CASANARE
En los falsos positivos de Casanare asesinaron hasta habitantes de calle traídos de Villavicencio
En Yopal se cumplió el segundo día de Audiencia pública de Reconocimiento por 303 ‘falsos positivos’ cometidos en Casanare por integrantes de la Brigada XVI del Ejército entre 2005 y 2008.
En el primer día intervinieron familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por miembros de las unidades Delta y del Gaula Casanare. Nueve comparecientes de esas unidades hicieron reconocieron estos crímenes y pidieron perdón a las víctimas.
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En el segundo día de jornada hicieron su reconocimiento los miembros retirados del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) e intervinieron los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ cometidos por miembros de este batallón.
La audiencia fue presidida por el magistrado Óscar Parra, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, ambos correlatores del #Caso03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
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Una jornada llena de revelaciones
El Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), una de las siete unidades tácticas que conformaban la Brigada XVI, fue una de las suborganizaciones criminales que se conformó en Casanare. Las presiones, incentivos y la estigmatización motivaron sus crímenes.
Durante el periodo en el que se registró el aumento de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por el Birno estaba comandado por el coronel Germán Alberto León Durán y el entonces teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo.
La estigmatización llevó a que miembros del Birno seleccionaran a sus víctimas, principalmente, entre personas vulnerables e indefensas, a quienes les hicieron ofertas de trabajo o invitaciones. Y dividieron a la población entre “gente de bien” y “bandidos”.
Durante la audiencia, el coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, reconoció que, durante su vinculación al Birno 44, entre 2006 y 2007, se cometieron 73 asesinatos presentados como supuestas bajas en combate.
Sobre cómo se escogían a las víctimas, Puerto Jiménez dijo que se seleccionaban “por su vulnerabilidad, porque la mayoría de las víctimas estaban bajo los efectos del alcohol, algunos bajo el efecto de drogas”, y dijo que se les estigmatizaba haciendo falsos señalamientos.
El oficial retirado Puerto Jiménez reconoció que “incluso se llegó a asesinar a personas habitantes de calle traídas desde Villavicencio y de otros lugares cercanos a la jurisdicción” de la Brigada XVI.
Sobre cómo se conseguían las armas para implantarlas en las víctimas, Puerto Jiménez dijo que las conseguía el “personal de inteligencia del S2” y agregó que él mismo aportó armas para ese fin. “Yo coloqué armas para víctimas del capitán Gordillo”, explicó.
Puerto reconoció que obstaculizaban la identificación de los cuerpos. Ahora “la idea es identificar, ubicar y entregar los cuerpos a todas las familias y esa es la meta que nos hemos propuesto junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dijo. A la fecha han sido identificados 30 cuerpos.
Sentimientos en medio de la búsqueda de la verdad
Las víctimas agradecieron a la JEP por el ejercicio que hoy les permite saber la verdad, a su vez resaltaron el trabajo que se realiza para limpiar el nombre de sus familiares. Ante la intensidad del proceso, se programó para este miércoles una última jornada de audiencias.
En el segundo día se presentaron ante la audiencia: mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián, Leandro Eliécer Moná Cano cabo segundo (r), Alexánder González Almario, soldado profesional (r), integrante del Gaula Casanare en la época de los hechos, Gélver Pérez, cabo primero (r), Wilson Salvador Burgos, sargento segundo (r).
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional Casanare permitieron que un juez de conocimiento de Yopal condenara a Luis Alberto Jiménez García a 7 años y 11 meses de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
La investigación corroboró que en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Trinidad y algunas veredas de Yopal, entre 2020 y 2021 el hoy condenado extorsionó a ganaderos, finqueros, comerciantes, contratistas, entre otros, a quienes les hacía exigencias de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familias, su integridad y su patrimonio.
Jiménez García se desplazaba a las fincas, los establecimientos de comercio y a los distintos lugares donde eran citadas las víctimas. Y a través de equipos móviles también servía de intermediario entre éstas y sus jefes recluidos en cárceles y quienes se encargaban de hacer las amenazas y fijar los montos de las extorsiones. Así como también la fecha y la forma de pago de las mismas.
El juez también le impuso una multa de 5.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, judicializó ante un juez con función de control de garantías a un soldado profesional activo del Ejército, quien al parecer agredió sexualmente a su hijastra de 8 años.
Funcionarios de la Sijín Casanare hicieron efectiva la orden de captura en su contra en las instalaciones de una guarnición militar en el municipio de Tauramena.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 13 de febrero y el 22 de marzo de este año, cuando la menor habría sido sometida a tocamientos de connotación sexual por parte de su padrastro, cuando se quedaban a solas.
La Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, cargos a los que no se allanó.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como lo había solicitado la Fiscalía.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Luego de surtirse un proceso de concertación, acuerdo de pago y negociación de tarifas con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología, se avanza satisfactoriamente en la formalización de un nuevo contrato a través del cual se garantizará la atención de los pacientes con cáncer, afiliados a Capresoca EPS.
La minuta se encuentra en proceso de revisión por parte de la unidad de contratación del Instituto Nacional de Cancerología, previa subsanación de las últimas observaciones a este documento.
Haison Omar Carrillo Lemus, gerente de Capresoca EPS, anunció que la próxima semana se estaría suscribiendo el nuevo contrato, para dar continuidad a los servicios ambulatorios y tratamientos médicos para cerca 200 usuarios.
Desmintió que se hayan interrumpido los tratamientos y atención para pacientes con intervenciones de quimioterapia y radioterapia en los diferentes ciclos, con la suspensión de servicios por parte del Instituto.
“Nosotros venimos trabajando en la continuidad de los tratamientos de los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia. Lo que se suspendió fue la atención ambulatoria, que tiene que ver con asignaciones de citas para confirmación de diagnóstico e inicio de tratamiento por nuevos usuarios con esta patología. Esperamos que este servicio se reanude la próxima semana con la firma del nuevo contrato”, expresó el Gerente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
