CASANARE
Víctimas y victimarios de falsos positivos en Casanare estuvieron frente a frente
La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP adelanta en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03. En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptaron su responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocen los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se refieren a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Primer día de Audiencia de Reconocimiento de Verdad
En la audiencia hacen presencia 116 víctimas acreditadas ante la JEP, personas provenientes de distintos municipios de Casanare cuyos familiares fueron asesinados y presentados como supuestas bajas en combate.
18 familiares de las víctimas intervienen de manera pública durante los dos días de Audiencia de Reconocimiento de Verdad para expresar el relato de las afectaciones que estos graves crímenes causaron en sus vidas.
Para la realización de esta Audiencia de Reconocimiento se contó con un proceso restaurativo acompañado por distintos profesionales durante más de 9 meses. En total, se llevaron a cabo 13 encuentros restaurativos: 6 con víctimas, 6 con comparecientes y un encuentro entre víctimas y comparecientes.
El magistrado Óscar Parra Vera, quien preside la audiencia, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, explicó los alcances de esta diligencia judicial. “Esta audiencia es un punto de partida de la rendición de cuentas”, señaló.
Parra aclaró que aunque “no están aquí todos los responsables, sino los máximos responsables, eso no implica que no vayamos a llamar a rendir cuentas a las más de 200 personas que no tienen máxima responsabilidad”.
Encuentros preparatorios individuales
Además, el equipo de psicólogos, politólogos y antropólogos de la JEP llevó a cabo 23 encuentros preparatorios individuales, con apoyo del equipo psicosocial del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD – Comparecientes.
Con jarrones de barro, símbolo del largo proceso de restauración de las heridas que han tenido que afrontar, los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’ dieron inicio a la diligencia. Derly Patiño, vocera de las víctimas, habló sobre este camino recorrido y sus dificultades.
“Inicialmente estos jarrones estaban rotos y con las manos de cada uno de los familiares nos tocó reconstruirlos, como nuestras vidas rotas. Hemos unido fuerzas y entrelazado manos para reconstruirnos”, dijo Derly, cuyo esposo, Hugo Édgar Araque, fue asesinado en octubre de 2005.
Contexto de Casanare
En el contexto de Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: el ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); los batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, el 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y 65 ‘Batalla de Cachirí´.
Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas.
El Gaula Casanare, entre 2005 y 2007, reportó principalmente supuestas bajas en combate. Con solo 70 hombres, logró casi el mismo número de resultados que el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres.
Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fondelibertad se usaron para financiar a los reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
Víctimas escucharon a víctimarios
En el primer día las víctimas escucharon los testimonios del sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruíz, comandante del grupo Delta 4, Marco Fabián García Céspedes, teniente retirado, comandante de varios grupos especiales de unidades de la Brigada 16, Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare, Zamir Humberto Casallas, teniente (r), y en su momento, comandante del grupo Delta 4, Orlando Rivas Tovar, entonces director de la seccional del DAS en Casanare, Wilson Camargo Tamayo, coronel (r).
También fue escuchado Wilson Rodríguez Mimisica, uno de los dos civiles reclutadores imputados por ‘falsos positivos’ en Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare, con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional Casanare permitieron que un juez de conocimiento de Yopal condenara a Luis Alberto Jiménez García a 7 años y 11 meses de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
La investigación corroboró que en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Trinidad y algunas veredas de Yopal, entre 2020 y 2021 el hoy condenado extorsionó a ganaderos, finqueros, comerciantes, contratistas, entre otros, a quienes les hacía exigencias de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familias, su integridad y su patrimonio.
Jiménez García se desplazaba a las fincas, los establecimientos de comercio y a los distintos lugares donde eran citadas las víctimas. Y a través de equipos móviles también servía de intermediario entre éstas y sus jefes recluidos en cárceles y quienes se encargaban de hacer las amenazas y fijar los montos de las extorsiones. Así como también la fecha y la forma de pago de las mismas.
El juez también le impuso una multa de 5.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, judicializó ante un juez con función de control de garantías a un soldado profesional activo del Ejército, quien al parecer agredió sexualmente a su hijastra de 8 años.
Funcionarios de la Sijín Casanare hicieron efectiva la orden de captura en su contra en las instalaciones de una guarnición militar en el municipio de Tauramena.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 13 de febrero y el 22 de marzo de este año, cuando la menor habría sido sometida a tocamientos de connotación sexual por parte de su padrastro, cuando se quedaban a solas.
La Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, cargos a los que no se allanó.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como lo había solicitado la Fiscalía.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Luego de surtirse un proceso de concertación, acuerdo de pago y negociación de tarifas con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología, se avanza satisfactoriamente en la formalización de un nuevo contrato a través del cual se garantizará la atención de los pacientes con cáncer, afiliados a Capresoca EPS.
La minuta se encuentra en proceso de revisión por parte de la unidad de contratación del Instituto Nacional de Cancerología, previa subsanación de las últimas observaciones a este documento.
Haison Omar Carrillo Lemus, gerente de Capresoca EPS, anunció que la próxima semana se estaría suscribiendo el nuevo contrato, para dar continuidad a los servicios ambulatorios y tratamientos médicos para cerca 200 usuarios.
Desmintió que se hayan interrumpido los tratamientos y atención para pacientes con intervenciones de quimioterapia y radioterapia en los diferentes ciclos, con la suspensión de servicios por parte del Instituto.
“Nosotros venimos trabajando en la continuidad de los tratamientos de los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia. Lo que se suspendió fue la atención ambulatoria, que tiene que ver con asignaciones de citas para confirmación de diagnóstico e inicio de tratamiento por nuevos usuarios con esta patología. Esperamos que este servicio se reanude la próxima semana con la firma del nuevo contrato”, expresó el Gerente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
