desde esta apuesta pública, la salud mental adquiere un lugar prioritario dentro del municipio, reconociendo que existen dolores que no se curan con medicamentos, pero sí con una adecuada intervención de profesionales especializados, acompañamiento oportuno y espacios diseñados para una atención integral. Con este proyecto, Yopal se posiciona a la vanguardia de ciudades como Bogotá,  Cali, Medellín y Bucaramanga, al convertirse en sede del hospital público de salud mental de la Orinoquía colombiana.

La viabilidad de esta iniciativa, que contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado del alcalde Marco Tulio Ruiz, el apoyo de la senadora Sonia Bernal y el respaldo del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto fue estructurado por profesionales de la ESE Salud Yopal y de diferentes dependencias de la alcaldía, logrando su aprobación en un tiempo récord de ocho meses.

¿Qué tendrá el nuevo hospital?

El nuevo hospital contará con áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, farmacia y apoyos terapéuticos, convirtiéndose en una alternativa pública y accesible para las familias que hoy no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de una atención privada o que deben desplazarse a otras regiones del país. Además del hospital de salud mental, el Ministerio de Salud también respaldó recursos para fortalecer la atención primaria en el territorio, mediante la remodelación del PAPS de Quebradaseca y de los CAPS de El Morro y La Chaparrera, ampliando así la capacidad de atención y prevención en salud para comunidades rurales y urbanas.

En materia de talento humano, cerca de 300 profesionales entre enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos familiaristas serán capacitados para implementar el modelo de atención requerido en salud mental. A esto se suma la formación de 750 gestores comunitarios, quienes desde el territorio permitirán identificar de manera temprana a las personas que requieren acompañamiento profesional. Las cifras evidencian la urgencia de esta intervención: en el año 2024 se registraron 9 suicidios en Yopal y en 2025 la cifra ascendió a 8 casos. En el departamento de Casanare, 331 personas atentaron contra su vida, una realidad que exige respuestas inmediatas desde lo público y que hoy empieza a ser atendida con acciones concretas.

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